Las agresiones a periodistas y medios de comunicación
que han cuestionado las acciones del gobernador Rafael Moreno Valle,
ubicaron a Puebla en el segundo lugar nacional de agresiones contra la
libertad de expresión durante el tercer trimestre del año, tan sólo
detrás de Quintana Roo, refirió la organización Artículo 19.
En su informe trimestral considerado “El más violento para la prensa en
la administración de Enrique Peña Nieto”, el organismo de carácter
internacional indica que en la entidad se registraron un total de 10
agresiones contra la prensa en el periodo de referencia.
Cabe señalar que en los dos trimestres anteriores sólo se reportaron cinco casos, por lo que en total suman 15 hasta esta fecha.
De acuerdo con Artículo 19, se presume que en su mayoría, funcionarios
públicos han sido los autores de las agresiones registradas en Puebla,
sin embargo en ninguno de los casos hay responsables sancionados.
Veracruz y el Distrito Federal son otras entidades que destacan por su
alto número de denuncias, incluso por encima de la franja que conforman
Michoacán, Guerrero y Oaxaca.
Robos domiciliarios
Del total de ataques, dos fueron robos domiciliarios en contra de
comunicadores, uno de estos en contra del caricaturista del Diario
Cambio, Elmer Sosa, ocurrido el 17 de agosto; así como el de la casa de
Luis Enrique Sánchez Fernández, quien se desempeña como director del
portal de noticias Poblanerías , acontecido el 28 de julio.
De igual manera, Articulo 19 registró dos ataques cibernéticos, de los
cuales uno consistió en el bloqueo de la página electrónica del Diario
Cambio por un más de 36 horas, desde el miércoles 30 de julio hasta el
jueves 31 de julio pasados.
Asimismo, el organismo contabilizó tres ataques físicos a periodistas,
sin embargo por razones de seguridad no se dan detalles de los nombres
de los afectados.
Otras de las agresiones registradas consisten en la incautación de
equipos de transmisión de radios comunitarias, además de un acto de
intimidación hacia un periódico local.
Desmantelamiento de radios comunitarias
Los ataques a las radios comunitarias consistieron en el
desmantelamiento de las estaciones de Zacatepec Radio y Radio Axocotzin,
que se trasmitían en los municipios de Juan C. Bonilla, Morelos, y San
Andrés Cholula, Puebla, respectivamente, pues estas fueron suspendidas
el lunes cuatro de agosto por personal del Instituto Federal de
Telecomunicaciones (IFETEL) y Policías Federales, quienes les incautaron
consolas, micrófonos, computadoras y equipo de trasmisión.
El desmantelamiento de Radio Zacatepec fue realizado con exceso de
fuerza por 10 elementos comandados por Raúl Leonel Mulhia Arsaluz, quien
mostró un documento firmado por el Director General Adjunto de
Supervisión, Inspección y Sanciones de Radiodifusión del IFETEL, en el
que se fundamentan la incautación de un transmisor, dos micrófonos, un
transformador, una CPU y una consola.
Respecto a la desarticulación de Radio Axocotzin, ubicada en la junta
auxiliar de Tlaxcalancingo en San Andrés Cholula, el informe indica que
el motivo de la incautación del equipo fue porque su señal interfería
con otras señales, así como la de los aviones. Sin embargo, en el oficio
número IFT/DO2/USRTV/DGASIS/1361/2014 se señala que el motivo de la
incautación es debido a que la estación de Radio Comunitaria no contaba
con un permiso o concesión.
Esta última estación dio cobertura al enfrentamiento entre pobladores de
la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan y policías estatales
el pasado nueve de julio, en donde el niño José Luis Alberto Tehuatlie
Tamayo, fue herido por un proyectil, suceso que le costó la vida.
A nivel nacional, Artículo 19 ha documentado 222 agresiones en contra de
periodistas entre enero y septiembre de este año, de los cuales 94
fueron ataques físicos, 40 actos de intimidación, 37 amenazas; hubo 23
detenciones arbitrarias; tres asesinatos a periodistas y el ataque a las
instalaciones de un medio de comunicación donde falleció el hijo de un
comunicador.
En el 42 por ciento de las agresiones el responsable es un funcionario
público; en 17 por ciento es un particular y 27 por ciento se desconoce
al atacante.
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