El gobernador poblano Rafael Moreno Valle esgrime las palabras “modernidad” y “progreso” para defender su nuevo proyecto vial: un puente que de edificarse dañaría la zona arqueológica de Cholula, protegida por decreto. Como ocurrió con su plan de construir un teleférico en la zona donde se libró la Batalla del 5 de Mayo, su actual proyecto ya concitó el repudio generalizado de académicos y organizaciones civiles. Sin embargo el mandatario estatal sigue adelante con su idea e incluso compromete a la directora del INAH, Teresa Franco, su exempleada.
SAN PEDRO CHOLULA, PUE. (Proceso).- Uno de los paisajes emblemáticos de Puebla, la Gran Pirámide de Cholula con el volcán Popocatépetl al fondo, podría verse alterado por la insistencia del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, de construir un distribuidor vial a menos de 500 metros de la zona arqueológica, advierten académicos y organizaciones urbanas.
Como ocurrió con su planeado teleférico, los opositores al proyecto confían en que sean los juzgados federales los que, en respuesta a cinco amparos interpuestos, pongan un alto a esta obra morenovallista iniciada el pasado 9 de febrero aun sin autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Moreno Valle invertirá 196 millones de pesos para construir un puente de 500 metros de largo por 20 de alto que desembocará en las estrechas calles de San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, zonas arqueológicas protegidas.
Docentes del INAH advirtieron en una carta abierta publicada el domingo 9 que el subsuelo de la zona en la cual se construye el distribuidor vial tiene vestigios arqueológicos, como se comprobó en 2009 cuando se dañaron estructuras palaciegas y murales policromados en unas excavaciones en San Pedro Cholula.
El gobernador comenzó la construcción sin respetar el decreto de 1993, que declara Zona de Monumentos Arqueológicos a San Pedro y San Andrés Cholula y el cual asienta que por ningún motivo se puede obstruir “la visual” de la Gran Pirámide, catalogada como la más grande del mundo y coronada por el Santuario de la Virgen de los Remedios.
Los mismos docentes denunciaron además que el gobierno poblano inició este distribuidor vial sin tener permiso del Consejo de Arqueología del INAH y sin estudios de prospección arqueológica, obligatorios según el decreto de 1993.
El Comité Defensor del Patrimonio Histórico, Cultural y Ambiental de Puebla, la Fundación Manuel Toussaint y el Colectivo de Ciclismo Urbano Cholula en Bici se unieron para lanzar la campaña Pueblo mágico sin tráfico, la cual además denuncia que la obra en vez de resolver problemas creará nudos vehiculares en las estrechas calles de los Cholulas.
A la campaña se sumaron la Asociación de Carnavaleros y los representantes de los barrios que subsisten desde épocas prehispánicas en Cholula, pues señalan que una estructura de esa naturaleza aislaría los de Jesús Tlatempa, Santiago Mixquitla y San Matías Cocoyotla, y atentaría contra tradiciones religiosas que los unifican y contra la forma de vida de sus habitantes.
Reunida en Puebla del miércoles 26 al viernes 28, la Asamblea de Arquitectos y Restauradores del INAH firmó un desplegado en el que le exigen a la directora general de la institución, Teresa Franco, suspender la obra y fincar responsabilidades a los implicados en su presunta autorización.
También le exigen a Moreno Valle respeto a la normatividad federal en la materia y que deje de agredir al patrimonio cultural de Puebla con “proyectos absurdos e innecesarios”.
Los reveses
Las organizaciones agrupadas en la campaña Pueblo mágico sin tráfico interpusieron cinco amparos para tratar de parar la construcción.
El año pasado dos de los grupos participantes en esta lucha lograron detener la instalación de un teleférico que iría de la Zona de los Fuertes, donde se libró la Batalla del 5 de Mayo, hasta el Centro Histórico de Puebla, luego de comprobarse que el gobierno había iniciado el proyecto sin permiso del INAH.
Lo que no pudieron evitar fue que las autoridades estatales demolieran una casona protegida, del siglo XVII, lo cual afectó drásticamente el paisaje del Barrio del Artista, uno de los paseos tradicionales de la capital poblana.
Ahora el gobierno está obligado a reconstruir el inmueble, aunque los académicos reconocen que el daño al patrimonio cultural de Puebla ya es irreparable.
Tampoco lograron detener la intervención del gobierno morenovallista en la Zona de los Fuertes, que más que una restauración ha sido calificada como una “remodelación” del patrimonio histórico.
Grupos de la sociedad civil también propinaron un revés a Moreno Valle cuando evitaron que instalara una “megarrueda observatorio” en el Centro Histórico. Finalmente este atractivo turístico tuvo que instalarse en el área comercial Angelópolis, en la periferia, donde ahora presenta problemas de hundimiento.
El gobernador trata de minimizar las protestas. Asegura que los inconformes son “los mismos” que se opusieron al viaducto Zaragoza, una de las obras iniciales de su sexenio.
“Lo vamos a construir. Los demás tendrán derecho a expresar su inconformidad. Sin embargo la decisión está tomada, está apegada a derecho y así como lo hicimos con el viaducto Zaragoza, vamos a concluir este proyecto en beneficio de los ciudadanos”, dijo.
Incluso en el caso del viaducto Zaragoza, fueron las presiones de los activistas las que hicieron al INAH obligar al gobierno estatal a modificar dos de los puentes de su proyecto que impactaban zonas históricas.
Moreno Valle insiste en que el puente de Cholula tiene permiso del INAH, pero el único que se conoce hasta ahora fue emitido por el delegado del centro INAH-Puebla, Francisco Ortiz Pedraza.
Ante la presión de trabajadores del propio instituto y de las organizaciones civiles, el delegado acabó por asegurar que lo firmado no fue un permiso, sino una “preautorización”, que no faculta para iniciar la obra.
El 17 de febrero el gobierno de Puebla aseguró a medios locales que tenía el aval del Consejo de Arqueología del INAH, pero la organización civil Con los Ojos Abiertos, formada por la Universidad Iberoamericana-Puebla y el portal e-consulta, confirmó que en los archivos del INAH y del consejo no existe ninguna autorización de ese tipo.
“En los expedientes INAH/CI/010/14, INAH/CI/011/14 e INAH/CI/012/14 quedó asentada la inexistencia de permisos, licencias o autorizaciones o de prefactibilidad para la construcción del distribuidor vial de Cholula”, afirmó esa organización.
Pese a ello, el contrato OP/ADF/SI-2013243 para la ejecución de la obra fue otorgado a Productos y Estructuras de Concreto (PYECSA), de Gustavo Cavazos Marroquín, considerado cabeza del grupo nuevoleonés Allende.
Hasta la semana pasada PYECSA continuaba las excavaciones para la cimentación de los pilotes del distribuidor vial en el tramo final de la recta a Cholula. Sin embargo las organizaciones de la campaña Pueblo mágico sin tráfico confiaban en que de un momento a otro un juzgado federal dictamine la suspensión de la obra.
Investigadores del INAH relacionan la pasividad de la Dirección General del Instituto con la cercanía que ha tenido Teresa Franco con el gobierno de Moreno Valle.
Al inicio del sexenio Franco González fue asesora de la Presidencia del Consejo para la Cultura y las Artes de Puebla y del Comité Técnico para el Rescate de la exfábrica textil La Constancia Mexicana.
En la supuesta “preautorización” de la obra, el INAH nombró supervisores a los peritos arquitectos Sergio Vergara Berdejo y Jorge Salgado Tlahuis, quienes aparecen en otros proyectos polémicos del gobierno de Moreno Valle.
El pasado 24 de febrero Vergara fue nombrado gerente del Centro Histórico y Patrimonio Cultural del municipio poblano por el alcalde Antonio Gali Fayad, quien como exsecretario estatal de Infraestructura estuvo a cargo de la mayoría de los proyectos cuestionados.
La antropóloga Anamaría Ashwell habla abiertamente de la posibilidad de que Moreno Valle haya ejercido presiones políticas para que el INAH le firmara un permiso “a todas luces a modo e ilegal”.
“Sólo puedo asumir que el gobernador ejerció presiones políticas sobre la Dirección General del INAH y la Sección de Monumentos aquí en Puebla para proseguir a gastarse 200 millones de pesos del dinero público en una obra innecesaria para resolver el tráfico de automóviles o para dar ala a sus ambiciones políticas”, manifestó Ashwell en conferencia de prensa.
De igual forma la historiadora Rosalva Loreto, presidenta del Comité del Patrimonio Histórico, Cultural y Ambiental de Puebla, ha señalado que la actuación del INAH debe ser cuestionada por permitir que en México se violente la normatividad de conservación internacional.
La Gran Cholollan
Ashwell advirtió que de llevarse a cabo, el puente destruiría suelos arqueológicos de las culturas indígenas del valle de la Gran Cholollan, cuya extensión geográfica no se limita a las inmediaciones de la pirámide y ha sido parcialmente explorada desde 1969.
La zona, destacó, es de gran valor cultural pues en su subsuelo se encuentra la historia de cómo se edificaron asentamientos prehispánicos, como la Gran Cholollan, que en el clásico mesoamericano (600 d.C.) rivalizó con Teotihuacan y a la cual Paul Kirchhoff la llamó “gran ciudad sagrada”.
Explicó que los terrenos donde actualmente se hacen perforaciones son circunvecinos al manantial de San Juan, a menos de 500 metros en la base de la pirámide, y ahí está la historia de cómo los mesoamericanos construían las grandes ciudades a partir del almacenamiento del agua.
“Especialmente en estas tierras bajas se drenaban y compactaban tierras para usos agrícolas dando lugar a los primeros asentamientos desde el preclásico temprano en Cholula: en estas tierras fangosas bajas hubo 2 mil años de habitación antes de la llegada de los españoles”, mencionó la antropóloga.
“Puede ser que este subsuelo no contenga la monumentalidad de la pirámide, pero tiene las primeras construcciones sedentarias, los primeros instrumentos agrícolas, tiene los fabulosos sistemas de riego y diques. ¿Vamos a perder toda esa historia de los pueblos anteriores a los toltecas-chichimecas del siglo XII para que se suban coches a un viaducto?”
El distribuidor vial no sólo ha desatado protestas entre académicos. El Colectivo de Ciclismo Urbano Cholula en Bici promoverá también un amparo por el impacto que tendría en el derecho de movilidad de peatones, ciclistas y usuarios del transporte urbano.
Giovanni Zayas, representante del colectivo, ha dicho en distintas ocasiones que mientras en otros países este tipo de estructuras están siendo removidas, el gobierno de Puebla las presenta como símbolo de modernidad y progreso. “Esto los urbanistas ya lo consideran obsoleto, no es una solución de este siglo, es del siglo pasado”.
Aunque la agrupación ha pedido al gobierno estatal información sobre la obra, hasta ahora la Secretaría de Infraestructura no ha probado que tenga estudios que la sustenten ni una manifestación de impacto ambiental.
El consultor en movilidad Jesús Sánchez también ha señalado que la propuesta del gobierno de construir un distribuidor vial en esa zona de Cholula no parece sustentarse en ningún estudio serio de ingeniería vial y más bien parece basarse en “ocurrencias”.
En contraparte Cholula en Bici presentó un proyecto alternativo consistente en un sistema de tres “turbo-rotondas” que agilizarían el paso de unidades y tomaría en cuenta a peatones, ciclistas, motociclistas y transporte urbano.
SAN PEDRO CHOLULA, PUE. (Proceso).- Uno de los paisajes emblemáticos de Puebla, la Gran Pirámide de Cholula con el volcán Popocatépetl al fondo, podría verse alterado por la insistencia del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, de construir un distribuidor vial a menos de 500 metros de la zona arqueológica, advierten académicos y organizaciones urbanas.
Como ocurrió con su planeado teleférico, los opositores al proyecto confían en que sean los juzgados federales los que, en respuesta a cinco amparos interpuestos, pongan un alto a esta obra morenovallista iniciada el pasado 9 de febrero aun sin autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Moreno Valle invertirá 196 millones de pesos para construir un puente de 500 metros de largo por 20 de alto que desembocará en las estrechas calles de San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, zonas arqueológicas protegidas.
Docentes del INAH advirtieron en una carta abierta publicada el domingo 9 que el subsuelo de la zona en la cual se construye el distribuidor vial tiene vestigios arqueológicos, como se comprobó en 2009 cuando se dañaron estructuras palaciegas y murales policromados en unas excavaciones en San Pedro Cholula.
El gobernador comenzó la construcción sin respetar el decreto de 1993, que declara Zona de Monumentos Arqueológicos a San Pedro y San Andrés Cholula y el cual asienta que por ningún motivo se puede obstruir “la visual” de la Gran Pirámide, catalogada como la más grande del mundo y coronada por el Santuario de la Virgen de los Remedios.
Los mismos docentes denunciaron además que el gobierno poblano inició este distribuidor vial sin tener permiso del Consejo de Arqueología del INAH y sin estudios de prospección arqueológica, obligatorios según el decreto de 1993.
El Comité Defensor del Patrimonio Histórico, Cultural y Ambiental de Puebla, la Fundación Manuel Toussaint y el Colectivo de Ciclismo Urbano Cholula en Bici se unieron para lanzar la campaña Pueblo mágico sin tráfico, la cual además denuncia que la obra en vez de resolver problemas creará nudos vehiculares en las estrechas calles de los Cholulas.
A la campaña se sumaron la Asociación de Carnavaleros y los representantes de los barrios que subsisten desde épocas prehispánicas en Cholula, pues señalan que una estructura de esa naturaleza aislaría los de Jesús Tlatempa, Santiago Mixquitla y San Matías Cocoyotla, y atentaría contra tradiciones religiosas que los unifican y contra la forma de vida de sus habitantes.
Reunida en Puebla del miércoles 26 al viernes 28, la Asamblea de Arquitectos y Restauradores del INAH firmó un desplegado en el que le exigen a la directora general de la institución, Teresa Franco, suspender la obra y fincar responsabilidades a los implicados en su presunta autorización.
También le exigen a Moreno Valle respeto a la normatividad federal en la materia y que deje de agredir al patrimonio cultural de Puebla con “proyectos absurdos e innecesarios”.
Los reveses
Las organizaciones agrupadas en la campaña Pueblo mágico sin tráfico interpusieron cinco amparos para tratar de parar la construcción.
El año pasado dos de los grupos participantes en esta lucha lograron detener la instalación de un teleférico que iría de la Zona de los Fuertes, donde se libró la Batalla del 5 de Mayo, hasta el Centro Histórico de Puebla, luego de comprobarse que el gobierno había iniciado el proyecto sin permiso del INAH.
Lo que no pudieron evitar fue que las autoridades estatales demolieran una casona protegida, del siglo XVII, lo cual afectó drásticamente el paisaje del Barrio del Artista, uno de los paseos tradicionales de la capital poblana.
Ahora el gobierno está obligado a reconstruir el inmueble, aunque los académicos reconocen que el daño al patrimonio cultural de Puebla ya es irreparable.
Tampoco lograron detener la intervención del gobierno morenovallista en la Zona de los Fuertes, que más que una restauración ha sido calificada como una “remodelación” del patrimonio histórico.
Grupos de la sociedad civil también propinaron un revés a Moreno Valle cuando evitaron que instalara una “megarrueda observatorio” en el Centro Histórico. Finalmente este atractivo turístico tuvo que instalarse en el área comercial Angelópolis, en la periferia, donde ahora presenta problemas de hundimiento.
El gobernador trata de minimizar las protestas. Asegura que los inconformes son “los mismos” que se opusieron al viaducto Zaragoza, una de las obras iniciales de su sexenio.
“Lo vamos a construir. Los demás tendrán derecho a expresar su inconformidad. Sin embargo la decisión está tomada, está apegada a derecho y así como lo hicimos con el viaducto Zaragoza, vamos a concluir este proyecto en beneficio de los ciudadanos”, dijo.
Incluso en el caso del viaducto Zaragoza, fueron las presiones de los activistas las que hicieron al INAH obligar al gobierno estatal a modificar dos de los puentes de su proyecto que impactaban zonas históricas.
Moreno Valle insiste en que el puente de Cholula tiene permiso del INAH, pero el único que se conoce hasta ahora fue emitido por el delegado del centro INAH-Puebla, Francisco Ortiz Pedraza.
Ante la presión de trabajadores del propio instituto y de las organizaciones civiles, el delegado acabó por asegurar que lo firmado no fue un permiso, sino una “preautorización”, que no faculta para iniciar la obra.
El 17 de febrero el gobierno de Puebla aseguró a medios locales que tenía el aval del Consejo de Arqueología del INAH, pero la organización civil Con los Ojos Abiertos, formada por la Universidad Iberoamericana-Puebla y el portal e-consulta, confirmó que en los archivos del INAH y del consejo no existe ninguna autorización de ese tipo.
“En los expedientes INAH/CI/010/14, INAH/CI/011/14 e INAH/CI/012/14 quedó asentada la inexistencia de permisos, licencias o autorizaciones o de prefactibilidad para la construcción del distribuidor vial de Cholula”, afirmó esa organización.
Pese a ello, el contrato OP/ADF/SI-2013243 para la ejecución de la obra fue otorgado a Productos y Estructuras de Concreto (PYECSA), de Gustavo Cavazos Marroquín, considerado cabeza del grupo nuevoleonés Allende.
Hasta la semana pasada PYECSA continuaba las excavaciones para la cimentación de los pilotes del distribuidor vial en el tramo final de la recta a Cholula. Sin embargo las organizaciones de la campaña Pueblo mágico sin tráfico confiaban en que de un momento a otro un juzgado federal dictamine la suspensión de la obra.
Investigadores del INAH relacionan la pasividad de la Dirección General del Instituto con la cercanía que ha tenido Teresa Franco con el gobierno de Moreno Valle.
Al inicio del sexenio Franco González fue asesora de la Presidencia del Consejo para la Cultura y las Artes de Puebla y del Comité Técnico para el Rescate de la exfábrica textil La Constancia Mexicana.
En la supuesta “preautorización” de la obra, el INAH nombró supervisores a los peritos arquitectos Sergio Vergara Berdejo y Jorge Salgado Tlahuis, quienes aparecen en otros proyectos polémicos del gobierno de Moreno Valle.
El pasado 24 de febrero Vergara fue nombrado gerente del Centro Histórico y Patrimonio Cultural del municipio poblano por el alcalde Antonio Gali Fayad, quien como exsecretario estatal de Infraestructura estuvo a cargo de la mayoría de los proyectos cuestionados.
La antropóloga Anamaría Ashwell habla abiertamente de la posibilidad de que Moreno Valle haya ejercido presiones políticas para que el INAH le firmara un permiso “a todas luces a modo e ilegal”.
“Sólo puedo asumir que el gobernador ejerció presiones políticas sobre la Dirección General del INAH y la Sección de Monumentos aquí en Puebla para proseguir a gastarse 200 millones de pesos del dinero público en una obra innecesaria para resolver el tráfico de automóviles o para dar ala a sus ambiciones políticas”, manifestó Ashwell en conferencia de prensa.
De igual forma la historiadora Rosalva Loreto, presidenta del Comité del Patrimonio Histórico, Cultural y Ambiental de Puebla, ha señalado que la actuación del INAH debe ser cuestionada por permitir que en México se violente la normatividad de conservación internacional.
La Gran Cholollan
Ashwell advirtió que de llevarse a cabo, el puente destruiría suelos arqueológicos de las culturas indígenas del valle de la Gran Cholollan, cuya extensión geográfica no se limita a las inmediaciones de la pirámide y ha sido parcialmente explorada desde 1969.
La zona, destacó, es de gran valor cultural pues en su subsuelo se encuentra la historia de cómo se edificaron asentamientos prehispánicos, como la Gran Cholollan, que en el clásico mesoamericano (600 d.C.) rivalizó con Teotihuacan y a la cual Paul Kirchhoff la llamó “gran ciudad sagrada”.
Explicó que los terrenos donde actualmente se hacen perforaciones son circunvecinos al manantial de San Juan, a menos de 500 metros en la base de la pirámide, y ahí está la historia de cómo los mesoamericanos construían las grandes ciudades a partir del almacenamiento del agua.
“Especialmente en estas tierras bajas se drenaban y compactaban tierras para usos agrícolas dando lugar a los primeros asentamientos desde el preclásico temprano en Cholula: en estas tierras fangosas bajas hubo 2 mil años de habitación antes de la llegada de los españoles”, mencionó la antropóloga.
“Puede ser que este subsuelo no contenga la monumentalidad de la pirámide, pero tiene las primeras construcciones sedentarias, los primeros instrumentos agrícolas, tiene los fabulosos sistemas de riego y diques. ¿Vamos a perder toda esa historia de los pueblos anteriores a los toltecas-chichimecas del siglo XII para que se suban coches a un viaducto?”
El distribuidor vial no sólo ha desatado protestas entre académicos. El Colectivo de Ciclismo Urbano Cholula en Bici promoverá también un amparo por el impacto que tendría en el derecho de movilidad de peatones, ciclistas y usuarios del transporte urbano.
Giovanni Zayas, representante del colectivo, ha dicho en distintas ocasiones que mientras en otros países este tipo de estructuras están siendo removidas, el gobierno de Puebla las presenta como símbolo de modernidad y progreso. “Esto los urbanistas ya lo consideran obsoleto, no es una solución de este siglo, es del siglo pasado”.
Aunque la agrupación ha pedido al gobierno estatal información sobre la obra, hasta ahora la Secretaría de Infraestructura no ha probado que tenga estudios que la sustenten ni una manifestación de impacto ambiental.
El consultor en movilidad Jesús Sánchez también ha señalado que la propuesta del gobierno de construir un distribuidor vial en esa zona de Cholula no parece sustentarse en ningún estudio serio de ingeniería vial y más bien parece basarse en “ocurrencias”.
En contraparte Cholula en Bici presentó un proyecto alternativo consistente en un sistema de tres “turbo-rotondas” que agilizarían el paso de unidades y tomaría en cuenta a peatones, ciclistas, motociclistas y transporte urbano.
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