ARTURO ALFARO GALÁN
Al menos 70 por ciento de la economía local en la junta auxiliar de Nuevo Necaxa del municipio de Juan Galindo –ubicado en la Sierra Norte– se paralizó, debido a la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) desde hace más de dos años. En la zona, decenas de jóvenes abandonaron sus estudios por falta de solvencia económica y persiste un descontento ciudadano hacia las autoridades federales y estatales.
El subsecretario general de la división Necaxa del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Domingo Aguilar Vázquez, informó que 40 por ciento de los ex trabajadores de LFC aún continúan en la resistencia, pues pretenden recuperar su fuente de trabajo en los próximos meses.
En tanto, señaló, la comunidad de Nuevo Necaxa ha sufrido una migración de las actividades económicas por más de 900 ex trabajadores de LFC, quienes decidieron instalarse en regiones como Xicotepec de Juárez, Huauchinango, Tlaxcala, Veracruz, Pachuca y la ciudad de Puebla, para autoemplearse como comerciantes ambulantes, vendedores de electrodomésticos y hasta prestadores de diferentes oficios.
Asimismo, el líder sindical denunció que los ex trabajadores de LFC sufren de una discriminación en las empresas de la iniciativa privada y pública, pues los existen vacantes disponibles en todo el país para los afiliados al SME.
“Lo que pretende el gobierno federal es ahorcarnos y dejarnos morir, pero sabe muy bien que no vamos a dar marcha atrás en todos nuestros planes, porque el decreto presidencial fue una burla para las 44 mil familias que se quedaron sin un empleo”, expresó Domingo Aguilar.
El líder del SME en Nuevo Necaxa precisó que los electricistas que han rechazado las ofertas de la Federación han subsistido con aportaciones quincenales de los trabajadores jubilados, quienes entregan cada 14 días 3 por ciento de sus ingresos.
Los recursos obtenidos –que llegan a sumar unos 170 mil pesos– son utilizados en la mayoría de los casos en un Fondo de Subsidio, en el comedor comunitario del sindicato y en gastos de operación y transportación de los obreros en resistencia.
En entrevista, Domingo Aguilar previó que en los próximos meses los ex trabajadores de LFC tendrán “un severo problema”, ya que como parte de las acciones para la desaparición de la paraestatal, el gobierno federal dejará de ofrecer el servicio médico a los trabajadores, lo cual afectará a los pobladores.
Puntualizó que en los últimos meses los cuadros médicos de depresión, diabetes, problemas cardiovasculares y nerviosos han aumentado su prevalencia entre los trabajadores activos y jubilados de Luz y Fuerza del Centro.
“Existen algunos casos en que los compañeros recaen tanto en salud que no se pueden ni levantar, están muy deprimidos, y al menos cuatro trabajadores jubilados han fallecido en los últimos meses y otros más se mantienen en sus casas sin la posibilidad de hacer algo por el movimiento”, acotó en una entrevista.
El principal problema en la extinción de la compañía Luz y Fuerza del Centro, consideró, es la falta de disposición al diálogo del gobierno federal con los electricistas, así como la nula participación de las autoridades estatales y locales para mejorar las condiciones de vida de los más de 2 mil ex trabajadores que quedaron desempleados hace dos años y seis meses.
La mujer electricista
Domingo Aguilar señaló que los electricistas eran las únicas personas con empleos formales en la región, junto con cerca de 900 trabajadores jubilados, que proporcionaban ingresos en la economía de la población, por lo que ahora “las cosas están negras de verdad, porque tenemos que vivir de lo que nuestros jubilados y donantes nos apoyen”.
Asimismo, las mujeres trabajadoras y amas de casa –esposas de los electricistas– realizan manualidades, postres y venden productos que cosechan como el café y mole; incluso, colaboran en la preparación de alimentos en el comedor comunitario, instalado en las afueras de las oficinas centrales de la división Nuevo Necaxa del SME.
La desolación no tiene cabida entre las mujeres de la división Necaxa; “nos damos ánimo”, señalan las personas que llegan hambrientas a solicitar una ración del día a cambio de una cuota de recuperación de 20 pesos.
“Hasta ahora hemos podido cubrir lo básico, comemos en las guardias, les llevamos a nuestras hijas, hijos, pero mañana que se queden sin tenis, sin zapatos, ¿qué les voy a dar?”, mencionó Rosalinda González, de 38 años, madre soltera de dos menores de edad.
Además de haber desaparecido la posibilidad de comprarles el calzado y la vestimenta que en un corto plazo necesitarán sus hijos, se desvanece la intención de estudiar más allá de los límites con los municipios de Huauchinango, Xicotepec de Juárez, Hidalgo, Tlaxcala o Veracruz, ya que en la localidad de Nuevo Necaxa no existen preparatorias públicas y mucho menos universidad.
Reunida con decenas de sus compañeras de oficinas y del área de comedor, frente a la entrada de la subestación El Salto, donde se ubica una de las tres guardias de trabajadoras y de trabajadores de LFC, Rosalinda manifestó que hasta el 11 de octubre tenían un trabajo estable, ahorraban para tener una vejez apacible.
Ahora “no tenemos más que la confianza de que ganaremos esta lucha y de que nos devuelvan nuestro empleo, ese empleo que nos arrebataron por culpa de los intereses de controlar esta planta de luz que nos vio nacer”.
Las electricistas, junto con otros seis grupos de trabajadores, realizan guardias durante todo el día, en turnos rotativos de ocho horas en la subestación de El Salto, así como en la planta hidroeléctrica de Nuevo Necaxa y en la Escuela de Capacitación de LFC, con el propósito de evitar que los elementos de la Policía Federal (PF) saqueen las instalaciones de la empresa.
Además de vigilar las inmediaciones, alrededor de cinco trabajadoras cocinan para que coman entre 70 y 100 electricistas que permanecen en las guardias. Los alimentos que preparan provienen de las despensas que les envía el SME desde la ciudad de México, así como del apoyo económico y en especie que les da la comunidad, pues aunque no sean familias electricistas también guardan la esperanza de que los trabajadores de la compañía sean recontratados para que la economía de su pueblo se levante.
Ante esta situación la petición de los electricistas y de la comunidad de Nuevo Necaxa es constante: la restitución de sus trabajos y el respeto a sus derechos laborales.
Márquez, preso político
Tras las movilizaciones y los bloqueos que los miembros del SME realizaron en la junta auxiliar de Nuevo Necaxa del municipio de Juan Galindo, uno de los principales “golpes políticos” fue la detención arbitraria contra Miguel Márquez Ríos, prosecretario de Divisiones del Comité Ejecutivo Nacional del sindicato, quien fue arremetido con violencia por elementos de la Policía Federal el 21 de octubre de 2010.
En su detención, los uniformados omitieron mostrar la orden de aprehensión correspondiente, además que fue trasladado en automóviles particulares –sin rótulos de la Procuraduría General de la República– hacia el Centro de Rehabilitación Social de Puebla, donde aún permanece como presunto responsable a los delitos de privación de la libertad personal, daño en propiedad de la CFE y contra la transportación y consumo de los bienes nacionales e internacionales.
El líder del Sindicato Mexicano de Electricistas impulsa, desde la región de Nuevo Necaxa, un movimiento sindical y de resistencia civil para exigir al gobierno federal la cancelación del decreto presidencial de extinción de Luz y Fuerza del Centro.
De acuerdo con Domingo Aguilar, líder del SME en Nuevo Necaxa, la detención de Márquez responde a las denuncias interpuestas por la obstrucción de vías federales de comunicación, realizada durante la noche del 17 de marzo de 2010, cuando se realizó la huelga nacional electricista, mientras que la segunda denuncia está relacionada con la presunta privación de la libertad personal a policías federales, cuando el 26 de agosto de ese año los electricistas –encabezados por Martín Esparza– ingresaron a las instalaciones de la Central Hidroeléctrica de Necaxa, donde se registraron empujones, insultos y daños en vehículos.
Finalmente, Aracely Santos López, esposa del prosecretario de División del Comité Ejecutivo Nacional del SME, acusó que la denuncia interpuesta por los trabajadores de la CFE y los dos elementos de la PF en contra de su marido “está detenida”, pues no existen pruebas firmes para continuar con su arresto en el Centro de Rehabilitación Social de Puebla.
Ante ello, solicitó a los representantes del Poder Judicial de la Federación en Puebla “liberar a Márquez Ríos”, ya que la parte acusadora no se ha presentado ante los juzgados civiles a ratificar la denuncia. “El proceso va muy lento; todo parece indicar que lo único que quiere este gobierno es mantenerlo en la prisión, retenerlo, pero no lo van a lograr. Hasta ahora no tienen pruebas en la Comisión Federal de Electricidad ni en Correos de México, porque él es inocente”, finalizó Santos López.
