El proyecto del gobierno estatal para “bursatilizar” recursos provenientes del Impuesto Sobre la Nómina y del Instituto Catastral se aprobó por unanimidad en comisiones unidas, lo que permitirá al Ejecutivo que durante su gestión tramite u obtenga financiamientos ante Banobras —o ante cualquier institución de crédito autorizada— hasta por la cantidad de mil 500 millones de pesos, relativos al Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad y al Fondo Nacional de Infraestructura.
También autorizaron al gobierno estatal a renegociar la deuda del estado, pagándola a plazos más largos pero disminuyendo las erogaciones anuales por concepto de pago de deuda.
Los diputados ratificaron la autorización de 2011 para que el estado pueda obtener recursos hasta por 25 por ciento de los ingresos correspondientes a los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. Además, aprobaron que se constituya un fideicomiso para administrar el Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.
Los diputados autorizaron al Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla que “bursatilice” los ingresos presentes y futuros para obtener recursos a valor presente y emplearlos en la modernización del propio instituto.
El subsecretario de Finanzas, Eduardo Tovilla Lara, acudió ayer a la sede legislativa donde cabildeó la aprobación del proyecto de ley. Ahí planteó que la “bursatilización” —hasta por 5 mil millones de pesos— tendrá un plazo de 20 años y los recursos se destinarán a “inversión pública productiva”.
Es decir, que los recursos que recibiera el estado por parte del Instituto Público Registral y Catastral, y los del Impuesto Sobre la Nómina, respaldarían hasta por un plazo de 20 años y hasta por un monto de 5 mil millones de pesos los valores emitidos y manejados por fideicomisos no públicos.
La iniciativa de ley contempla que los responsables de los empréstitos sean los propios organismos públicos descentralizados como el Instituto Registral y Catastral, no el estado. Además, plantearon modificaciones a la Ley de Entidades Paraestatales del estado de Puebla para que los fideicomisos creados con el propósito de manejar los recursos de la “bursatilización” no se sujeten a esta ley, pues no serían fideicomisos públicos.
El planteamiento del Ejecutivo es que sea la Secretaría de la Contraloría la que “audite” y “evalúe” estos fideicomisos, lo cual también requiere modificación a la ley en la materia.
Legisladores del PRI, como el presidente de la Comisión de Hacienda, Lauro Sánchez y el presidente de la Junta de Coordinación Política, José Luis Márquez, respaldaron la iniciativa de Casa Puebla, ya que el gobierno estatal busca obtener recursos para ampliar el plazo de pago de deuda estatal con nuevas fuentes de financiamiento de bajo costo.
Fideicomisos no públicos manejarán recursos
La iniciativa enviada por el Ejecutivo plantea la creación de fideicomisos no públicos que manejen los recursos de la “bursatilización”, los cuáles podrían ascender hasta 5 mil millones des pesos en un plazo de 20 años.
“En virtud de lo anterior, se propone la constitución de uno o más fideicomisos que tengan como fin la contratación de financiamientos, la emisión de valores o funcionar como garantía, medio de pago o medio alterno de pago, así como afectar de manera irrevocable los flujos provenientes de los ingresos recaudados por el impuesto mencionado, mismos que constituirán el patrimonio de cada fideicomiso, y que en caso de así autorizarlo el Congreso del estado, y convenirlo con las partes involucradas, podrán ser utilizados para el pago de los créditos, préstamos, empréstitos o financiamientos de cualquier naturaleza incluyendo la contratación de valores contratados por el propio fideicomiso.”
Cabe señalar que la iniciativa de ley propone que los fideicomisos en los que participe un organismo público descentralizado no se consideren fideicomisos de la administración estatal. Es decir, no se sujeten a la Ley de Entidades Paraestatales del estado de Puebla.
La iniciativa de ley propone adicionar el párrafo 56 de la Ley de Entidades Paraestatales para que sea la Secretaría de la Contraloría la que audite y evalúe la operación de dichos fideicomisos. Es decir, no se sujetarán a lo que marca la Ley de Entidades Paraestatales del estado en su capítulo IV, artículos 28 al 34.
Sin embargo, a juicio de algunos legisladores —que pidieron el anonimato—, este mecanismo puede subsanarse siempre y cuando en las reglas de operación del fideicomiso se especifique con claridad cuál será el papel de la Secretaría de la Contraloría como entidad pública que audite y evalúe la operación de dichos fideicomisos.
“Viable, la bursatilización”, asegura el diputado Lauro Sánchez
El diputado del PRI, Lauro Sánchez López, justificó la solicitud de endeudamiento y financiamiento pagadero con recursos federales y estatales que a la víspera pidió el Ejecutivo al Congreso local, quien luego de estudiar dichas solicitudes podría aprobarlos.
Sánchez, presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso local, defendió el que la administración estatal haya pedido al Congreso modifique la Ley de Deuda Pública y otras normatividades para que los recursos estatales puedan ocuparse para la emisión de bonos o valores. En especial, los recursos provenientes tanto del Instituto Registral y Catastral, como los recursos que recibe el gobierno del estado como parte del llamado Impuesto Sobre la Nómina.
El legislador explicó a los medios que el gobierno del estado no ha solicitado endeudamiento para realizar obras: “Hasta ahora el gobernador no ha solicitado ningún recurso de lo que se autorizó en 2011.”
Asimismo, defendió la solicitud de “bursatilización” de recursos estatales por los proyectos de infraestructura de la actual administración: “Yo sé que trae el gobierno del estado un ritmo de obra muy importante.”
De acuerdo con el economista y exfuncionario de la pasada administración, o se trata ni de deuda pública, sino de “esquemas de financiamiento” a largo plazo para disminuir el pago inmediato por servicio de deuda estatal contraída en el pasado. Además, sentenció que la deuda pública del estado es manejable. “No se está solicitando un endeudamiento puro, sino se ocupan fuentes de repago”.
El presidente de la Junta de Coordinación Política, José Luis Márquez Martínez, consideró que son viables las solicitudes para que el estado consiga otras fuentes de recursos financieros, que presentó el día de ayer en la sesión del Congreso el Ejecutivo del estado. Consideró que la renegociación de la deuda estatal es benéfica, deuda que asciende a los 13 mil millones de pesos.
El día de ayer el gobernador Rafael Moreno Valle presentó una iniciativa para ratificar su solicitud de crédito hasta por mil 500 millones de pesos, así como la posibilidad de financiar proyectos de obra pública a través de los recursos que el estado reciba por concepto del Impuesto Sobre la Nómina y del Instituto Catastral, cifra que ronda los 5 mil millones de pesos.
El diputado priista explicó que el único punto del cual la fracción del tricolor aún está aún en duda es la “bursatilización” de los recursos del Impuesto Sobre la Nómina y de los recursos del Instituto Catastral. Sobre los otros enfoques para que el gobierno financie sus recursos, Márquez está de acuerdo.
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