El Congreso de Puebla avaló, por unanimidad, adherir el término “preferencias sexuales” al artículo 11 de la Constitución local, el cual prohíbe todo tipo de acción discriminatoria en contra de las personas por su apariencia, etnia, religión y, ahora, identidad sexual.
Mario Gerardo Riestra Piña (PAN) presentó la iniciativa que pretenden tipificar la discriminación como delito y castigarla con uno a tres años de prisión, 50 a 150 jornadas de trabajo o bien 100 a 500 días de salario mínimo como multa.
La iniciativa busca defender el derecho a la individualidad de las personas y protegerlas de actos que ofendan su dignidad o su honor y que les causen daños o perjuicios por un trato desigual. Así como poner en igualdad la Legislación Estatal con los principios y derechos que dictan la Carta Magna, los acuerdos internacionales que han sido firmados y ratificados por México y las leyes secundarias federales en la materia.
Busca combatir la discriminación por raza, origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, preferencias sexuales, filiación, instrucción y nivel cultural, apariencia física, estado civil, creencia religiosa, ideología política u opiniones expresadas.
También contempla la imposición de una pena adicional para los servidores públicos que cometan este tipo de conductas, obligándolos a brindar servicios sin distinción alguna a todo aquel que lo solicite.
La modificación al artículo 11 fue propuesta desde hace un año, pero fue rechazada, principalmente por el Partido Acción Nacional (PAN) al considerar que elevar a rango constitucional el respeto a la libertad sexual era excesivo.
Durante la sesión ordinaria se emitieron 37 votos a favor, cero abstenciones y cero votos en contra.
Según el documento aprobado el artículo dicta: “Queda prohibida toda acción tendiente al menoscabo de los derechos humanos, en razón de discriminación por raza, origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, preferencias sexuales, filiación, instrucción y nivel cultural, apariencia física, estado civil, creencia religiosa, ideología política, opiniones expresadas o cualquier otra que atente contra la dignidad, la libertad o la igualdad”.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis y, en su caso, aprobación.
La propuesta se incribe en el marco de tres días en que la comunidad LGBTTTI se vistió de luto. Entre el pasado viernes y el 12 de marzo se registraron los asesinatos de Agnes Torres Hernández, activista por los derechos transgénero; Jorge Roberto Merchant, empleado del INEGI; y César González Martínez, vendedor de piratería en el centro de la ciudad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario