Abarca tiene propiedades en Puebla, confirma gobierno Estatal

Rafael Moreno Valle confirmó que el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca posee propiedades en Puebla, sin embargo no especificó dónde se encuentran ubicados dichos inmuebles.

En entrevista al término de la decimocuarta Reunión del Dialogo de Cartagena para la Acción Progresista, el mandatario poblano explicó que la investigación de los bienes inmuebles para verificar las propiedades de Abarca ya fue turnada a la Procuraduría General de la República (PGR).

Al ser cuestionado respecto a la averiguación que iniciaron ayer autoridades de Tlaxcala contra el ex alcalde de Iguala por poseer diversos inmuebles en este estado, Moreno Valle reveló que desde hace unos días ya se había llevado a cabo una revisiòn de las propiedades de Abarca en Puebla..

Se hizo una revisión ya desde hace algún tiempo, básicamente saliendo de esta situación, se entregó al Gobierno de la República de lo que tiene el señor aquí en Puebla.”

El jefe del ejecutivo estatal no otorgó mayores detalles al respecto y evadió el resto de los cuestionamientos de la prensa.

El pasado 22 de octubre, la Secretaría de la Marina Armada de México (Semar) realizó un operativo en el fraccionamiento Lomas de Angelópolis que derivó en la detención de una pareja que presuntamente escondió a José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, acusados de ser los responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa el pasado 26 de septiembre, además de estar coludidos con el grupo criminal Guerreros Unidos.

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Confirman proceso contra funcionarios marinistas

El gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, confirmó la existencia de más investigaciones contra funcionarios de la administración de Mario Marín Torres (2005-2011) por presuntos desvíos de recursos en programas de combate a la pobreza.


Evitó especificar cuántos casos están en proceso, por lo que sólo aseguró que en el tema de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) —desde donde presuntamente se malversaron 800 millones de pesos entre 2008 y 2010 a través del programa Unidos para Progresar— se inició la indagación tras recibir denuncias ciudadanas.


"Evidentemente ante las denuncias ciudadanas, el gobierno procederá a hacer las investigaciones correspondientes y, en su caso, pues habrá sanciones que marque la ley”, comentó en entrevista tras inaugurar junto con las autoridades eclesiásticas la galería Tesoros de Catedral.


En su edición impresa de ayer, el periódico de circulación local El Sol de Puebla aseguró que según los resultados con los que ya cuenta la Secretaría de la Contraloría, entre 2008 y 2010, se registraron anomalías en la aplicación de los recursos de dicho programa, aunque en la nota deja fuera como presuntos responsables de esa malversación a quienes fueron los titulares de la Secretaría de Desarrollo Social, como Javier López Zavala, ex aspirante a la gubernatura y actual diputado federal, o al ex subsecretario de la dependencia, Juan Carlos Lastiri.


El medio citó a otros personajes como el propio Mario Marín; el ex secretario de Transportes y de Gobernación, Valentín Meneses Rojas; el ex titular de Finanzas, Gerardo Pérez Salazar; quien fuera contralor, Víctor Sánchez Ruiz, entre otros.


—¿Cuántas denuncias ciudadanas han recibido y contra quiénes? Fue cuestionado Moreno Valle cuando aseguró que tal investigación se inició a raíz de una queja ciudadana.


—No sé. Realmente, sería dar una cifra de manera irresponsable. Simplemente vimos la nota que sale el día de hoy y ya el contralor estará dándole seguimiento.


—¿Dio instrucciones al contralor para dar seguimiento a las investigaciones?


—Le marqué por la mañana (ayer) y le dije que le diera seguimiento al asunto, ya él, este… dará el seguimiento que corresponda.


—¿Qué otras anomalías recientes se han encontrado (contra funcionarios del sexenio pasado)?


—Eso habría que verlo, creo que no podemos hablar de investigaciones que están en curso.


Según lo publicado por dicho diario que presume contar con “un documento” que demuestra la malversación de recursos, desde la Sedeso se “armaron expedientes y justificaron pagos para obras y servicios públicos que nunca existieron. De ahí que Marín Torres tuvo que valerse de toda una red de corrupción para realizar el desvío”.





Antecedentes


Desde julio de 2012 se dio a conocer que al menos cinco funcionarios de la administración de Mario Marín enfrentaban procedimientos de administración de determinación de responsabilidades, ya que no comprobaron en qué gastaron millones de pesos del erario público durante su último año de gestión.


La irregularidad mayor, que “es la más alta en la historia de Puebla”, según el presidente de la Comisión Inspectora en el Congreso local en la legislatura pasada, Mario Riestra, fue la encontrada al ex titular de Salud, Alfredo Arango García, por un monto de 8 mil 464 millones 383 mil pesos, que fue encarcelado el 12 de enerode ese año, sin embargo, en diciembre de 2013 recuperó su libertad por ser primodelincuente (una persona que entra por primera vez a la cárcel).


Hasta el momento, Arango García es contra el único que ha actuado Moreno Valle y aunque al inicio de su gestión también aseguró sobre la existencia de una orden de aprehensión contra quien fuera el secretario de Obras, Javier García Ramírez, a la fecha sigue libre.


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El Instituto Electoral del Estado (IEE) exoneró al gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, a su secretario Mario Rincón González y al presidente municipal de Puebla, Antonio Gali Fayad, de las denuncias de promoción anticipada e irregular que interpuso el PRI en su contra.

El representante del tricolor en el Consejo General, Silvino Espinosa Herrera, reprobó la resolución del IEE al señalar que es contraria a las conclusiones del Instituto Nacional Electoral (INE), el cual sí identificó transgresiones en la propaganda del mandatario local.

Los consejeros consideraron infundados los agravios señalados por el Revolucionario Institucional en la propaganda impresa que contrató el gobierno del estado en diversos estadios de futbol para difundir el tercer informe de labores.

Asimismo, desechó la denuncia por promoción anticipada contra Moreno Valle y Gali Fayad a través de publicidad en parabuses y espectaculares que contrató la revista Líder.

En tanto, Mario Rincón, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, fue acusado de intervenir en el proceso electoral extraordinario de Acajete al invitar a votar a favor del candidato a edil del PAN y el PRD.

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Policías de Puebla detenidos están acusados de homicidio de niño | Nueva República

Los seis policías estatales detenidos desde la semana pasada están acusados por el gobierno de Rafael Moreno Valle de ser responsables del homicidio del niño José Luis Tehuatlie, quien resultó herido en el cráneo el pasado 9 de julio en San Bernardino Chalchihuapan y murió 10 días después, confirmó el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado, Roberto Flores Toledano.

El funcionario confirmó que todos están acusados por la muerte de este niño de 13 años y también se les acusa de tentativa de homicidio por las nueve personas que resultaron con lesiones o mutilaciones en el enfrentamiento que se dio cuando un grupo de manifestantes —que exigían el regreso del servicio de Registro Civil a su comunidad— bloqueaban la autopista Puebla-Atlixco y fueron desalojados.

“El tema de los policías sigue avanzando. Todos están acusados por los mismos delitos que es homicidio y tentativa de homicidio (…) Es por la muerte del menor, entre otros delitos”, dijo el funcionario ante medios locales.

El funcionario no precisó si fueron acusados por homicidio doloso o culposo, pero fuentes del TSJ estatal que pidieron mantenerse en el anonimato por no estar autorizadas para hablar sobre el caso, explicaron a CNNMéxico que la acusación es por homicidio culposo.

El Código Penal del estado de Puebla establece penas por el delito de homicidio que van de cinco a 40 años de prisión, dependiendo de si se considera culposo o doloso y de las agravantes del mismo.

En la noche del 17 de octubre y madrugada del 18 fueron aprehendidas once personas, entre quienes se encuentran los citados seis policías estatales y también cinco pobladores de San Bernardino Chalchihuapan; a dos de los cinco civiles de detenidos se les acusa de ataques a vías de comunicación y de motín, mientras que a los otros tres también se les acusa de tentativa de homicidio por las lesiones sufridas por 40 policías estatales en el enfrentamiento.

¿Y los infiltrados?

El 31 de julio pasado, el procurador local Víctor Carrancá Bourget había asegurado que un grupo de infiltrados —y no de los pobladores de Chalchihuapan que se manifestaban— fue el que causó la muerte del menor José Luis Tehuatlie con la onda expansiva de un cohetón, y que fueron piedras lanzadas por el mismo grupo las que hirieron al resto de los participantes, tanto civiles como granaderos.

Sin embargo, la versión fue rechazada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); este organismo realizó una investigación que concluyó el pasado 11 de septiembre que fue un cilindro de gas de largo alcance lanzado por algún policía lo que lesionó y posteriormente le costó la vida al menor, y que un proyectil de las mismas características pero de menor alcance lesionó al resto de los pobladores.

El pasado 11 de septiembre, al presentar los resultados de su investigación, la CNDH emitió una serie de recomendaciones para el gobierno poblano, entre las que incluyó iniciar procedimientos de responsabilidad contra el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, Facundo Rosas Rosas, y contra el titular de la PGJ, Víctor Carrancá Bourget. Además pidió reparar los daños a las víctimas y a sus familiares, ofrecer una disculpa pública y crear una fiscalía especial para investigar lo sucedido, entre otras medidas; la administración del panista Rafael Moreno Valle dijo ese mismo día que acataría todas las recomendaciones.

El gobierno local dio por cumplido todas las recomendaciones con la detención de once personas; la imposición de una multa económica —de un monto no revelado— al secretario de Seguridad Pública estatal, Facundo Rosas Rosas; la destitución del cargo y sanción económica a la subsecretaria de Coordinación y Operación Policial, Ofelia Flores Ramos y a dos mandos operativos; el despido e inhabilitación por cuatro años a seis elementos policiacos y otras acciones.

Salen bajo caución dos pobladores

Raúl Contreras y Álvaro García Xelhua, acusados por los delitos de ataques a vías de comunicación y motín enfrentarán su proceso en libertad, luego de que jueces les fijaron una fianza de más de 40,000 pesos a cada uno.

El primero, quien, según sus abogados, fue confundido por otra persona de nombre Bernardino Ocotl Ocotl, abandonó el penal de San Miguel —ubicado en la capital poblana— la tarde del sábado tras pagar la fianza; mientras que García Xelhua abandonó el penal este lunes.

Los otros tres pobladores, Florentino Tamayo Ponce, Vicente Juárez Varela y Fausto Montes, son acusados de tentativa de homicidio en contra de más de 40 policías que resultaron heridos el día de la gresca, de privación ilegal de la libertad contra otros dos, y de motín y ataques a vías de comunicación.

Estos tres detenidos enfrentarán su proceso en prisión pues algunos de los delitos de los que se les acusa no permiten libertad bajo caución; podrían alcanzar hasta 13 años de prisión, de acuerdo con el Código Penal de Puebla.

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El Sol de Puebla presenta este martes una investigación de la Secretaría de la Contraloría estatal en la que revela la existencia de “un complejo y millonario esquema de desvío de recursos” operado por el ex gobernador Mario Marín Torres a través del Programa Unidos para Progresar, administrado entonces por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso).



Según documentos en poder de este diario, entre 2008 y 2010, periodo en el que se manejaron más de 800 millones de pesos, fue empleada de manera irregular una parte del presupuesto, bajo la complicidad de personajes como Valentín Meneses Rojas, Víctor Sánchez Ruiz, Gerardo Mejía Ramírez, Lauro Sánchez López y Gerardo Pérez Salazar.



Pobladores consultados por la dependencia estatal, presuntos beneficiarios del programa emblema del sexenio marinista, revelaron la forma en que estos funcionarios malversaron los recursos públicos:



Desde la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) se armaron expedientes y justificaron pagos para obras y servicios públicos que nunca existieron. De ahí que Marín Torres tuvo que valerse de toda una red de corrupción para realizar el desvío.



Recursos nunca llegaron a beneficiarios



El Programa Unidos para Progresar fue creado en 2006 con la intención de atender a la población de mayor marginalidad, la finalidad era contribuir a la erradicación de la pobreza y vulnerabilidad social; sin embargo, durante este periodo se detectaron diferentes irregularidades como el desvío de recursos, la falsificación de documentos y falsas promesas de apoyo.



Los documentos, resultado de la investigación de la Contraloría, revelaron que los recursos no llegaron a los beneficiarios, además se hizo uso indebido de credenciales de elector a través del robo de identidad, obras y acciones no ejecutadas aunado al uso electoral del programa.



En 2009, por ejemplo, presuntamente se destinaron 43 mil pesos para pintura para guarniciones y banquetas en San Miguel Canoa, según los documentos aprobados por la Secretaría de Desarrollo Social en ese entonces; sin embargo, mediante el uso de actas circunstanciadas se evidenció que los recursos no fueron entregados a los representantes del Comité de Beneficiarios, pues a pesar de que los expedientes técnicos cuentan con las firmas correspondientes los involucrados rechazan haber recibido algún tipo de recurso.



En la Unidad Habitacional Manuel Rivera Anaya y en el municipio de Puebla, en el año 2009 se reproduce el mismo ejemplo con la aplicación de recursos para la rehabilitación de edificios y guarniciones así como luminarias para alumbrado público, respectivamente, en cuyos casos los supuestos beneficiados desconocen el destino del capital y niegan, incluso, haber participado en el comité.



Lo mismo sucedió en la colonia Independencia con la entrega de recursos para la rehabilitación de calles para lo que, supuestamente, se destinaron 52 mil 223 pesos en el año 2010 y en los documentos los beneficiaros rechazan haber firmado, por lo que acusan la falsificación pese a que los expedientes están acompañados con las respectivas credenciales de elector de los integrantes del comité.



Solicitudes falsificadas



En 2008, de acuerdo con los documentos anexos, la Secretaría de Finanzas y Administración aprobó la ampliación para el Programa Unidos para Progresar por un monto de 10 millones de pesos sumados a los 129 millones 571 mil pesos que ya se tenían destinados para este esquema que se aplicaría en diferentes municipios.



Para el año siguiente la ampliación fue por 150 millones de pesos, de tal manera que el monto destinado para el programa se elevó a 250 millones de pesos. Finalmente para el ejercicio del 2010 fueron autorizados 30 millones de pesos más lo que elevó el presupuesto de ese año a 503 millones 500 mil pesos.



El esquema de la aplicación de los recursos del programa, consistía en la presentación de la solicitud, en donde se presume que hubo la falsificación de recursos, acto seguido era la autorización de los proyectos beneficiados por el Comité Técnico de Desarrollo Social a donde se dio luz verde a acciones fantasma.



El paso tres consistía en la entrega de los recursos a los beneficiarios que integraban el Comité de Desarrollo Social, donde presuntamente se desvió el capital y se benefició a candidatos en campañas electorales durante ese periodo.



En las actas de entrega de recepción y expedientes técnicos se presume la integración de documentación falsa (fotografías, actas y facturas) para la comprobación de las obras realizadas y finalmente se procedía al cierre del ejercicio anual integrado por la Sedeso.



Fuente: http://www.oem.com.mx/elsoldepuebla/notas/n3586806.htm

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En Puebla, un estado con 217 municipios y una población de 5.78 millones de personas, no hay sólo 59 mujeres desaparecidas.



Si bien hasta la semana pasada el programa de mujeres y niñas desaparecidas “Dar Contigo”, de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), tenía el registro de 31 mujeres menores de edad y 27 mujeres adultas con estatus de desaparecidas, estas no son cifras oficiales o definitivas.



Dicho programa fue creado para “dar cumplimiento al artículo 44 fracción XI de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia” y es una base de datos abierta al público para registrar “expedientes de mujeres y niñas reportadas como desaparecidas”, por lo que cualquier persona puede ingresar al sitio y agregar un caso.



De acuerdo con la información aportada en el sitio de la Secretaría de Gobernación federal (Segob) –de la que depende la SSP-, el programa “está al servicio de la población en general a través de:



“Fomento a la cultura ciudadana de apoyo, a partir de la publicación de expedientes electrónicos de personas extraviadas en Internet.



“Participación en los procesos de búsqueda y localización de personas extraviadas en colaboración con organismos especializados en la materia, sociedad civil y familiares.



“A partir de la información registrada en la base de datos, se ofrece atención, orientación, rehabilitación, búsqueda, alertas, apoyos, acompañamiento y asistencia a las personas vinculadas con el extraviado y para aquellas que hayan sido localizadas.”



Así, contrario a lo publicado en varios medios de comunicación, en realidad el número de mujeres desaparecidas en el estado no es de 59, sino prácticamente del doble tan sólo en el primer semestre del año.



De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del 1 de enero al 10 de junio de 2014 desaparecieron 215 mujeres, de las cuales 112 seguían –hasta el 10 de junio- como no localizadas. La información fue otorgada por la dependencia en la solicitud de información 00208314, donde también da cuenta de un total de 351 personas extraviadas, de las cuales todavía 208 seguían desaparecidas. Más de la mitad son mujeres.



17 por ciento del total de mujeres desaparecidas tiene 16 años y 16.1 por ciento son quinceañeras; la mayoría tiene entre 13 y 18 años.



Con todo, las cifras nunca han sido claras, en los seis años del gobierno de Felipe Calderón, en Puebla desaparecieron 382 personas, de las cuales 156 son mujeres, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Extraviadas, dado a conocer en abril del 2013. Se desconoce si alguna de estas ha sido localizada.



De hecho, a principios de octubre, Human Right Watch hizo saber al gobierno de México las inconsistencias encontradas en los reportes de personas desaparecidas y localizadas, y le instó a aclarar las cifras.



Las desapariciones siguen



En Puebla, cada vez son más mujeres las que desaparecen. Este año ha habido casos incluso impacto de nacional, y varias de las que se han encontrado ha sido muertas, asesinadas, engrosando las cifras de feminicidios.



El 20 de marzo Judith Coatl Cuaya, de 26 años, desapareció en Tlaxcalancingo, junta auxiliar de San Andrés Cholula. Fue hasta julio que la encontraron, asesinada por su vecino Gerardo Juárez, quien también había desaparecido y matado a Laura León Ortega, originaria del municipio de Acajete.



Otra caso fue el de Karla López Albert, cuya familia acudió al talk show de Laura Bozo para difundir y presionar a las autoridades. La joven de 31 años, desaparecida en marzo, había sido asesinada por encargo de su pareja, Manuel Forcelledo.



La semana pasada desaparecieron dos menores en la junta auxiliar de Tlaxcalancingo: Rufina Michua Simbro, de 17 años, quien desapareció el domingo 19 de octubre junto con su vecina de 14 años, Ana Reyes. Hasta ahora no se ha emitido la Alerta Ámber ni hay pistas de su paradero. Y desde la última cifra emitida por la PGJ en junio, no se sabe cuántas mujeres más han desaparecido en todo el estado.

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El gobierno de Rafael Moreno Valle encarceló al edil auxiliar del pueblo náhuatl La Resurrección, Sabino Leonardo Báez Serrano, para obligarlo a desistirse del amparo que interpuso en defensa del servicio de Registro Civil para su comunidad, denunció el Movimiento por la Alternativa Social (MAS) y abogados que llevan su defensa.

En rueda de prensa, el MAS y los litigantes señalaron que aunque debería tener derecho a fianza, el alcalde auxiliar, detenido el 17 de octubre, es mantenido en prisión para obligarlo a que además disuelva la Asociación Civil Juntas Auxiliares por México (JAMAC), y se abstenga de operar políticamente a favor de partidos o grupo político contrario a los intereses del gobierno.

La dirigencia del MAS estableció que Báez Serrano es otro “preso de conciencia” del gobierno de Moreno Valle, pues el único delito que ha cometido es atender los reclamos de los habitantes de su comunidad por contar con el servicio del Registro Civil, que la administración estatal pretende centralizar.

“El presidente auxiliar del pueblo indígena de La Resurrección fue detenido con engaños por la Policía Ministerial y actualmente enfrenta un proceso plagado de irregularidades en el Juzgado de San Pedro Cholula”, indica un comunicado emitido por el MAS.

Al edil auxiliar nunca se le envió ningún citatorio para que se presentara a declarar y nunca se le notificó que tenía orden de aprehensión, señaló la organización.

“Los agentes de la Policía Ministerial pretextando que coordinarían trabajos de inteligencia, pidieron al edil auxiliar que los acompañara a realizar un recorrido para ubicar los puntos rojos, pero una vez que el presidente ingresara al vehículo en marcha, se realizó la detención”, indicó el MAS.

Báez Serrano enfrenta los procesos 453/2014 por el delito de Ejercicio Indebido de Funciones Públicas, y el 457/2014 “desobediencia y resistencia de particulares”, bajo los cuales debería tener derecho a salir bajo caución.

“Aunque Sabino Leonardo Báez alcanza fianza por los delitos que se señalan, el juez Alejandro León Flores y el secretario Salvador Hernández han informado a la defensa que por órdenes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y gobernación estatal, el presidente auxiliar tiene que permanecer en prisión”, agregó la organización.

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La ola de feminicidios en el estado de Puebla ya encendieron los focos rojos para el Sistema Estatal DIF, reconoció su presidenta, Martha Erika Alonso de Moreno Valle, al lamentar el último caso de alto impacto que cobró la vida de Iraís Ortega Pérez, estudiante de la BUAP que estaba embarazada de su homicida.





“Obviamente vemos como un foco rojo la violencia de decir que no quiere tener al hijo, pues la mato. No sólo está matando a ella, también está matando al niño. Ese tipo de cosas son lamentables”, expresó.





Reconoció que Juan Carlos Sánchez Pérez, responsable de la muerte de Iraís, también requiere tratamiento psicológico al tratarse de una conducta antinatural.





Aseguró que hoy en día tener relaciones sexuales es “como ir al cine” para los jóvenes, por lo que hizo un llamado a respetar su cuerpo y evitar relaciones pasajeras, que han sido el común denominador en los feminicidios de Karla López Albert y Judith Coatl en el presente año.

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Campesinos de los pueblos que habitan en las faldas del volcán Popocatépetl, en el estado de Puebla, lograron la cancelación temporal de la construcción del gasoducto que forma parte del Proyecto Integral Morelos (PIM). Esto a raíz del ingreso forzado de maquinaria pesada de la empresa Bonatti SPA, en terrenos de cultivos de la región, con el resguardo del Ejército Mexicano y la policía estatal.



También se ganó la salida de las excavadoras de los predios, para evitar que estas fueran quemadas por los opositores al proyecto.



La cancelación temporal del gasoducto comprende el tramo que va de la comunidad de Santa María Zacatepec a San Buenaventura Nealtican, luego de un bloqueo por seis horas a la carretera estatal que comunica a San Pedro Cholula con San Andrés Calpan.



El punto más álgido de la protesta se vivió cuando los labriegos amagaron al personal de la empresa italiana con quemar la maquinaria si no la sacaban de los predios donde arrasaron con milpas y plantíos de frijol y calabaza, dejando sin sustento a varias familias que viven del autoconsumo.



Bonatti SPA está a cargo de la ejecución de la obra, subcontratada por las firmas españolas Abengoa, Enagas y Elecnor, ganadoras de la licitación del gasoducto, que en marzo comenzó su construcción luego de dos años de estar suspendida por conflictos sociales.



Desde el fin de semana, la empresa ingresó excavadoras y tubería a los terrenos agrícolas de los pueblos de Atzizihuacán y Calpan, sin la autorización de los dueños de las tierras.



Esta situación obligó a que representantes de los 60 pueblos que se verán afectados por el paso del gasoducto por sus predios, sostuvieran una asamblea la mañana de este jueves, en la comunidad de Zacatepec, donde acordaron marchar sobre la ruta de la obra y bloquear una de las rutas de evacuación del Popocatépetl.



La protesta social estuvo encabezada por labriegos adheridos al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Puebla, Morelos y Tlaxcala, proveniente de las comunidades rurales de San Lucas Atzala, Santa María Zacatepec, San Buenaventura Nealtican y San Andrés Calpan.



Durante la caminata por tres kilómetros lineales, hasta donde estaban las máquinas, los labriegos quitaron a empujones la tubería que los trabajadores habían colocado para continuar con la instalación del gasoducto.



De paso, expulsaron a los empleados de Bonatti SPA de las milpas donde se encontraban colocando los ductos que transportarán gas natural desde Tlaxco, Tlaxcala, pasando por comunidades que cercan el volcán, hasta llegar a Huexca, Morelos.



Los campesinos argumentaron que no van a permitir la instalación de la obra que pone en riesgo a sus familias por estar asentada en zona de alto riesgo volcánico, como en su momento lo informó el Instituto de Geofísica de la UNAM.



“Queremos frijol, queremos maíz, queremos al gasoducto fuera del país”, fue la consigna que exclamaron los opositores a la obra, a la que bautizaron con el nombre de “proyecto de muerte”.



Después de las 13:30 horas, al bloqueo carretero arribaron funcionarios de la Secretaría General de Gobierno del estado, y Ramón González, de Comisión Federal de Electricidad (CFE), para negociar con los inconformes.



El delegado del gobierno estatal, Roberto Solano, se deslindó de la obra y culpó al gobierno de Enrique Peña Nieto de llevar a cabo la construcción del gasoducto, a pesar de la oposición de la gente.



“Son obras de cobardes que nos despojan de la tierra, ponen en riesgo la vida de nuestras familias y nuestro alimento”, refutaron los labriegos.



Finalmente, los funcionarios cedieron a las presiones de los campesinos y acordaron, tras la firma de una minuta de trabajo, la cancelación temporal de la instalación del gasoducto hasta que el próximo 4 de noviembre se abra una mesa de diálogo con autoridades federales, estatales, personal de CFE y campesinos afectados.



Llamó la atención que a pesar de tratarse de una protesta pacífica, las autoridades poblanas estuvieron custodiadas por una treintena de granaderos, y fueron vigilados desde las alturas por un helicóptero del gobierno estatal.



Durante la manifestación, las mujeres fueron las más aguerridas a tal punto que encararon al jefe de obra de Bonatti SPA, José Alí Reyes Méndez, para reprocharle que la “fabricación” de delitos en contra de campesinos, es una estrategia que ya no les funciona.



En abril pasado, Alí Reyes Méndez denunció penalmente a la líder campesina Enedina Rosas Vélez, de 60 años de edad, y al defensor de derechos humanos Juan Carlos Flores Solís, quien además es vocero del Frente de Pueblos, del supuesto robo de dos celulares.



Tal señalamiento mantiene a Enedina, en arraigo domiciliario por una afectación a su salud que se agravó en reclusión, mientras que Flores Solís continúa preso en el penal de Cholula, por el delito de “robo a gravado”, entre otros.

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Por la difusión de spots de su tercer Informe de
Gobierno en el DF, Estado de México, Guanajuato y Guerrero, el Instituto
Nacional Electoral ordenó sancionar al Gobernador de Puebla, Rafael
Moreno Valle, por violar el artículo 134 de la Constitución.



Dicho artículo prohíbe la difusión de propaganda que incluya la imagen o
símbolos que impliquen una promoción personalizada del servidor
público.



El artículo 228 del Código Federal de Procedimiento Electorales señala
que dicha promoción se permite para difundir los informes de Gobierno,
siempre y cuando ésta realice en el ámbito territorial del funcionario
en cuestión.



La sanción propuesta es dar parte a la autoridad responsable para que
determine la responsabilidad del mandatario. En este caso, el castigo lo
determinaría el Congreso local.



El proyecto que se sometió a votación en el Consejo General proponía
eximir al Gobernador Moreno Valle de la responsabilidad debido a que
existe un reglamento para el Gobierno de Puebla en el que se establece
que el responsable de este tipo de propaganda es el director de
Comunicación.



Sin embargo, a propuesta de la consejera Pamela San Martín, una mayoría
de nueve consejeros se pronunció por sancionar a Moreno Valle.



"Si ya se le dijo claramente al señor Gobernador que no se pueden
difundir los spots fuera del territorio de su responsabilidad, en
emisoras que se encuentren fuera de ese territorio, me parece que no es
válido el ahora establecer que él no es responsable de esa difusión",
comentó la consejera.



El INE determinó también sancionar al director de Comunicación del
Gobierno de Puebla y a 16 estaciones de televisión a las que les aplica
una multa superior a los 240 mil pesos en conjunto.

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Las agresiones a periodistas y medios de comunicación
que han cuestionado las acciones del gobernador Rafael Moreno Valle,
ubicaron a Puebla en el segundo lugar nacional de agresiones contra la
libertad de expresión durante el tercer trimestre del año, tan sólo
detrás de Quintana Roo, refirió la organización Artículo 19.



En su informe trimestral considerado “El más violento para la prensa en
la administración de Enrique Peña Nieto”, el organismo de carácter
internacional indica que en la entidad se registraron un total de 10
agresiones contra la prensa en el periodo de referencia.



Cabe señalar que en los dos trimestres anteriores sólo se reportaron cinco casos, por lo que en total suman 15 hasta esta fecha.



De acuerdo con Artículo 19, se presume que en su mayoría, funcionarios
públicos han sido los autores de las agresiones registradas en Puebla,
sin embargo en ninguno de los casos hay responsables sancionados.



Veracruz y el Distrito Federal son otras entidades que destacan por su
alto número de denuncias, incluso por encima de la franja que conforman
Michoacán, Guerrero y Oaxaca.



Robos domiciliarios



Del total de ataques, dos fueron robos domiciliarios en contra de
comunicadores, uno de estos en contra del caricaturista del Diario
Cambio, Elmer Sosa, ocurrido el 17 de agosto; así como el de la casa de
Luis Enrique Sánchez Fernández, quien se desempeña como director del
portal de noticias Poblanerías , acontecido el 28 de julio.



De igual manera, Articulo 19 registró dos ataques cibernéticos, de los
cuales uno consistió en el bloqueo de la página electrónica del Diario
Cambio por un más de 36 horas, desde el miércoles 30 de julio hasta el
jueves 31 de julio pasados.



Asimismo, el organismo contabilizó tres ataques físicos a periodistas,
sin embargo por razones de seguridad no se dan detalles de los nombres
de los afectados.



Otras de las agresiones registradas consisten en la incautación de
equipos de transmisión de radios comunitarias, además de un acto de
intimidación hacia un periódico local.



Desmantelamiento de radios comunitarias



Los ataques a las radios comunitarias consistieron en el
desmantelamiento de las estaciones de Zacatepec Radio y Radio Axocotzin,
que se trasmitían en los municipios de Juan C. Bonilla, Morelos, y San
Andrés Cholula, Puebla, respectivamente, pues estas fueron suspendidas
el lunes cuatro de agosto por personal del Instituto Federal de
Telecomunicaciones (IFETEL) y Policías Federales, quienes les incautaron
consolas, micrófonos, computadoras y equipo de trasmisión.



El desmantelamiento de Radio Zacatepec fue realizado con exceso de
fuerza por 10 elementos comandados por Raúl Leonel Mulhia Arsaluz, quien
mostró un documento firmado por el Director General Adjunto de
Supervisión, Inspección y Sanciones de Radiodifusión del IFETEL, en el
que se fundamentan la incautación de un transmisor, dos micrófonos, un
transformador, una CPU y una consola.



Respecto a la desarticulación de Radio Axocotzin, ubicada en la junta
auxiliar de Tlaxcalancingo en San Andrés Cholula, el informe indica que
el motivo de la incautación del equipo fue porque su señal interfería
con otras señales, así como la de los aviones. Sin embargo, en el oficio
número IFT/DO2/USRTV/DGASIS/1361/2014 se señala que el motivo de la
incautación es debido a que la estación de Radio Comunitaria no contaba
con un permiso o concesión.



Esta última estación dio cobertura al enfrentamiento entre pobladores de
la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan y policías estatales
el pasado nueve de julio, en donde el niño José Luis Alberto Tehuatlie
Tamayo, fue herido por un proyectil, suceso que le costó la vida.



A nivel nacional, Artículo 19 ha documentado 222 agresiones en contra de
periodistas entre enero y septiembre de este año, de los cuales 94
fueron ataques físicos, 40 actos de intimidación, 37 amenazas; hubo 23
detenciones arbitrarias; tres asesinatos a periodistas y el ataque a las
instalaciones de un medio de comunicación donde falleció el hijo de un
comunicador.



En el 42 por ciento de las agresiones el responsable es un funcionario
público; en 17 por ciento es un particular y 27 por ciento se desconoce
al atacante.



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Hasta el momento, no hay rastro ni queja por las detenciones de los seis policías, ni familiares que los reclamen, ni abogados que los defiendan y mucho menos un posicionamiento de parte de los propios compañeros de los uniformados. Por su detención no se han generado información alguna, queja o reclamo por su desaparición o exigencias para confirmar su situación legal.

***

El gobierno de Rafael Moreno Valle mantiene oculta la identidad y el paradero de los 6 policías detenidos el pasado 17 de octubre por el caso Chalchihuapan. A cinco días de la detención se desconoce el nombre de los detenidos, el penal en el que están recluidos e incluso los delitos por los que fueron asegurados.

El viernes 17 de octubre por la tarde en un curso de la Academia de Policía, agentes estatales reportaron la detención de seis uniformados que participaron en los hechos contra vecinos de Chalchihuapan y fue el 18 de octubre cuando la administración morenovallista confirmó los hechos a través de un boletín.

Sin embargo, hasta el momento, no hay rastro ni queja por las detenciones de los seis policías, ni familiares que los reclamen, ni abogados que los defiendan y mucho menos un posicionamiento de parte de los propios compañeros de los uniformados. Por su detención no se han generado información alguna, queja o reclamo por su desaparición o exigencias para confirmar su situación legal.

Desde el día del aseguramiento de los uniformados, la Procuraduría General de Justicia se ha negado a informar nombres, edades y funciones que llevaron a cabo el día del operativo del 9 de julio, aunque fuentes de la dependencia informaron a CENTRAL que el único elemento identificado en la detención fue el comandante Juan Máximo Jiménez. Además, se señaló que los delitos por los que se les detuvo fueron falsedad de declaraciones y homicidio.

El sábado 18 de octubre, alrededor de las 4:00 de la madrugada, se ejerció acción penal en contra del edil auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, Javier Montes Bautista y cinco vecinos más

El edil pudo escapar del operativo donde participaron agentes de la Policía Ministerial y efectivos de la Policía Estatal, por lo que solamente fueron detenidos Florentino Tamayo Ponce, Raúl Contreras Montes, Vicente Juárez García, Álvaro García Xelhua y Fausto Montes.

Horas después, a través de un comunicado emitido por el gobierno del estado, se aseguró que Moreno Valle cumplió con las 11 recomendaciones que le impuso el ombudsman Raúl Plascencia Villanueva el pasado 11 de septiembre de 2014 tras investigar los hechos e incluso inspeccionar la escena del enfrentamiento.

Entre los puntos del comunicado, el gobierno informó que "la Fiscalía Especial del Caso Chalchihuapan resolvió la averiguación previa, ejercitando acción penal en contra de probables responsables de distintos delitos, por lo que en cumplimiento de 12 órdenes de aprehensión y de cateo libradas por un juez penal, fueron detenidos 6 elementos de la Policía Estatal y 5 personas civiles quienes han sido puestos a disposición del mismo juez".

En el comunicado no se dio a conocer nuevamente la identidad de los agentes o la manera en que participaron en el desalojo y en el enfrentamiento con los vecinos de Chalchihuapan. Mucho menos confirmaron los delitos por los que se les acusa.

En contraste al caso de los policías estatales detenidos, este lunes 20 de octubre familiares de los cinco vecinos de Chalchihuapan señalaron errores y equivocaciones en sus detenciones. Con fotografías en mano confirmaron que las identidades de los asegurados no coinciden con las de sus familiares. Por si fuera poco, es evidente en las imágenes la diferencia de edad, talla o complexión.

Del lado de los agentes estatales hasta el momento, no hay rastro ni queja. Tampoco sus familiares se han manifestado ante los medios de comunicación ni han aparecido representantes legales. Incluso, ni los propios compañeros de los uniformados han hecho algún reclamo por su desaparición.

En un sondeos a agentes estatales realizado durante lunes y martes por CENTRAL, los uniformados no ubican ni han tenido conocimiento de las identidades de sus compañeros supuestamente detenidos por el Caso Chalchihupan.

Incluso, algunos de los uniformados cuestionados sobre las aprehensiones ironizaron que podría ser que el gobierno del estado, la fiscalía especial para el Cado Chalchihuapan y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal solamente falsearan los datos para simular el cumplimiento de la recomendación de CNDH.

¿Dónde están los policías incriminados? ¿Dónde están que nadie sabe quiénes son? ¿Los mismos policías estaríamos quietos sabiendo hay compañeros detenidos y puede haber más detenciones? ¿Quiénes son los detenidos? Nadie sabe... Seguramente sí detuvieron al comandante Juan Máximo y de ahí se dio por hecho que habrían sido detenidos cinco más, pero nadie los ha reclamado. ¿Usted cree que las familias no estarían pidiendo que los suelten o pidiendo justicia?", comentó una de las fuentes al interior de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal consultada por este periódico digital.

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Hechos violentos como los ocurridos en Ayotzinapa, Guerrero, o en San Bernardino Chalchihuapan, aquí en Puebla, en donde hombres armados que no se identificaron como elementos de la policía cometieron detenciones arbitrarias en contra de los pobladores, son “actos que sirven para que el estado siembre el terror entre la población y que la gente se enoje pero no se atreva a luchar, sino que viva una parálisis del miedo”.



Lo anterior lo señaló el líder moral de los comerciantes Rubén Sarabia Sánchez, alias Simitrio, durante una entrevista previa a la conferencia “Guerra y represión contra Puebla”, que ofreció en el mercado Hidalgo en el marco del 41 aniversario de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre.



Lo sucedido en Chalchihuapan la madrugada del sábado 18 de octubre, opinó Simitrio, fue un hecho ilegal, “toda vez que no había uniformes, ni insignias, ni vehículos, ni órdenes de cateo que los identificaran como policías y que les llevaran a ejecutar acciones con uso excesivo de violencia, tirando puertas, encañonando a mujeres y aventando a niños”.



Esas acciones, continuó el líder social más importante que tuvo la entidad en la década de los años 80 del siglo pasado, reflejan la “política de represión permanente” que hay Puebla, misma que también se revela en la forma en cómo se presentaron las resoluciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuando de manera “olímpica” se exoneró al secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, a la Procuraduría General de Justicia y al propio gobernador Rafael Moreno Valle Rosas.



Sarabia Sánchez notó que particularmente al gobernador Moreno Valle las recomendaciones emitidas por la CNDH le permitieron “hacer como que las cumple”, debido a que “lo mismo encarcela bandos medios de la Policía que a pobladores de Chalchihuapan, en ambos cometiendo actos fuera de la ley”.



“Lamentablemente no es un asunto de Puebla sino que responde a un patrón general del país, donde lo que se trata de hacer es cometer esas acciones y crímenes como los de Iguala y Tlatlaya para sembrar el terror en la población y que la gente se enoje pero no se atreva a luchar, sino que viva una parálisis del miedo”.



En cuanto a la postura de la 28 de Octubre, Rubén Sarabia dijo que hay tiene tres elementos que la organización debe de tomar en cuenta. La primera es reconocer que este tipo de acciones no son aisladas, sino que forman parte de una cadena de hechos concatenados que se presentan en el estado de México, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, estados en donde la violencia es más notoria.



La otra es que en el país se aplica una política de “guerra y represión, de supresión de libertades y derechos, de imposición de todos y en todos lados, en todos los niveles, y anulación de todo cuanto pueda ser un obstáculo que dificulte e impida la aplicación de los programas que eviten el saqueo de nuestro país”.



Por otro lado, continuó Simitrio, es necesario notar que la política actual “deriva del hecho que tenemos en funciones un régimen fascista militar policiaco delincuencial”, el cual, explicó, “más que basarse en las leyes se basa en la supuesta aplicación de la ley, que son acciones criminales cometidas por elementos de la Policía con y sin uniforme, o del Ejército y la Marina”



En ese sentido, dijo que la posición de los agremiados a la 28 de Octubre es “luchar por parar la guerra y la represión, a la par de convocar a la población para cambiar el régimen en el que vivimos por uno democrático, que ponga en el centro al ciudadano, su desarrollo y crecimiento”.



“Siento preocupación y miedo por lo que está pasando y lo que pasará. Sé que el miedo es una fuerza que no debe paralizar, sino impulsar a reforzar tu disposición y fuerza de lucha. Hay que luchar con la sangre caliente, el corazón caliente y la cabeza fría”, concluyó.

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Alrededor de 200 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Carmen Serdán de Teteles tomaron por cinco horas la caseta de cobro de Amozoc, ubicada en la autopista Puebla-Orizaba, y permitieron el paso libre de cientos de vehículos, según un reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe).

Por su parte, la Policía Municipal de Amozoc informó que la manifestación comenzó alrededor del mediodía de este lunes para exigir la aparición con vida de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, de quienes no se tiene información desde el pasado 27 de septiembre.

La protesta ocurrió en calma, a pesar de que los jóvenes pidieron cooperación voluntaria a los automovilistas para continuar con su movimiento.

Lonas con mensajes como “Ni perdón ni olvido, justicia a los compañeros caídos. ¡¡¡Ayotzinapa Vive!!!”, fueron extendidas a lo largo de la caseta mientras eran sostenidas por alumnos con el rostro cubierto.

Al final la gente se retiró del lugar con dirección al municipio de Puebla sin que fuera necesaria la intervención de las autoridades.

Estudiantes y personal de la escuela normal ubicada en la sierra nororiental de Puebla implementaron desde el pasado 16 de octubre un paro de actividades en apoyo a los guerrerenses.

Desde las 5 de la mañana de ese jueves cerraron las entradas a la institución educativa y colocaron mantas de color rojo con letras negras, en las que marcan consignas como "Por los compañeros caídos no un mundo de silencio, sino una vida de lucha".

En el paro indefinido de labores participan también docentes y trabajadores quienes no han recibido sus nombramientos por parte de las autoridades educativas.

Normalistas de Tlaxcala intentan tomar caseta en Texmelucan

Durante la tarde noche de 20 de octubre, normalistas de la escuela Rural Benito Juárez, ubicada en el municipio de Panotla, Tlaxcala, bloquearon la autopista Tlaxcala-Texmelucan, e intentaron tomar la caseta de cobro.

El contingente conformado por cerca de 200 estudiantes avanzó sobre esta vía de comunicación, al filo de las 19:00 horas y fueron interceptadas por elementos de la policía del estado de Tlaxcala, que impidió la toma.

Tras varios enfrentamientos verbales entre uniformados y estudiantes, autoridades estatales lograron la liberación de la vía de comunicación.

Las normalistas solicitaron permiso para realizar una colecta y repartir propaganda sin alterar el orden público. Tras un diálogo con Joaquín Flores Nohpal, director de Gobierno en el estado de Tlaxcala, se les permitió llevar a cabo dichas actividades.

Las acciones fueron documentadas por María Angélica Temolzi, responsable de la primera Visitaduría de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Tlaxcala.

Profesores y estudiantes protestan en Atlixco

Profesores, alumnos y vecinos de Atlixco se sumaron a la jornada de protestas en apoyo a los estudiantes desaparecidos, exigiendo la aparición de los jóvenes de la escuela normal rural guerrerense.

Con pancartas y lonas pidieron devolver a las familias mexicanas la confianza en el gobierno y en la verdad, pues acciones como la desaparición de los jóvenes solamente ensombrecen el actuar de las autoridades.

En entrevista, María Josefina Jiménez, quien estudió en la normal rural en Amilcingo, Morelos, se dijo indignada por lo que han hecho con los jóvenes.

Afirmó que muchos maestros que son egresados de escuelas de ese tipo, han dado frutos de buenos estudiantes y grandes profesionistas.

“No son un nido de guerrilleros, hemos tenido que participar por la necesidad de los recursos económicos, salieron a botear para conseguir recursos, ellos siembran, viven en condiciones terribles y no es justo porque son formadores de nuevas generaciones; eran unos niños con anhelos de servir a su país y les han coartado esa participación de la forma más indignantes y si vivos se los llevaron, vivos los queremos”, lamentó.

Asimismo, Nicolasa Escobar Jardines, quien estudió en la escuela normal Rural de Tamazulapan, Oaxaca, mencionó que es inaudito que la gente permanezca inmóvil y que sean en otros países en donde se da mayor apoyo.

“Nosotros, igual que esos chicos, también llegamos por pobreza a un internado y con el deseo de prepararnos para cambiar nuestra vida; es preocupante que esos chicos hayan desaparecido. De esa manera están mandando un mensaje a la juventud del país que los sueños se cortan y pueden ser cortados, también la preocupación sobre la seguridad con nuestros hijos”, señaló.

La profesora cuestionó sobre “¿Qué les decimos a nuestros alumnos?, ¿Les decimos que existe el valor de la justicia?, ¿Cómo se los decimos?, ¿Que la solidaridad no existe y no sirve de nada porque no nos hacen caso?, ¿Qué les vamos a decir, que deben tener sueños y que luchen por ellos si se los va a truncar?“.

Al término de la reunión, los manifestantes cantaron el Himno Nacional Mexicano y se abrazaron en señal de apoyo y compañerismo para los habitantes de Guerrero.

* Con información de Giovanni Góchez, Cecilia Espinoza y Yessica Ayala

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Líderes del Movimiento Alternativa Social (MAS) exhortaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a realizar un juicio político contra el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, por incumplir con las recomendaciones que giró el organismo por el caso de Chalchihuapan ypor la detención de 5 pobladores la madrugada de este sábado.

En conferencia de prensa, los integrantes pidieron la intervención del gobierno federal en el estado, pues mencionaron que la actual administración estatal ha cometido actos de barbarie en contra de los poblanos.

Agregaron que no se cumplió de lleno las recomendaciones expuestas por la comisión en referencia a la muerte del niño José Luis Tehuatlie, lesionado en el operativo del pasado 9 de julio.

Los miembros de MAS denunciaron a su vez la manera en que fueron detenidos 5 pobladores de Chalchihuapan, pues los policías ministeriales que los detuvieron causaron destrozos y golpearon a sus familiares sumándose el hecho de que en ningún momento se les permitió el uso de un abogado para su defensa.

Es preciso recordar que el sábado a las 4:00 horas un grupo de 13 vehículos ingresó a la comunidad para llevarse a cinco pobladores: Florentino Tamayo Ponce, Raúl Contreras Montes, Vicente Juárez Varela, Álvaro García Xelhua y Fausto Montes García, quienes actualmente se encuentran en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, en la ciudad de Puebla.

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Llegaron. Rompieron puertas y vidrios. Tumbaron rejas. Encañonaron mujeres. Golpearon niños. Subieron a cinco hombres que arrancaron de sus casas a camionetas blancas sin logotipos. Hombres vestidos de negro que portaban armas largas y cortas se los llevaron en medio de la noche, pero no eran los que buscaban.

Al menos eso dicen activistas y vecinos de Chalchihuapan, Puebla, quienes denunciaron que tres de los cinco detenidos la madrugada del sábado pasado no son quienes las autoridades dicen que son.

La mañana de ayer, lunes 20 de octubre, Araceli Bautista, madre del presidente auxiliar de la comunidad, y Misraim Hernández, vocero de la organización Contingente Puebla, denunciaron la detención ilegal e irregular de Vicente Juárez, Fausto Montes y Raúl Contreras.

En rueda de prensa mostraron las fotos que distribuyó la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ) desde su cuenta de Twitter comparándolas con fotografías que proporcionaron los familiares de los detenidos para demostrar que no coinciden.

Misraim Hernández señaló el caso de Vicente Juárez, “un hombre de edad avanzada, tiene 57 años, la persona de la foto es una persona más joven que no corresponde ni a la edad ni a la masa corporal”.
Además planteó que la forma en que se produjeron las detenciones fue de una manera intimidatoria y que viola los derechos humanos, pues no presentaron ni orden de aprehensión o cateo para ingresar a los hogares de las personas detenidas, “por lo tanto están incurriendo en delito”.

De acuerdo con los vecinos de la comunidad, la situación de Raúl Contreras es la misma: las fotos de un hombre joven de torso desnudo que dispara cohetones usando un tubo de PVC no corresponden a las fotos que mostró la familia del detenido.

Misraim Hernández hizo hincapié también en el caso de la foto que circula por las redes sociales en donde se ubica a Fausto Montes Contreras como un hombre que portaba un paliacate amarillo para cubrirse el rostro durante el enfrentamiento que protagonizaron los habitantes de Chalchihuapan con policías estatales y que dejó como saldo 49 policías heridos.

En dicha foto, enviada desde cuentas bots morenovallistas, según activistas, se ubica al personaje como “Fausto Montes Contreras o Bernardino Ocotl Ocotl. Se le ubica con el rostro cubierto y lanzando objetos contundentes, primordialmente piedras”.

Al respecto, el activista sostuvo: “hay incongruencia, están presentando a una persona con dos nombres distintos. En una cuestión tan seria no pueden decir: y/o, ¿No tienen la certeza? ¿No se supone que tienen todos los recursos para hacer las investigaciones pertinentes? No podemos jugar con y/o, probablemente o quizás”.

Por su parte, la PGJ estatal declinó hacer comentarios al respecto, señalando sólo que el tema está en manos de Juan Pablo Piña Kurczyn, quien a principios de agosto pasado fue nombrado titular de la Oficina del Gobernador Rafael Moreno Valle.

Piña Kurczyn formó parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y se le señaló como cercano al actual ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, situación que fue rechazada por el titular del organismo cuando empezó la investigación sobre las violaciones graves a los derechos humanos en el caso Chalchihuapan.

Tres enfrentan delitos graves

De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia, dos de los cinco detenidos – Álvaro García Xelhua y Raúl Contreras- enfrentan acusaciones por dos delitos: ataques a las vías de comunicación y motín.

En ambos casos, según dio a conocer la diputada perredista Roxana Luna Porquillo, legisladora que ha acompañado el caso Chalchihuapan prácticamente desde el inicio del conflicto, se podría alcanzar fianza y está podría ascender a 50 mil pesos por cada uno.

Sobre los otros tres detenidos -Vicente Juárez Varela, Florentino Tamayo Ponce y Fausto Montes- además de los dos delitos ya señalados pesan también acusaciones por tentativa de homicidio y privación ilegal de la libertad, delitos considerados como graves que no alcanzan la posibilidad de fianza.

Pide el PRI se consigne a Facundo Rosas Rosas

Por la noche y mediante un comunicado, el Comité Directivo Estatal pidió no solo la renuncia del secretario de Seguridad Pública en el estado, Facundo Rosas Rosas, “sino la consignación ante las autoridades penales correspondientes debido a que fue el responsable del operativo de desalojo contra los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan (por el que existen policías detenidos debido a su participación en estos hechos), y se presume la culpabilidad del mando de mayor jerarquía en el lugar, ya que él pudo haber evitado la muerte del niño José Luis Tehuatlie Tamayo”.

La dirigencia priísta también planteó que considera “una falta de respeto y una burla para los poblanos que el gobierno del estado pretenda dar cumplimiento a las recomendaciones de la CNDH aplicando una amonestación y “multa” al Secretario de Seguridad Pública, cuando la investigación se trató del asesinato del menor niño José Luis Tehuatlie Tamayo y de las violaciones graves a los derechos humanos de varios de los pobladores de ese municipio”.

Y concluye pidiendo que “la CNDH no dé por cumplidas las recomendaciones que el Gobierno del Estado de Puebla pretende hacer valer y como corresponde legalmente turne esta investigación a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que realicen las acciones que conforme a derecho procedan”.

Quien debería estar en la cárcel es Moreno Valle

“Quien debe estar en la cárcel es el gobernador del estado”, sentenció Elia Tamayo, madre de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, al tiempo que aseguró que fue Rafael Moreno Valle quién se metió con Chalchihuapan y no al revés.

En rueda de prensa, la mujer denunció también que la tarde del viernes llegaron a Chalchihuapan las invitaciones que giró la Secretaría General de Gobierno (SGG) para el evento en donde el gobierno de Rafael Moreno Valle dio a conocer el cumplimiento de las once recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y ofreció disculpas a los agraviados por el violento desalojo del kilómetro 14 de la autopista Puebla Atlixco.

“El viernes nos llama para ir, es una falta de respeto lo que él nos hace, en el momento nos llama y para las siete de la noche vamos a estar. Eso es una falta de respeto. Y todavía el sábado viene agrediendo más personas. Él no le merece estar en el cargo, él lo que le merece es estar en la cárcel porque es un asesino”.

“Todo lo que está pasando es culpa de él. Nosotros no nos metimos con él, él se vino a meter con nosotros. Nosotros solo lo que pedíamos era el registro civil, que nosotros lo necesitamos acá en el pueblo. Nosotros no somos de dinero para ir por donde como él que tiene varios helicópteros, disfrutando el dinero de todos los pueblos. Lo que yo pido es justicia contra el gobernador, él sí le merece estar en la cárcel”.

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Ex-alcalde de Iguala estuvo a punto de ser capturado en Puebla | Nueva República

Hace unos días las fuerzas federales estuvieron cerca de capturar en Puebla a José Luis Abarca y a su esposa María de los Ángeles Pineda; sin embargo, el alcalde de Iguala en fuga tiene un círculo de seguridad que facilitó su escape.





Y si bien el cabildo de Iguala sesionó el sábado para nombrar a su relevo —Luis Mazón, hermano de Lázaro, el ex secretario de Salud—, dicen que los regidores y síndicos hablaron con él por teléfono y les dijo que sí estaba dispuesto a tomar el cargo, pero que su hermano no quiere que lo haga.





:Que ante las reiteradas amenazas a su vida y a la integridad de su familia que ha recibido el perredista René Bejarano desde hace un par de semanas, la PGR ya dispuso medidas para resguardar su integridad.





Todo comenzó cuando el profesor responsabilizó públicamente al desaforado ex alcalde de Iguala José Luis Abarca, del asesinato de Arturo Hernández Cardona, militante de la corriente Izquierda Democrática Nacional en el estado de Guerrero.





:Que el PAN guardó silencio sepulcral tras conocer que el asesinato del secretario general en Guerrero, Braulio Zaragoza Maganda, fue un ajuste interno de cuentas por la disputa de candidaturas.





Detrás del crimen estarían también las purgas en la dirigencia estatal del PAN, labor que había encomendado Gustavo Madero al hoy difunto.





:Que el líder de los diputados del PRI, Manlio Fabio Beltrones, lleva un promedio de bateo envidiable en lo que va de octubre, pues en los primeros días del mes, el Comité Central de la Comunidad Judía en México lo nombró invitado de honor y este domingo le tocó ser orador oficial en el 69 aniversario luctuoso de su paisano sonorense Plutarco Elías Calles.





¿Suerte o buena temporada?





:Que la discusión sobre el regreso a clases tiene contra la pared al movimiento politécnico, pues el fin de semana los estudiantes tuvieron demandas muy fuertes para presentarse este lunes en las escuelas e inclusive circularon en redes sociales convocatorias a maestros y trabajadores para acudir “a recuperar” las instalaciones.





También discutieron fuerte sobre los medios de comunicación y la necesidad de tener un comité de prensa, y acordaron desconocer como vocero a Donovan Garrido, una de las figuras más visibles, al grado de impedirle la entrada a las asambleas. Pero del comité, nomás nada.





Fuente: Milenio





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Incluso, los 41 diputados poblanos ganarán más que 25 de los mandatarios estatales en México. El miércoles, el Legislativo poblano presentó su proyecto presupuesto en el que se incluyó un aumento de 24 millones 150 pesos para que los diputados vuelvan a cobrar un millón de pesos por el Fondo de Apoyo Legislativo.

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En caso de que la Secretaria de Finanzas apruebe el Presupuesto 2015 del Congreso del Estado presentado y avalado ayer por el pleno, los superdiputados poblanos de 4.8 años ganarán al mes más que el propio gobernador Rafael Moreno Valle. Con la oficialización del "cochinito legislativo" los legisladores locales recibirán al mes 143 mil pesos, mientas que el titular del Ejecutivo local percibe 137 mil pesos.


Incluso, los 41 diputados poblanos ganarán más que 25 de los mandatarios estatales en México. El miércoles, el Legislativo poblano presentó su proyecto presupuesto en el que se incluyó un aumento de 24 millones 150 pesos para que los diputados vuelvan a cobrar un millón de pesos por el Fondo de Apoyo Legislativo.


Cada diputado recibirá un extra mensual de 83 mil 333 pesos, que sumados a los 60 mil 50 pesos que reciben como sueldo oficial con compensaciones, ganarán el próximo año un total de 143 mil 383 pesos.


Los legisladores poblanos también serán los representes populares mejores pagados de Puebla, ya que ganarán más que el alcalde de Puebla, los secretarios estatales, secretarios municipales y regidores.

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Tras el conflicto social provocado en San Pedro y San Andrés Cholula por la construcción del Parque de las 7 Culturas, el gobernador Rafael Moreno Valle decidió cancelar el proyecto y anunció que en la zona únicamente se construirá la estación del tren ligero que conectará con la capital del estado y un museo de sitio del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) por lo que las expropiaciones ya no son necesarias.

Este lunes, el gobernador de Puebla se reunió con los alcaldes de San Pedro, José Juan Espinoza y San Andrés, Leoncio Paisano, a quienes les ordenó dar marcha atrás a las expropiaciones y les explicó in situm el proyecto planeado por su administración en la zona de la pirámide.

A principios de agosto los gobiernos de San Pedro y San Andrés Cholula comenzaron el proceso de expropiación de 21 hectáreas para la construcción del Parque de las 7 Culturas, o Parque Intercultural, proyecto del gobierno morenovallista. La expropiación provocó un movimiento social entre los cholultecas quienes, para inconformarse con la obra, cerraron avenidas importantes como el Periférico Ecológico y la carretera Federal Atlixco; tomaron la alcaldía de San Andrés, y realizaron manifestaciones en la zona y la capital.

La movilización llegó a tal grado que 4 líderes de la organización Cholula Viva y Digna se encuentran detenidos acusados por los delitos de motín, despojo y daño en propiedad ajena.

En entrevista, el mandatario poblano acusó a los presidentes municipales de haber mal informado a los pobladores sobre la expropiación de las tierras aledañas a la Pirámide de Cholula para la ejecución del proyecto de la construcción de la Parque de las 7 Culturas, el museo y el tren ligero que se tienen contemplados.

Tuve un recorrido por la zona y les mostré dónde va a ser el proyecto. Lamentablemente ellos habían hecho un planteamiento en el que incluían ciertas expropiaciones. Ya les expliqué físicamente en el sitio que no se requieren”.

En este sentido, Moreno Valle señaló que buscará alguna regulación que se logre declarar como áreas protegidas a todos los terrenos que fueron considerados para ser expropiados. También adelantó que se limitaría el uso de las tierras para que únicamente se pudieran usar para fines agrícolas.

Asimismo, se deslindó de dar explicaciones y señaló que tanto Leoncio Paisano como José Juan Espinoza deben realizar los acercamientos con los cholultecas para explicar que ya no se expropiarán las tierras.

A través de una regulación declararse un área protegida y de esa manera la gente se queda con su tierra pero limitada al uso agrícola (…) Yo espero que los presidentes municipales pudieran pronto dar un anuncio y explicar en qué términos se suman al proyecto”.

Respecto al Museo histórico que será construido en el antiguo Hospital psiquíatra ubicado a un costado de la pirámide, el gobernador admitió que aún se está trabando en el proyecto y en los permisos necesarios del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Por otro lado, señaló que la planificación del tren ligero, de 400 millones de pesos, que conectará a Puebla capital con la zona arqueológica, va viento en popa pues ya están adquiridos todos los derechos de vía requeridos.

De igual manera especificó que ya se realizaron las pláticas necesarias con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes así como con la empresa Ferrosur y con el INAH para los trabajos y permisos pertinentes.

El tren que iría del museo del ferrocarril en Puebla capital hacía la pirámide de Cholula. El derecho de vía ya está adquirido, no se tiene que hacer ninguna expropiación de terreno, ya se habló con Ferrosur, ya se habló con la SCT y tenemos todo el derecho de vía sin ningún problema. Obviamente se va a tener que hacer una inversión para poner vías en zonas desgastadas, la parte de infraestructura”.

Enviará José Juan propuesta al Congreso para declarar zona monumental “Área Natural Protegida”

Luego que el Consejo Consultivo Ciudadano propusiera al Ayuntamiento de San Pedro Cholula que el polígono de 8.5 hectáreas de la zona arqueológica sean tomadas como área natural y cultural protegida, José Juan Espinosa Torres, enviará una propuesta para que el Congreso local lo decrete y permanezca sin cambios ni alteraciones.

Según dijo en entrevista el alcalde de San Pedro, a la brevedad se entregará la propuesta al Congreso local para que solamente el área que corresponde a su municipio se mantenga intacta.

El lunes 14 de octubre, tras la primera Sesión del Consejo Consultivo Ciudadano (CCC) de San Pedro Cholula, a propuesta del arqueólogo Alfonso Morales, los integrantes decidieron por mayoría solicitar al gobierno municipal la presentación de un anteproyecto para decretar el polígono de 8.5 hectáreas de la zona arqueológica como Área Natural y Cultural Protegida (ANCP).

La reunión se hizo con la asistencia de la mayoría de los integrantes del Consejo Consultivo Ciudadano se aprobó también a propuesta del arqueólogo Rafael Barquero, solicitar al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) un resumen del estado que guarda la zona arqueológica de Cholula, por su parte el ciudadano Juan Carlos Carranza propuso presentar un estudio del costo-beneficio de la zona arqueológica.

Con esto no se afectaría interés personal alguno de los propietarios de estos predios. (...) Se busca que la zona no se toque. Y por lo que respecta al ayuntamiento de San Pedro, solamente le área del 8.5 hectáreas sería la protegida”, comentó en entrevista José Juan Espinosa.

En ese sentido Espinosa Torres dijo en entrevista concedida tras sesión de cabildo que de declararse las 8.5 hectáreas en cuestión como Área Natural y Cultural Protegida ni particulares ni gobierno podrán explotar comercial o habitacionalmente la zona y se dejaría en claro que no se busca afectar el patrimonio de ningún ciudadano ni trastocar los buenos usos y costumbres de San Pedro Cholula.

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Tres meses después del enfrentamiento con juntas auxiliares en San Bernardino Chalchihuapan, policías estatales participaron nuevamente en un desalojo de manifestantes; ahora motivado por las protestas del Movimiento Cholula Viva y Digna contra el proyecto turístico para la zona arqueológica de Cholula.



Tras una jornada de movilizaciones que contemplaron la toma del palacio municipal de San Andrés Cholula y el bloqueo por más de cuatro horas del Periférico Ecológico y Camino Real a Cholula, los uniformados ingresaron alrededor de las 3:30 horas de este martes al primer cuadro de la ciudad donde aprehendieron a cuatro personas.



De acuerdo con videos difundidos por los manifestantes, las detenciones se realizaron de manera violenta, e incluso se observa a los granaderos ingresar al inmueble de la parroquia de San Andrés donde los pobladores refirieron que fueron detenidas dos personas, mismas que no pudieron identificar.

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Una fiesta tradicional como lo es la coronación de la reina del huipil en Cuetzalan se convirtió en un acto político encabezado por el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, hecho que provocó la apatía, el rechazo y el descontento de la mayoría de asistentes, quienes no se limitaron a mostrar su disgusto, sino que, en franca alusión a lo ocurrido en Chalchihuapan, gritaron por tres ocasiones la palabra “¡asesino!”.

El pasado sábado 4 de octubre, el día principal de la feria ya que se festeja al patrono San Francisco de Asís, el público que ocupó la plaza de este municipio serrano reprobó que una fiesta popular y de marcado acento indígena se tratara de convertir en un acto de promoción política del gobernador Moreno Valle.

En su edición 51, un festejo tradicional se convirtió en “algo desagradable” como señaló uno de los presentes, Álvaro Aguilar Ayón. Ello, apuntó, porque el acto que es encabezado por los ancianos de la comunidad, quienes se encargan de elegir a la reina del huipil, poseedora de conocimientos identitarios de su cultura, fueron desplazados por el representante del poder ejecutivo, quien trató de informar sobre las “bondades” de su política.

“Fue algo desagradable para nosotros y para los visitantes que vienen en busca de lo tradicional y no de asuntos políticos. La molestia comenzó desde que llegamos a la plaza cuando vimos las mantas en la que se aludía a la inversión en materia de salud que el gobierno del estado ha destinado a Cuetzalan”, dijo durante una entrevista.

Además de las mantas, Aguilar Ayón contó que la promoción se prolongó hacia los lados del escenario con la colocación de los motocultores que el gobernador entregó, pese a que labriegos han denunciado que estos aparatos no son efectivos para esta tarea, tanto por su tamaño, su motor y su ineficacia en terrenos de cultivo.

Agregó que tras la coronación de Dominga Xala Bautista, el gobernador Rafael Moreno Valle tomó el micrófono para hablar sobre las inversiones a la salud y al campo, acción que rompió con la tradición, pues el acto marca que el protagonismo recae en la reina del huipil y no en el funcionario en turno.

“Cuando la maestra de ceremonias pidió aplausos, en vez de eso hubo silencio, rumores y el grito de la palabra asesino, acciones con las que la gente mostró su inconformidad por la manera en que se había mezclado un acto cultural con propaganda”, mencionó Álvaro Aguilar.

Otro vecino de Cuetzalan que prefirió mantener su anonimato por temor a las represalias que el gobernador pudiera tomar en contra de los pobladores contó que “cuando Moreno Valle comenzó a dar su discurso y escuchó los abucheos y el grito de asesino que yo oí por lo menos tres veces, el presidente municipal –Óscar Paula Cruz– echó sus miradas para que los policías vestidos de civil identificaran de dónde provenían los gritos”.

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