A la par, en la Ciudad de México los comerciantes se manifestaron junto a diversas organizaciones agrupadas en la II Asamblea Nacional de las Resistencias.
En ambas protestas se informó que Rubén Sarabia Sánchez Simitrio, asesor general de la UPVA 28 de Octubre, sus hijos Xihuel y Atl Tonatihu Rubén Sarabia Reyna, dirigente principal el primero y activista el segundo, y los lex integrantes del Consejo de Representantes, Luis Fernando Alonso Rodríguez y José Muñoz Villegas, son presos políticos por el gobierno de Puebla; además, informaron que las autoridades mantienen como procesados políticos Rita Amador López, esposa de Simitrio y dirigente general de la UPVA 28 de Octubre, María de la Luz “Julia” Gálvez Javier, esposa de Xihuel, Sergio León López y Silverio Montes Silva, de la comisión negociadora.
Este día acusaron que todos son víctimas del gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas que, como parte del “estado burgués terrateniente”, es responsable de aplicar en Puebla la guerra y la represión contra el pueblo para impedir que organizaciones sociales se desarrollen como instrumentos de lucha.
Los comerciantes de la 28 de Octubre señalaron que Moreno Valle aprovechó para lograr sus intereses y objetivos particulares: imponer su cacicazgo neoliberal y promoverse como precandidato del PAN a la presidencia de la república; sin embargo, arguyeron que tras dejar la gubernatura han pasado más de 100 días de que Antonio Gali Fayad tomó posesión como nuevo gobernador y no ha resuelto el conflicto de los presos políticos.
La 28 de Octubre refirió que a pesar de que la nueva autoridad se comprometió a distanciarse de la política de represión, despojo, imposición y cerrazón de su antecesor y aplicar su propia política de reconciliación social y acercamiento con la población, esta situación continúa.
En el caso del preso político Simitrio, expusieron que luego de compurgar en enero de 2015 la sentencia total que le fue impuesta en el proceso penal 113/89, y hasta la fecha sigue en prisión domiciliaria.
En ese sentido, sostuvieron que es completamente ilegal que la autoridad lo mantenga privado de su libertad, pues la juez que le revocó el beneficio de prelibertad y ordenó su detención y encarcelamiento simplemente es incompetente. Por lo tanto, fundamentaron, cuanto ella hizo queda insubsistente, así como la nueva sentencia que –sin haberlo oído en defensa– la juez de ejecución de sentencias le dictó para poder cumplirse hasta el 10 de noviembre de 2050.
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2017/05/23/la-upva-exige-libertad-presos-politicos-100-dias-del-gobierno-antonio-gali-fayad/
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