Abarca tiene propiedades en Puebla, confirma gobierno Estatal

Rafael Moreno Valle confirmó que el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca posee propiedades en Puebla, sin embargo no especificó dónde se encuentran ubicados dichos inmuebles.

En entrevista al término de la decimocuarta Reunión del Dialogo de Cartagena para la Acción Progresista, el mandatario poblano explicó que la investigación de los bienes inmuebles para verificar las propiedades de Abarca ya fue turnada a la Procuraduría General de la República (PGR).

Al ser cuestionado respecto a la averiguación que iniciaron ayer autoridades de Tlaxcala contra el ex alcalde de Iguala por poseer diversos inmuebles en este estado, Moreno Valle reveló que desde hace unos días ya se había llevado a cabo una revisiòn de las propiedades de Abarca en Puebla..

Se hizo una revisión ya desde hace algún tiempo, básicamente saliendo de esta situación, se entregó al Gobierno de la República de lo que tiene el señor aquí en Puebla.”

El jefe del ejecutivo estatal no otorgó mayores detalles al respecto y evadió el resto de los cuestionamientos de la prensa.

El pasado 22 de octubre, la Secretaría de la Marina Armada de México (Semar) realizó un operativo en el fraccionamiento Lomas de Angelópolis que derivó en la detención de una pareja que presuntamente escondió a José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, acusados de ser los responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa el pasado 26 de septiembre, además de estar coludidos con el grupo criminal Guerreros Unidos.

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Confirman proceso contra funcionarios marinistas

El gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, confirmó la existencia de más investigaciones contra funcionarios de la administración de Mario Marín Torres (2005-2011) por presuntos desvíos de recursos en programas de combate a la pobreza.


Evitó especificar cuántos casos están en proceso, por lo que sólo aseguró que en el tema de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) —desde donde presuntamente se malversaron 800 millones de pesos entre 2008 y 2010 a través del programa Unidos para Progresar— se inició la indagación tras recibir denuncias ciudadanas.


"Evidentemente ante las denuncias ciudadanas, el gobierno procederá a hacer las investigaciones correspondientes y, en su caso, pues habrá sanciones que marque la ley”, comentó en entrevista tras inaugurar junto con las autoridades eclesiásticas la galería Tesoros de Catedral.


En su edición impresa de ayer, el periódico de circulación local El Sol de Puebla aseguró que según los resultados con los que ya cuenta la Secretaría de la Contraloría, entre 2008 y 2010, se registraron anomalías en la aplicación de los recursos de dicho programa, aunque en la nota deja fuera como presuntos responsables de esa malversación a quienes fueron los titulares de la Secretaría de Desarrollo Social, como Javier López Zavala, ex aspirante a la gubernatura y actual diputado federal, o al ex subsecretario de la dependencia, Juan Carlos Lastiri.


El medio citó a otros personajes como el propio Mario Marín; el ex secretario de Transportes y de Gobernación, Valentín Meneses Rojas; el ex titular de Finanzas, Gerardo Pérez Salazar; quien fuera contralor, Víctor Sánchez Ruiz, entre otros.


—¿Cuántas denuncias ciudadanas han recibido y contra quiénes? Fue cuestionado Moreno Valle cuando aseguró que tal investigación se inició a raíz de una queja ciudadana.


—No sé. Realmente, sería dar una cifra de manera irresponsable. Simplemente vimos la nota que sale el día de hoy y ya el contralor estará dándole seguimiento.


—¿Dio instrucciones al contralor para dar seguimiento a las investigaciones?


—Le marqué por la mañana (ayer) y le dije que le diera seguimiento al asunto, ya él, este… dará el seguimiento que corresponda.


—¿Qué otras anomalías recientes se han encontrado (contra funcionarios del sexenio pasado)?


—Eso habría que verlo, creo que no podemos hablar de investigaciones que están en curso.


Según lo publicado por dicho diario que presume contar con “un documento” que demuestra la malversación de recursos, desde la Sedeso se “armaron expedientes y justificaron pagos para obras y servicios públicos que nunca existieron. De ahí que Marín Torres tuvo que valerse de toda una red de corrupción para realizar el desvío”.





Antecedentes


Desde julio de 2012 se dio a conocer que al menos cinco funcionarios de la administración de Mario Marín enfrentaban procedimientos de administración de determinación de responsabilidades, ya que no comprobaron en qué gastaron millones de pesos del erario público durante su último año de gestión.


La irregularidad mayor, que “es la más alta en la historia de Puebla”, según el presidente de la Comisión Inspectora en el Congreso local en la legislatura pasada, Mario Riestra, fue la encontrada al ex titular de Salud, Alfredo Arango García, por un monto de 8 mil 464 millones 383 mil pesos, que fue encarcelado el 12 de enerode ese año, sin embargo, en diciembre de 2013 recuperó su libertad por ser primodelincuente (una persona que entra por primera vez a la cárcel).


Hasta el momento, Arango García es contra el único que ha actuado Moreno Valle y aunque al inicio de su gestión también aseguró sobre la existencia de una orden de aprehensión contra quien fuera el secretario de Obras, Javier García Ramírez, a la fecha sigue libre.


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El Instituto Electoral del Estado (IEE) exoneró al gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, a su secretario Mario Rincón González y al presidente municipal de Puebla, Antonio Gali Fayad, de las denuncias de promoción anticipada e irregular que interpuso el PRI en su contra.

El representante del tricolor en el Consejo General, Silvino Espinosa Herrera, reprobó la resolución del IEE al señalar que es contraria a las conclusiones del Instituto Nacional Electoral (INE), el cual sí identificó transgresiones en la propaganda del mandatario local.

Los consejeros consideraron infundados los agravios señalados por el Revolucionario Institucional en la propaganda impresa que contrató el gobierno del estado en diversos estadios de futbol para difundir el tercer informe de labores.

Asimismo, desechó la denuncia por promoción anticipada contra Moreno Valle y Gali Fayad a través de publicidad en parabuses y espectaculares que contrató la revista Líder.

En tanto, Mario Rincón, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, fue acusado de intervenir en el proceso electoral extraordinario de Acajete al invitar a votar a favor del candidato a edil del PAN y el PRD.

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Policías de Puebla detenidos están acusados de homicidio de niño | Nueva República

Los seis policías estatales detenidos desde la semana pasada están acusados por el gobierno de Rafael Moreno Valle de ser responsables del homicidio del niño José Luis Tehuatlie, quien resultó herido en el cráneo el pasado 9 de julio en San Bernardino Chalchihuapan y murió 10 días después, confirmó el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado, Roberto Flores Toledano.

El funcionario confirmó que todos están acusados por la muerte de este niño de 13 años y también se les acusa de tentativa de homicidio por las nueve personas que resultaron con lesiones o mutilaciones en el enfrentamiento que se dio cuando un grupo de manifestantes —que exigían el regreso del servicio de Registro Civil a su comunidad— bloqueaban la autopista Puebla-Atlixco y fueron desalojados.

“El tema de los policías sigue avanzando. Todos están acusados por los mismos delitos que es homicidio y tentativa de homicidio (…) Es por la muerte del menor, entre otros delitos”, dijo el funcionario ante medios locales.

El funcionario no precisó si fueron acusados por homicidio doloso o culposo, pero fuentes del TSJ estatal que pidieron mantenerse en el anonimato por no estar autorizadas para hablar sobre el caso, explicaron a CNNMéxico que la acusación es por homicidio culposo.

El Código Penal del estado de Puebla establece penas por el delito de homicidio que van de cinco a 40 años de prisión, dependiendo de si se considera culposo o doloso y de las agravantes del mismo.

En la noche del 17 de octubre y madrugada del 18 fueron aprehendidas once personas, entre quienes se encuentran los citados seis policías estatales y también cinco pobladores de San Bernardino Chalchihuapan; a dos de los cinco civiles de detenidos se les acusa de ataques a vías de comunicación y de motín, mientras que a los otros tres también se les acusa de tentativa de homicidio por las lesiones sufridas por 40 policías estatales en el enfrentamiento.

¿Y los infiltrados?

El 31 de julio pasado, el procurador local Víctor Carrancá Bourget había asegurado que un grupo de infiltrados —y no de los pobladores de Chalchihuapan que se manifestaban— fue el que causó la muerte del menor José Luis Tehuatlie con la onda expansiva de un cohetón, y que fueron piedras lanzadas por el mismo grupo las que hirieron al resto de los participantes, tanto civiles como granaderos.

Sin embargo, la versión fue rechazada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); este organismo realizó una investigación que concluyó el pasado 11 de septiembre que fue un cilindro de gas de largo alcance lanzado por algún policía lo que lesionó y posteriormente le costó la vida al menor, y que un proyectil de las mismas características pero de menor alcance lesionó al resto de los pobladores.

El pasado 11 de septiembre, al presentar los resultados de su investigación, la CNDH emitió una serie de recomendaciones para el gobierno poblano, entre las que incluyó iniciar procedimientos de responsabilidad contra el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, Facundo Rosas Rosas, y contra el titular de la PGJ, Víctor Carrancá Bourget. Además pidió reparar los daños a las víctimas y a sus familiares, ofrecer una disculpa pública y crear una fiscalía especial para investigar lo sucedido, entre otras medidas; la administración del panista Rafael Moreno Valle dijo ese mismo día que acataría todas las recomendaciones.

El gobierno local dio por cumplido todas las recomendaciones con la detención de once personas; la imposición de una multa económica —de un monto no revelado— al secretario de Seguridad Pública estatal, Facundo Rosas Rosas; la destitución del cargo y sanción económica a la subsecretaria de Coordinación y Operación Policial, Ofelia Flores Ramos y a dos mandos operativos; el despido e inhabilitación por cuatro años a seis elementos policiacos y otras acciones.

Salen bajo caución dos pobladores

Raúl Contreras y Álvaro García Xelhua, acusados por los delitos de ataques a vías de comunicación y motín enfrentarán su proceso en libertad, luego de que jueces les fijaron una fianza de más de 40,000 pesos a cada uno.

El primero, quien, según sus abogados, fue confundido por otra persona de nombre Bernardino Ocotl Ocotl, abandonó el penal de San Miguel —ubicado en la capital poblana— la tarde del sábado tras pagar la fianza; mientras que García Xelhua abandonó el penal este lunes.

Los otros tres pobladores, Florentino Tamayo Ponce, Vicente Juárez Varela y Fausto Montes, son acusados de tentativa de homicidio en contra de más de 40 policías que resultaron heridos el día de la gresca, de privación ilegal de la libertad contra otros dos, y de motín y ataques a vías de comunicación.

Estos tres detenidos enfrentarán su proceso en prisión pues algunos de los delitos de los que se les acusa no permiten libertad bajo caución; podrían alcanzar hasta 13 años de prisión, de acuerdo con el Código Penal de Puebla.

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El Sol de Puebla presenta este martes una investigación de la Secretaría de la Contraloría estatal en la que revela la existencia de “un complejo y millonario esquema de desvío de recursos” operado por el ex gobernador Mario Marín Torres a través del Programa Unidos para Progresar, administrado entonces por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso).



Según documentos en poder de este diario, entre 2008 y 2010, periodo en el que se manejaron más de 800 millones de pesos, fue empleada de manera irregular una parte del presupuesto, bajo la complicidad de personajes como Valentín Meneses Rojas, Víctor Sánchez Ruiz, Gerardo Mejía Ramírez, Lauro Sánchez López y Gerardo Pérez Salazar.



Pobladores consultados por la dependencia estatal, presuntos beneficiarios del programa emblema del sexenio marinista, revelaron la forma en que estos funcionarios malversaron los recursos públicos:



Desde la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) se armaron expedientes y justificaron pagos para obras y servicios públicos que nunca existieron. De ahí que Marín Torres tuvo que valerse de toda una red de corrupción para realizar el desvío.



Recursos nunca llegaron a beneficiarios



El Programa Unidos para Progresar fue creado en 2006 con la intención de atender a la población de mayor marginalidad, la finalidad era contribuir a la erradicación de la pobreza y vulnerabilidad social; sin embargo, durante este periodo se detectaron diferentes irregularidades como el desvío de recursos, la falsificación de documentos y falsas promesas de apoyo.



Los documentos, resultado de la investigación de la Contraloría, revelaron que los recursos no llegaron a los beneficiarios, además se hizo uso indebido de credenciales de elector a través del robo de identidad, obras y acciones no ejecutadas aunado al uso electoral del programa.



En 2009, por ejemplo, presuntamente se destinaron 43 mil pesos para pintura para guarniciones y banquetas en San Miguel Canoa, según los documentos aprobados por la Secretaría de Desarrollo Social en ese entonces; sin embargo, mediante el uso de actas circunstanciadas se evidenció que los recursos no fueron entregados a los representantes del Comité de Beneficiarios, pues a pesar de que los expedientes técnicos cuentan con las firmas correspondientes los involucrados rechazan haber recibido algún tipo de recurso.



En la Unidad Habitacional Manuel Rivera Anaya y en el municipio de Puebla, en el año 2009 se reproduce el mismo ejemplo con la aplicación de recursos para la rehabilitación de edificios y guarniciones así como luminarias para alumbrado público, respectivamente, en cuyos casos los supuestos beneficiados desconocen el destino del capital y niegan, incluso, haber participado en el comité.



Lo mismo sucedió en la colonia Independencia con la entrega de recursos para la rehabilitación de calles para lo que, supuestamente, se destinaron 52 mil 223 pesos en el año 2010 y en los documentos los beneficiaros rechazan haber firmado, por lo que acusan la falsificación pese a que los expedientes están acompañados con las respectivas credenciales de elector de los integrantes del comité.



Solicitudes falsificadas



En 2008, de acuerdo con los documentos anexos, la Secretaría de Finanzas y Administración aprobó la ampliación para el Programa Unidos para Progresar por un monto de 10 millones de pesos sumados a los 129 millones 571 mil pesos que ya se tenían destinados para este esquema que se aplicaría en diferentes municipios.



Para el año siguiente la ampliación fue por 150 millones de pesos, de tal manera que el monto destinado para el programa se elevó a 250 millones de pesos. Finalmente para el ejercicio del 2010 fueron autorizados 30 millones de pesos más lo que elevó el presupuesto de ese año a 503 millones 500 mil pesos.



El esquema de la aplicación de los recursos del programa, consistía en la presentación de la solicitud, en donde se presume que hubo la falsificación de recursos, acto seguido era la autorización de los proyectos beneficiados por el Comité Técnico de Desarrollo Social a donde se dio luz verde a acciones fantasma.



El paso tres consistía en la entrega de los recursos a los beneficiarios que integraban el Comité de Desarrollo Social, donde presuntamente se desvió el capital y se benefició a candidatos en campañas electorales durante ese periodo.



En las actas de entrega de recepción y expedientes técnicos se presume la integración de documentación falsa (fotografías, actas y facturas) para la comprobación de las obras realizadas y finalmente se procedía al cierre del ejercicio anual integrado por la Sedeso.



Fuente: http://www.oem.com.mx/elsoldepuebla/notas/n3586806.htm

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En Puebla, un estado con 217 municipios y una población de 5.78 millones de personas, no hay sólo 59 mujeres desaparecidas.



Si bien hasta la semana pasada el programa de mujeres y niñas desaparecidas “Dar Contigo”, de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), tenía el registro de 31 mujeres menores de edad y 27 mujeres adultas con estatus de desaparecidas, estas no son cifras oficiales o definitivas.



Dicho programa fue creado para “dar cumplimiento al artículo 44 fracción XI de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia” y es una base de datos abierta al público para registrar “expedientes de mujeres y niñas reportadas como desaparecidas”, por lo que cualquier persona puede ingresar al sitio y agregar un caso.



De acuerdo con la información aportada en el sitio de la Secretaría de Gobernación federal (Segob) –de la que depende la SSP-, el programa “está al servicio de la población en general a través de:



“Fomento a la cultura ciudadana de apoyo, a partir de la publicación de expedientes electrónicos de personas extraviadas en Internet.



“Participación en los procesos de búsqueda y localización de personas extraviadas en colaboración con organismos especializados en la materia, sociedad civil y familiares.



“A partir de la información registrada en la base de datos, se ofrece atención, orientación, rehabilitación, búsqueda, alertas, apoyos, acompañamiento y asistencia a las personas vinculadas con el extraviado y para aquellas que hayan sido localizadas.”



Así, contrario a lo publicado en varios medios de comunicación, en realidad el número de mujeres desaparecidas en el estado no es de 59, sino prácticamente del doble tan sólo en el primer semestre del año.



De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del 1 de enero al 10 de junio de 2014 desaparecieron 215 mujeres, de las cuales 112 seguían –hasta el 10 de junio- como no localizadas. La información fue otorgada por la dependencia en la solicitud de información 00208314, donde también da cuenta de un total de 351 personas extraviadas, de las cuales todavía 208 seguían desaparecidas. Más de la mitad son mujeres.



17 por ciento del total de mujeres desaparecidas tiene 16 años y 16.1 por ciento son quinceañeras; la mayoría tiene entre 13 y 18 años.



Con todo, las cifras nunca han sido claras, en los seis años del gobierno de Felipe Calderón, en Puebla desaparecieron 382 personas, de las cuales 156 son mujeres, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Extraviadas, dado a conocer en abril del 2013. Se desconoce si alguna de estas ha sido localizada.



De hecho, a principios de octubre, Human Right Watch hizo saber al gobierno de México las inconsistencias encontradas en los reportes de personas desaparecidas y localizadas, y le instó a aclarar las cifras.



Las desapariciones siguen



En Puebla, cada vez son más mujeres las que desaparecen. Este año ha habido casos incluso impacto de nacional, y varias de las que se han encontrado ha sido muertas, asesinadas, engrosando las cifras de feminicidios.



El 20 de marzo Judith Coatl Cuaya, de 26 años, desapareció en Tlaxcalancingo, junta auxiliar de San Andrés Cholula. Fue hasta julio que la encontraron, asesinada por su vecino Gerardo Juárez, quien también había desaparecido y matado a Laura León Ortega, originaria del municipio de Acajete.



Otra caso fue el de Karla López Albert, cuya familia acudió al talk show de Laura Bozo para difundir y presionar a las autoridades. La joven de 31 años, desaparecida en marzo, había sido asesinada por encargo de su pareja, Manuel Forcelledo.



La semana pasada desaparecieron dos menores en la junta auxiliar de Tlaxcalancingo: Rufina Michua Simbro, de 17 años, quien desapareció el domingo 19 de octubre junto con su vecina de 14 años, Ana Reyes. Hasta ahora no se ha emitido la Alerta Ámber ni hay pistas de su paradero. Y desde la última cifra emitida por la PGJ en junio, no se sabe cuántas mujeres más han desaparecido en todo el estado.

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El gobierno de Rafael Moreno Valle encarceló al edil auxiliar del pueblo náhuatl La Resurrección, Sabino Leonardo Báez Serrano, para obligarlo a desistirse del amparo que interpuso en defensa del servicio de Registro Civil para su comunidad, denunció el Movimiento por la Alternativa Social (MAS) y abogados que llevan su defensa.

En rueda de prensa, el MAS y los litigantes señalaron que aunque debería tener derecho a fianza, el alcalde auxiliar, detenido el 17 de octubre, es mantenido en prisión para obligarlo a que además disuelva la Asociación Civil Juntas Auxiliares por México (JAMAC), y se abstenga de operar políticamente a favor de partidos o grupo político contrario a los intereses del gobierno.

La dirigencia del MAS estableció que Báez Serrano es otro “preso de conciencia” del gobierno de Moreno Valle, pues el único delito que ha cometido es atender los reclamos de los habitantes de su comunidad por contar con el servicio del Registro Civil, que la administración estatal pretende centralizar.

“El presidente auxiliar del pueblo indígena de La Resurrección fue detenido con engaños por la Policía Ministerial y actualmente enfrenta un proceso plagado de irregularidades en el Juzgado de San Pedro Cholula”, indica un comunicado emitido por el MAS.

Al edil auxiliar nunca se le envió ningún citatorio para que se presentara a declarar y nunca se le notificó que tenía orden de aprehensión, señaló la organización.

“Los agentes de la Policía Ministerial pretextando que coordinarían trabajos de inteligencia, pidieron al edil auxiliar que los acompañara a realizar un recorrido para ubicar los puntos rojos, pero una vez que el presidente ingresara al vehículo en marcha, se realizó la detención”, indicó el MAS.

Báez Serrano enfrenta los procesos 453/2014 por el delito de Ejercicio Indebido de Funciones Públicas, y el 457/2014 “desobediencia y resistencia de particulares”, bajo los cuales debería tener derecho a salir bajo caución.

“Aunque Sabino Leonardo Báez alcanza fianza por los delitos que se señalan, el juez Alejandro León Flores y el secretario Salvador Hernández han informado a la defensa que por órdenes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y gobernación estatal, el presidente auxiliar tiene que permanecer en prisión”, agregó la organización.

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La ola de feminicidios en el estado de Puebla ya encendieron los focos rojos para el Sistema Estatal DIF, reconoció su presidenta, Martha Erika Alonso de Moreno Valle, al lamentar el último caso de alto impacto que cobró la vida de Iraís Ortega Pérez, estudiante de la BUAP que estaba embarazada de su homicida.





“Obviamente vemos como un foco rojo la violencia de decir que no quiere tener al hijo, pues la mato. No sólo está matando a ella, también está matando al niño. Ese tipo de cosas son lamentables”, expresó.





Reconoció que Juan Carlos Sánchez Pérez, responsable de la muerte de Iraís, también requiere tratamiento psicológico al tratarse de una conducta antinatural.





Aseguró que hoy en día tener relaciones sexuales es “como ir al cine” para los jóvenes, por lo que hizo un llamado a respetar su cuerpo y evitar relaciones pasajeras, que han sido el común denominador en los feminicidios de Karla López Albert y Judith Coatl en el presente año.

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Campesinos de los pueblos que habitan en las faldas del volcán Popocatépetl, en el estado de Puebla, lograron la cancelación temporal de la construcción del gasoducto que forma parte del Proyecto Integral Morelos (PIM). Esto a raíz del ingreso forzado de maquinaria pesada de la empresa Bonatti SPA, en terrenos de cultivos de la región, con el resguardo del Ejército Mexicano y la policía estatal.



También se ganó la salida de las excavadoras de los predios, para evitar que estas fueran quemadas por los opositores al proyecto.



La cancelación temporal del gasoducto comprende el tramo que va de la comunidad de Santa María Zacatepec a San Buenaventura Nealtican, luego de un bloqueo por seis horas a la carretera estatal que comunica a San Pedro Cholula con San Andrés Calpan.



El punto más álgido de la protesta se vivió cuando los labriegos amagaron al personal de la empresa italiana con quemar la maquinaria si no la sacaban de los predios donde arrasaron con milpas y plantíos de frijol y calabaza, dejando sin sustento a varias familias que viven del autoconsumo.



Bonatti SPA está a cargo de la ejecución de la obra, subcontratada por las firmas españolas Abengoa, Enagas y Elecnor, ganadoras de la licitación del gasoducto, que en marzo comenzó su construcción luego de dos años de estar suspendida por conflictos sociales.



Desde el fin de semana, la empresa ingresó excavadoras y tubería a los terrenos agrícolas de los pueblos de Atzizihuacán y Calpan, sin la autorización de los dueños de las tierras.



Esta situación obligó a que representantes de los 60 pueblos que se verán afectados por el paso del gasoducto por sus predios, sostuvieran una asamblea la mañana de este jueves, en la comunidad de Zacatepec, donde acordaron marchar sobre la ruta de la obra y bloquear una de las rutas de evacuación del Popocatépetl.



La protesta social estuvo encabezada por labriegos adheridos al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Puebla, Morelos y Tlaxcala, proveniente de las comunidades rurales de San Lucas Atzala, Santa María Zacatepec, San Buenaventura Nealtican y San Andrés Calpan.



Durante la caminata por tres kilómetros lineales, hasta donde estaban las máquinas, los labriegos quitaron a empujones la tubería que los trabajadores habían colocado para continuar con la instalación del gasoducto.



De paso, expulsaron a los empleados de Bonatti SPA de las milpas donde se encontraban colocando los ductos que transportarán gas natural desde Tlaxco, Tlaxcala, pasando por comunidades que cercan el volcán, hasta llegar a Huexca, Morelos.



Los campesinos argumentaron que no van a permitir la instalación de la obra que pone en riesgo a sus familias por estar asentada en zona de alto riesgo volcánico, como en su momento lo informó el Instituto de Geofísica de la UNAM.



“Queremos frijol, queremos maíz, queremos al gasoducto fuera del país”, fue la consigna que exclamaron los opositores a la obra, a la que bautizaron con el nombre de “proyecto de muerte”.



Después de las 13:30 horas, al bloqueo carretero arribaron funcionarios de la Secretaría General de Gobierno del estado, y Ramón González, de Comisión Federal de Electricidad (CFE), para negociar con los inconformes.



El delegado del gobierno estatal, Roberto Solano, se deslindó de la obra y culpó al gobierno de Enrique Peña Nieto de llevar a cabo la construcción del gasoducto, a pesar de la oposición de la gente.



“Son obras de cobardes que nos despojan de la tierra, ponen en riesgo la vida de nuestras familias y nuestro alimento”, refutaron los labriegos.



Finalmente, los funcionarios cedieron a las presiones de los campesinos y acordaron, tras la firma de una minuta de trabajo, la cancelación temporal de la instalación del gasoducto hasta que el próximo 4 de noviembre se abra una mesa de diálogo con autoridades federales, estatales, personal de CFE y campesinos afectados.



Llamó la atención que a pesar de tratarse de una protesta pacífica, las autoridades poblanas estuvieron custodiadas por una treintena de granaderos, y fueron vigilados desde las alturas por un helicóptero del gobierno estatal.



Durante la manifestación, las mujeres fueron las más aguerridas a tal punto que encararon al jefe de obra de Bonatti SPA, José Alí Reyes Méndez, para reprocharle que la “fabricación” de delitos en contra de campesinos, es una estrategia que ya no les funciona.



En abril pasado, Alí Reyes Méndez denunció penalmente a la líder campesina Enedina Rosas Vélez, de 60 años de edad, y al defensor de derechos humanos Juan Carlos Flores Solís, quien además es vocero del Frente de Pueblos, del supuesto robo de dos celulares.



Tal señalamiento mantiene a Enedina, en arraigo domiciliario por una afectación a su salud que se agravó en reclusión, mientras que Flores Solís continúa preso en el penal de Cholula, por el delito de “robo a gravado”, entre otros.

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Por la difusión de spots de su tercer Informe de
Gobierno en el DF, Estado de México, Guanajuato y Guerrero, el Instituto
Nacional Electoral ordenó sancionar al Gobernador de Puebla, Rafael
Moreno Valle, por violar el artículo 134 de la Constitución.



Dicho artículo prohíbe la difusión de propaganda que incluya la imagen o
símbolos que impliquen una promoción personalizada del servidor
público.



El artículo 228 del Código Federal de Procedimiento Electorales señala
que dicha promoción se permite para difundir los informes de Gobierno,
siempre y cuando ésta realice en el ámbito territorial del funcionario
en cuestión.



La sanción propuesta es dar parte a la autoridad responsable para que
determine la responsabilidad del mandatario. En este caso, el castigo lo
determinaría el Congreso local.



El proyecto que se sometió a votación en el Consejo General proponía
eximir al Gobernador Moreno Valle de la responsabilidad debido a que
existe un reglamento para el Gobierno de Puebla en el que se establece
que el responsable de este tipo de propaganda es el director de
Comunicación.



Sin embargo, a propuesta de la consejera Pamela San Martín, una mayoría
de nueve consejeros se pronunció por sancionar a Moreno Valle.



"Si ya se le dijo claramente al señor Gobernador que no se pueden
difundir los spots fuera del territorio de su responsabilidad, en
emisoras que se encuentren fuera de ese territorio, me parece que no es
válido el ahora establecer que él no es responsable de esa difusión",
comentó la consejera.



El INE determinó también sancionar al director de Comunicación del
Gobierno de Puebla y a 16 estaciones de televisión a las que les aplica
una multa superior a los 240 mil pesos en conjunto.

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Las agresiones a periodistas y medios de comunicación
que han cuestionado las acciones del gobernador Rafael Moreno Valle,
ubicaron a Puebla en el segundo lugar nacional de agresiones contra la
libertad de expresión durante el tercer trimestre del año, tan sólo
detrás de Quintana Roo, refirió la organización Artículo 19.



En su informe trimestral considerado “El más violento para la prensa en
la administración de Enrique Peña Nieto”, el organismo de carácter
internacional indica que en la entidad se registraron un total de 10
agresiones contra la prensa en el periodo de referencia.



Cabe señalar que en los dos trimestres anteriores sólo se reportaron cinco casos, por lo que en total suman 15 hasta esta fecha.



De acuerdo con Artículo 19, se presume que en su mayoría, funcionarios
públicos han sido los autores de las agresiones registradas en Puebla,
sin embargo en ninguno de los casos hay responsables sancionados.



Veracruz y el Distrito Federal son otras entidades que destacan por su
alto número de denuncias, incluso por encima de la franja que conforman
Michoacán, Guerrero y Oaxaca.



Robos domiciliarios



Del total de ataques, dos fueron robos domiciliarios en contra de
comunicadores, uno de estos en contra del caricaturista del Diario
Cambio, Elmer Sosa, ocurrido el 17 de agosto; así como el de la casa de
Luis Enrique Sánchez Fernández, quien se desempeña como director del
portal de noticias Poblanerías , acontecido el 28 de julio.



De igual manera, Articulo 19 registró dos ataques cibernéticos, de los
cuales uno consistió en el bloqueo de la página electrónica del Diario
Cambio por un más de 36 horas, desde el miércoles 30 de julio hasta el
jueves 31 de julio pasados.



Asimismo, el organismo contabilizó tres ataques físicos a periodistas,
sin embargo por razones de seguridad no se dan detalles de los nombres
de los afectados.



Otras de las agresiones registradas consisten en la incautación de
equipos de transmisión de radios comunitarias, además de un acto de
intimidación hacia un periódico local.



Desmantelamiento de radios comunitarias



Los ataques a las radios comunitarias consistieron en el
desmantelamiento de las estaciones de Zacatepec Radio y Radio Axocotzin,
que se trasmitían en los municipios de Juan C. Bonilla, Morelos, y San
Andrés Cholula, Puebla, respectivamente, pues estas fueron suspendidas
el lunes cuatro de agosto por personal del Instituto Federal de
Telecomunicaciones (IFETEL) y Policías Federales, quienes les incautaron
consolas, micrófonos, computadoras y equipo de trasmisión.



El desmantelamiento de Radio Zacatepec fue realizado con exceso de
fuerza por 10 elementos comandados por Raúl Leonel Mulhia Arsaluz, quien
mostró un documento firmado por el Director General Adjunto de
Supervisión, Inspección y Sanciones de Radiodifusión del IFETEL, en el
que se fundamentan la incautación de un transmisor, dos micrófonos, un
transformador, una CPU y una consola.



Respecto a la desarticulación de Radio Axocotzin, ubicada en la junta
auxiliar de Tlaxcalancingo en San Andrés Cholula, el informe indica que
el motivo de la incautación del equipo fue porque su señal interfería
con otras señales, así como la de los aviones. Sin embargo, en el oficio
número IFT/DO2/USRTV/DGASIS/1361/2014 se señala que el motivo de la
incautación es debido a que la estación de Radio Comunitaria no contaba
con un permiso o concesión.



Esta última estación dio cobertura al enfrentamiento entre pobladores de
la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan y policías estatales
el pasado nueve de julio, en donde el niño José Luis Alberto Tehuatlie
Tamayo, fue herido por un proyectil, suceso que le costó la vida.



A nivel nacional, Artículo 19 ha documentado 222 agresiones en contra de
periodistas entre enero y septiembre de este año, de los cuales 94
fueron ataques físicos, 40 actos de intimidación, 37 amenazas; hubo 23
detenciones arbitrarias; tres asesinatos a periodistas y el ataque a las
instalaciones de un medio de comunicación donde falleció el hijo de un
comunicador.



En el 42 por ciento de las agresiones el responsable es un funcionario
público; en 17 por ciento es un particular y 27 por ciento se desconoce
al atacante.



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Hasta el momento, no hay rastro ni queja por las detenciones de los seis policías, ni familiares que los reclamen, ni abogados que los defiendan y mucho menos un posicionamiento de parte de los propios compañeros de los uniformados. Por su detención no se han generado información alguna, queja o reclamo por su desaparición o exigencias para confirmar su situación legal.

***

El gobierno de Rafael Moreno Valle mantiene oculta la identidad y el paradero de los 6 policías detenidos el pasado 17 de octubre por el caso Chalchihuapan. A cinco días de la detención se desconoce el nombre de los detenidos, el penal en el que están recluidos e incluso los delitos por los que fueron asegurados.

El viernes 17 de octubre por la tarde en un curso de la Academia de Policía, agentes estatales reportaron la detención de seis uniformados que participaron en los hechos contra vecinos de Chalchihuapan y fue el 18 de octubre cuando la administración morenovallista confirmó los hechos a través de un boletín.

Sin embargo, hasta el momento, no hay rastro ni queja por las detenciones de los seis policías, ni familiares que los reclamen, ni abogados que los defiendan y mucho menos un posicionamiento de parte de los propios compañeros de los uniformados. Por su detención no se han generado información alguna, queja o reclamo por su desaparición o exigencias para confirmar su situación legal.

Desde el día del aseguramiento de los uniformados, la Procuraduría General de Justicia se ha negado a informar nombres, edades y funciones que llevaron a cabo el día del operativo del 9 de julio, aunque fuentes de la dependencia informaron a CENTRAL que el único elemento identificado en la detención fue el comandante Juan Máximo Jiménez. Además, se señaló que los delitos por los que se les detuvo fueron falsedad de declaraciones y homicidio.

El sábado 18 de octubre, alrededor de las 4:00 de la madrugada, se ejerció acción penal en contra del edil auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, Javier Montes Bautista y cinco vecinos más

El edil pudo escapar del operativo donde participaron agentes de la Policía Ministerial y efectivos de la Policía Estatal, por lo que solamente fueron detenidos Florentino Tamayo Ponce, Raúl Contreras Montes, Vicente Juárez García, Álvaro García Xelhua y Fausto Montes.

Horas después, a través de un comunicado emitido por el gobierno del estado, se aseguró que Moreno Valle cumplió con las 11 recomendaciones que le impuso el ombudsman Raúl Plascencia Villanueva el pasado 11 de septiembre de 2014 tras investigar los hechos e incluso inspeccionar la escena del enfrentamiento.

Entre los puntos del comunicado, el gobierno informó que "la Fiscalía Especial del Caso Chalchihuapan resolvió la averiguación previa, ejercitando acción penal en contra de probables responsables de distintos delitos, por lo que en cumplimiento de 12 órdenes de aprehensión y de cateo libradas por un juez penal, fueron detenidos 6 elementos de la Policía Estatal y 5 personas civiles quienes han sido puestos a disposición del mismo juez".

En el comunicado no se dio a conocer nuevamente la identidad de los agentes o la manera en que participaron en el desalojo y en el enfrentamiento con los vecinos de Chalchihuapan. Mucho menos confirmaron los delitos por los que se les acusa.

En contraste al caso de los policías estatales detenidos, este lunes 20 de octubre familiares de los cinco vecinos de Chalchihuapan señalaron errores y equivocaciones en sus detenciones. Con fotografías en mano confirmaron que las identidades de los asegurados no coinciden con las de sus familiares. Por si fuera poco, es evidente en las imágenes la diferencia de edad, talla o complexión.

Del lado de los agentes estatales hasta el momento, no hay rastro ni queja. Tampoco sus familiares se han manifestado ante los medios de comunicación ni han aparecido representantes legales. Incluso, ni los propios compañeros de los uniformados han hecho algún reclamo por su desaparición.

En un sondeos a agentes estatales realizado durante lunes y martes por CENTRAL, los uniformados no ubican ni han tenido conocimiento de las identidades de sus compañeros supuestamente detenidos por el Caso Chalchihupan.

Incluso, algunos de los uniformados cuestionados sobre las aprehensiones ironizaron que podría ser que el gobierno del estado, la fiscalía especial para el Cado Chalchihuapan y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal solamente falsearan los datos para simular el cumplimiento de la recomendación de CNDH.

¿Dónde están los policías incriminados? ¿Dónde están que nadie sabe quiénes son? ¿Los mismos policías estaríamos quietos sabiendo hay compañeros detenidos y puede haber más detenciones? ¿Quiénes son los detenidos? Nadie sabe... Seguramente sí detuvieron al comandante Juan Máximo y de ahí se dio por hecho que habrían sido detenidos cinco más, pero nadie los ha reclamado. ¿Usted cree que las familias no estarían pidiendo que los suelten o pidiendo justicia?", comentó una de las fuentes al interior de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal consultada por este periódico digital.

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Hechos violentos como los ocurridos en Ayotzinapa, Guerrero, o en San Bernardino Chalchihuapan, aquí en Puebla, en donde hombres armados que no se identificaron como elementos de la policía cometieron detenciones arbitrarias en contra de los pobladores, son “actos que sirven para que el estado siembre el terror entre la población y que la gente se enoje pero no se atreva a luchar, sino que viva una parálisis del miedo”.



Lo anterior lo señaló el líder moral de los comerciantes Rubén Sarabia Sánchez, alias Simitrio, durante una entrevista previa a la conferencia “Guerra y represión contra Puebla”, que ofreció en el mercado Hidalgo en el marco del 41 aniversario de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre.



Lo sucedido en Chalchihuapan la madrugada del sábado 18 de octubre, opinó Simitrio, fue un hecho ilegal, “toda vez que no había uniformes, ni insignias, ni vehículos, ni órdenes de cateo que los identificaran como policías y que les llevaran a ejecutar acciones con uso excesivo de violencia, tirando puertas, encañonando a mujeres y aventando a niños”.



Esas acciones, continuó el líder social más importante que tuvo la entidad en la década de los años 80 del siglo pasado, reflejan la “política de represión permanente” que hay Puebla, misma que también se revela en la forma en cómo se presentaron las resoluciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuando de manera “olímpica” se exoneró al secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, a la Procuraduría General de Justicia y al propio gobernador Rafael Moreno Valle Rosas.



Sarabia Sánchez notó que particularmente al gobernador Moreno Valle las recomendaciones emitidas por la CNDH le permitieron “hacer como que las cumple”, debido a que “lo mismo encarcela bandos medios de la Policía que a pobladores de Chalchihuapan, en ambos cometiendo actos fuera de la ley”.



“Lamentablemente no es un asunto de Puebla sino que responde a un patrón general del país, donde lo que se trata de hacer es cometer esas acciones y crímenes como los de Iguala y Tlatlaya para sembrar el terror en la población y que la gente se enoje pero no se atreva a luchar, sino que viva una parálisis del miedo”.



En cuanto a la postura de la 28 de Octubre, Rubén Sarabia dijo que hay tiene tres elementos que la organización debe de tomar en cuenta. La primera es reconocer que este tipo de acciones no son aisladas, sino que forman parte de una cadena de hechos concatenados que se presentan en el estado de México, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, estados en donde la violencia es más notoria.



La otra es que en el país se aplica una política de “guerra y represión, de supresión de libertades y derechos, de imposición de todos y en todos lados, en todos los niveles, y anulación de todo cuanto pueda ser un obstáculo que dificulte e impida la aplicación de los programas que eviten el saqueo de nuestro país”.



Por otro lado, continuó Simitrio, es necesario notar que la política actual “deriva del hecho que tenemos en funciones un régimen fascista militar policiaco delincuencial”, el cual, explicó, “más que basarse en las leyes se basa en la supuesta aplicación de la ley, que son acciones criminales cometidas por elementos de la Policía con y sin uniforme, o del Ejército y la Marina”



En ese sentido, dijo que la posición de los agremiados a la 28 de Octubre es “luchar por parar la guerra y la represión, a la par de convocar a la población para cambiar el régimen en el que vivimos por uno democrático, que ponga en el centro al ciudadano, su desarrollo y crecimiento”.



“Siento preocupación y miedo por lo que está pasando y lo que pasará. Sé que el miedo es una fuerza que no debe paralizar, sino impulsar a reforzar tu disposición y fuerza de lucha. Hay que luchar con la sangre caliente, el corazón caliente y la cabeza fría”, concluyó.

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