Los seis policías estatales detenidos desde la semana pasada están acusados por el gobierno de Rafael Moreno Valle de ser responsables del homicidio del niño José Luis Tehuatlie, quien resultó herido en el cráneo el pasado 9 de julio en San Bernardino Chalchihuapan y murió 10 días después, confirmó el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado, Roberto Flores Toledano.
El funcionario confirmó que todos están acusados por la muerte de este niño de 13 años y también se les acusa de tentativa de homicidio por las nueve personas que resultaron con lesiones o mutilaciones en el enfrentamiento que se dio cuando un grupo de manifestantes —que exigían el regreso del servicio de Registro Civil a su comunidad— bloqueaban la autopista Puebla-Atlixco y fueron desalojados.
“El tema de los policías sigue avanzando. Todos están acusados por los mismos delitos que es homicidio y tentativa de homicidio (…) Es por la muerte del menor, entre otros delitos”, dijo el funcionario ante medios locales.
El funcionario no precisó si fueron acusados por homicidio doloso o culposo, pero fuentes del TSJ estatal que pidieron mantenerse en el anonimato por no estar autorizadas para hablar sobre el caso, explicaron a CNNMéxico que la acusación es por homicidio culposo.
El Código Penal del estado de Puebla establece penas por el delito de homicidio que van de cinco a 40 años de prisión, dependiendo de si se considera culposo o doloso y de las agravantes del mismo.
En la noche del 17 de octubre y madrugada del 18 fueron aprehendidas once personas, entre quienes se encuentran los citados seis policías estatales y también cinco pobladores de San Bernardino Chalchihuapan; a dos de los cinco civiles de detenidos se les acusa de ataques a vías de comunicación y de motín, mientras que a los otros tres también se les acusa de tentativa de homicidio por las lesiones sufridas por 40 policías estatales en el enfrentamiento.
¿Y los infiltrados?
El 31 de julio pasado, el procurador local Víctor Carrancá Bourget había asegurado que un grupo de infiltrados —y no de los pobladores de Chalchihuapan que se manifestaban— fue el que causó la muerte del menor José Luis Tehuatlie con la onda expansiva de un cohetón, y que fueron piedras lanzadas por el mismo grupo las que hirieron al resto de los participantes, tanto civiles como granaderos.
Sin embargo, la versión fue rechazada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); este organismo realizó una investigación que concluyó el pasado 11 de septiembre que fue un cilindro de gas de largo alcance lanzado por algún policía lo que lesionó y posteriormente le costó la vida al menor, y que un proyectil de las mismas características pero de menor alcance lesionó al resto de los pobladores.
El pasado 11 de septiembre, al presentar los resultados de su investigación, la CNDH emitió una serie de recomendaciones para el gobierno poblano, entre las que incluyó iniciar procedimientos de responsabilidad contra el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, Facundo Rosas Rosas, y contra el titular de la PGJ, Víctor Carrancá Bourget. Además pidió reparar los daños a las víctimas y a sus familiares, ofrecer una disculpa pública y crear una fiscalía especial para investigar lo sucedido, entre otras medidas; la administración del panista Rafael Moreno Valle dijo ese mismo día que acataría todas las recomendaciones.
El gobierno local dio por cumplido todas las recomendaciones con la detención de once personas; la imposición de una multa económica —de un monto no revelado— al secretario de Seguridad Pública estatal, Facundo Rosas Rosas; la destitución del cargo y sanción económica a la subsecretaria de Coordinación y Operación Policial, Ofelia Flores Ramos y a dos mandos operativos; el despido e inhabilitación por cuatro años a seis elementos policiacos y otras acciones.
Salen bajo caución dos pobladores
Raúl Contreras y Álvaro García Xelhua, acusados por los delitos de ataques a vías de comunicación y motín enfrentarán su proceso en libertad, luego de que jueces les fijaron una fianza de más de 40,000 pesos a cada uno.
El primero, quien, según sus abogados, fue confundido por otra persona de nombre Bernardino Ocotl Ocotl, abandonó el penal de San Miguel —ubicado en la capital poblana— la tarde del sábado tras pagar la fianza; mientras que García Xelhua abandonó el penal este lunes.
Los otros tres pobladores, Florentino Tamayo Ponce, Vicente Juárez Varela y Fausto Montes, son acusados de tentativa de homicidio en contra de más de 40 policías que resultaron heridos el día de la gresca, de privación ilegal de la libertad contra otros dos, y de motín y ataques a vías de comunicación.
Estos tres detenidos enfrentarán su proceso en prisión pues algunos de los delitos de los que se les acusa no permiten libertad bajo caución; podrían alcanzar hasta 13 años de prisión, de acuerdo con el Código Penal de Puebla.
El funcionario confirmó que todos están acusados por la muerte de este niño de 13 años y también se les acusa de tentativa de homicidio por las nueve personas que resultaron con lesiones o mutilaciones en el enfrentamiento que se dio cuando un grupo de manifestantes —que exigían el regreso del servicio de Registro Civil a su comunidad— bloqueaban la autopista Puebla-Atlixco y fueron desalojados.
“El tema de los policías sigue avanzando. Todos están acusados por los mismos delitos que es homicidio y tentativa de homicidio (…) Es por la muerte del menor, entre otros delitos”, dijo el funcionario ante medios locales.
El funcionario no precisó si fueron acusados por homicidio doloso o culposo, pero fuentes del TSJ estatal que pidieron mantenerse en el anonimato por no estar autorizadas para hablar sobre el caso, explicaron a CNNMéxico que la acusación es por homicidio culposo.
El Código Penal del estado de Puebla establece penas por el delito de homicidio que van de cinco a 40 años de prisión, dependiendo de si se considera culposo o doloso y de las agravantes del mismo.
En la noche del 17 de octubre y madrugada del 18 fueron aprehendidas once personas, entre quienes se encuentran los citados seis policías estatales y también cinco pobladores de San Bernardino Chalchihuapan; a dos de los cinco civiles de detenidos se les acusa de ataques a vías de comunicación y de motín, mientras que a los otros tres también se les acusa de tentativa de homicidio por las lesiones sufridas por 40 policías estatales en el enfrentamiento.
¿Y los infiltrados?
El 31 de julio pasado, el procurador local Víctor Carrancá Bourget había asegurado que un grupo de infiltrados —y no de los pobladores de Chalchihuapan que se manifestaban— fue el que causó la muerte del menor José Luis Tehuatlie con la onda expansiva de un cohetón, y que fueron piedras lanzadas por el mismo grupo las que hirieron al resto de los participantes, tanto civiles como granaderos.
Sin embargo, la versión fue rechazada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); este organismo realizó una investigación que concluyó el pasado 11 de septiembre que fue un cilindro de gas de largo alcance lanzado por algún policía lo que lesionó y posteriormente le costó la vida al menor, y que un proyectil de las mismas características pero de menor alcance lesionó al resto de los pobladores.
El pasado 11 de septiembre, al presentar los resultados de su investigación, la CNDH emitió una serie de recomendaciones para el gobierno poblano, entre las que incluyó iniciar procedimientos de responsabilidad contra el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, Facundo Rosas Rosas, y contra el titular de la PGJ, Víctor Carrancá Bourget. Además pidió reparar los daños a las víctimas y a sus familiares, ofrecer una disculpa pública y crear una fiscalía especial para investigar lo sucedido, entre otras medidas; la administración del panista Rafael Moreno Valle dijo ese mismo día que acataría todas las recomendaciones.
El gobierno local dio por cumplido todas las recomendaciones con la detención de once personas; la imposición de una multa económica —de un monto no revelado— al secretario de Seguridad Pública estatal, Facundo Rosas Rosas; la destitución del cargo y sanción económica a la subsecretaria de Coordinación y Operación Policial, Ofelia Flores Ramos y a dos mandos operativos; el despido e inhabilitación por cuatro años a seis elementos policiacos y otras acciones.
Salen bajo caución dos pobladores
Raúl Contreras y Álvaro García Xelhua, acusados por los delitos de ataques a vías de comunicación y motín enfrentarán su proceso en libertad, luego de que jueces les fijaron una fianza de más de 40,000 pesos a cada uno.
El primero, quien, según sus abogados, fue confundido por otra persona de nombre Bernardino Ocotl Ocotl, abandonó el penal de San Miguel —ubicado en la capital poblana— la tarde del sábado tras pagar la fianza; mientras que García Xelhua abandonó el penal este lunes.
Los otros tres pobladores, Florentino Tamayo Ponce, Vicente Juárez Varela y Fausto Montes, son acusados de tentativa de homicidio en contra de más de 40 policías que resultaron heridos el día de la gresca, de privación ilegal de la libertad contra otros dos, y de motín y ataques a vías de comunicación.
Estos tres detenidos enfrentarán su proceso en prisión pues algunos de los delitos de los que se les acusa no permiten libertad bajo caución; podrían alcanzar hasta 13 años de prisión, de acuerdo con el Código Penal de Puebla.
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