La guerra contra los llamados chupaductos apenas comienza y ya dio visos de que puede resultar fallida y violatoria de los derechos humanos, como ocurrió en el caso de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014. En aquella ocasión, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) perpetraron ejecuciones extrajudiciales, como ahora en Palmarito, según los videos difundidos días después del enfrentamiento.
Las cámaras que presuntamente colocaron los delincuentes registraron todo. En las imágenes se observa cuando un soldado dispara contra un civil que ya había sido sometido; también registra el momento en que los militares recogen algunos casquillos para alterar la escena del crimen y se llevan los dos artefactos que grabaron el tiroteo.
La Sedena pidió que se revise el material, de más de dos horas de duración, para comprobar su autenticidad, y en el cual también se ve cuando un sujeto abre fuego contra los soldados y abate a uno de ellos. Hasta el cierre de edición no había ningún elemento que sustentara la versión oficial de que las bajas de civiles se debieron a que los huachicoleros usaron a mujeres y niños como “escudos humanos”.
Testimonios de los lugareños sostienen que los soldados iban tras los huachicoleros y, al llegar al poblado, arremetieron contra las personas que encontraron a su paso. Entre los caídos, dicen, había un ama de casa, un agricultor y un menor; además, aseguran, se llevaron a dos niños, uno de ocho años y otro de 13.
A la entrada de Palmarito, en la barda de la iglesia y en la fachada de la Presidencia Auxiliar los pobladores colocaron decenas de mantas en las que exponen sus quejas. “Queremos paz por el bien de los niños. Soldados, no maten a gente inocente”, dice una.
Otra alude a los huachicoleros, quienes, según los pobladores, intervinieron para defenderlos del ataque militar: “El pueblo respalda a quien defendió a nuestras mujeres y niños”, se lee en la manta.
Habitantes de la localidad refieren que en los últimos días sus casas han sido cateadas sin orden judicial y algunos soldados incluso han encañonado a varios menores y tratan a todos los pobladores como delincuentes.
Varios de ellos acudieron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a presentar su queja. El ómbudsman nacional les otorgó medidas cautelares, por lo que la Policía Militar ya no podrá ingresar a Palmarito Tochapan, señalado como uno de los principales bastiones del huachicoleo.
Un nuevo modo de vida
De acuerdo con las autoridades estatales, se tienen ubicadas varias bandas que controlan el llamado Triángulo Rojo y se asientan en Palmarito, Palmar de Bravo, Esperanza y Yehualtepec.
Uno de los grupos, indican, es comandado por Roberto de los Santos de Jesús, El Bukanas, presunto operador de Los Zetas en Puebla, Veracruz y Tlaxcala; los cabecillas de las otras bandas son Antonio Martínez Fuentes, El Toñín; Gustavo Jiménez Martínez, La Vieja, y Ruselbi Vargas Hernández, El Ruso.
Los integrantes de estos grupos portan armas de grueso calibre, como rifles AK47 y R15, por lo que tienen una alta capacidad de fuego, como quedó demostrado en el enfrentamiento con tropas de la Sedena en Palmarito, a las que les causaron cuatro bajas.
Los alcaldes de la región advierten que la problemática es más compleja, pues en algunas comunidades el robo de gasolina lo realizan varias familias, quienes cuentan con cisternas y tinacos para almacenarla.
Eso quedó demostrado el 4 de enero último, cuando cuatro integrantes de una familia murieron en Tlacotepec de Juárez intoxicados por los gases emanados de la cisterna de su domicilio, donde guardaban 10 mil litros de huachicol.
La delegada de la Secretaría de Gobernación en Puebla, Isabel Allende, señala que en numerosas comunidades de la entidad el robo a Pemex ya no es visto como un delito, sino como una “oportunidad” o “modo de vida”.
Cuenta que muchos de los vehículos detenidos por la Gendarmería por transportar bidones con hidrocarburo robado llevan a bordo al padre, su esposa y sus hijos.
También, dice, algunos habitantes son cooptados por los delincuentes mediante fiestas o regalos de electrodomésticos; otros simplemente se quedan callados para no enfrentar a los huachicoleros, quienes son sus vecinos, amigos o familiares.
A mediados de marzo último, el gobernador Antonio Gali Fayad presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) relacionada con 12 menores que, según comprobaron las autoridades, fueron contratados como halcones por los ladrones de combustible, quienes les pagaban hasta 12 mil pesos mensuales.
Según datos de Pemex, en los dos últimos años tuvieron pérdidas de más de 7 millones de pesos al día por la ordeña de ductos. De esa cantidad, el 26% –poco más de 2 millones–, es por el combustible que se extrae de los ductos de la paraestatal ubicados en Puebla.
Al principio, los huachicoleros sólo operaban en seis municipios, pero en los últimos meses ampliaron sus actividades a 20, entre ellos Tepeaca, Acatzingo, Quecholac, Tecamachalco, Palmar de Bravo, Tlacotepec, Esperanza, Amozoc, Xoxtla, Tochtepec, San Matías Tlacanaleca, San Martín Texmelucan y otros del sur de la capital poblana.
El pasado martes 2, la banda identificada como Los Macacos, ligada al robo de hidrocarburos, asaltó a una familia de Quecholac que viajaba por la autopista Puebla-México, a la altura de San Martín Texmelucan. Los delincuentes asesinaron a un niño de dos años y violaron a su hermana de 14 años y a su madre.
Estrategia equivocada
Carlos Figueroa Ibarra, sociólogo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, advierte que la decisión del Ejecutivo de enviar a Puebla más de 2 mil efectivos del Ejército para combatir a los huachicoleros está condenada al fracaso, como ocurrió con la guerra emprendida por el presidente Felipe Calderón y continuada por Enrique Peña Nieto.
Existe el riesgo de que la violencia se generalice y los militares cometan violaciones a los derechos humanos, como ocurrió en Palmarito, dice Figueroa, quien es secretario nacional de Derechos Humanos del partido Morena.
Puntualiza: Mandar esa cantidad de soldados a la zona “es insistir nuevamente en la guerra; ya vimos que la opción bélica para erradicar a las bandas criminales es ineficiente. Es una visión punitiva del patrón de la delincuencia en lugar de tener una visión integral para combatirla. Eso ha quedado comprobado en los últimos 10 años en México y en otros países de América Latina”.
En el caso del huachicol, opina que, para combatir el delito, se requiere no sólo el uso de la fuerza, sino observar las necesidades insatisfechas de empleo, servicios y justicia social. Si no se atiende eso, es probable que los pobladores se conviertan en aliados de los criminales.
Además, dice Figueroa, la actuación de los soldados tiene que ser monitoreada por organismos defensores de derechos humanos.
Refiere que la ordeña de ductos creció de manera notable en los últimos años presuntamente al amparo de la protección de las fuerzas de seguridad pública y por la corrupción de los distintos órganos del estado.
Lamenta también que sólo estén en la cárcel los eslabones más vulnerables de la cadena delictiva –los campesinos–, mientras que los demás –el personal de Pemex, los grupos delictivos que mueven el combustible a gran escala y los compradores– gozan de la protección de las autoridades.
Roxana Luna Porquillo, exdiputada federal por el PRD, señala que hasta ahora la estrategia para combatir a los huachicoleros se ha quedado en “golpes mediáticos” que pasan por la criminalización de los pueblos, pero no se observa el problema de fondo: el abandono económico de una zona netamente agrícola.
Como ejemplo cita el Operativo Encrucijada contra El Bukanas, emprendido por el gobernador Gali Fayad el 9 de marzo pasado y en el que participaron 500 efectivos estatales.
Y aun cuando el criminal escapó, los uniformados arrestaron a 87 supuestos integrantes de su grupo en los municipios de Esperanza, Atzitzintla, Cuyachapa y Palmar de Bravo en una sola noche. Veintidós de los detenidos fueron puestos en libertad por falta de pruebas y sólo 42 han sido procesados.
Uno de ellos es el alcalde de Atzitzintla, Isaías Velázquez, quien milita en el PRD. En ese momento fue ubicado como el “José Luis Abarca” de Puebla –en alusión al exalcalde de Iguala, Guerrero, presuntamente implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa– por su supuesta protección a los grupos delictivos.
El PRD estatal considera que Velázquez es un preso político, pues se le acusa sólo de “obstrucción a la justicia”, por el cual tiene derecho a fianza.
Crisis de seguridad
La exdiputada Luna Porquillo sostiene que el asunto del huachicol en Puebla se disparó en el sexenio del panista Rafael Moreno Valle. Dice que éste actuó con dureza en contra del movimiento social, usando incluso equipos de espionaje para perseguir a activistas, políticos y periodistas, pero no hizo nada para detener a los criminales que destruyeron el tejido social de muchas comunidades poblanas.
El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, se expresó de manera similar: “No se debió llegar a esto; se debió solucionar a tiempo”.
Marcos Mazatle, integrante del Observatorio Ciudadano Laboral Poblano, asegura que la crisis de seguridad que vive Puebla a causa de los huachicoleros tiene responsables, pero que nadie los está investigando.
El observatorio pide que se investigue a Facundo Rosas Rosas, quien fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública durante la gestión de Moreno Valle.
En julio de 2015, dos mandos policiacos cercanos a Rosas, el director general de la Policía Estatal, Marco Antonio Estrada López, y el encargado del Grupo de Operaciones Especiales, Tomás Méndez Lozano, fueron detenidos cuando custodiaban vehículos con hidrocarburos robados.
Eso le costó el puesto a Rosas, quien fue despedido por Moreno Valle en medio de elogios. Nunca se le investigó. Todavía peor, la estructura que armó Rosas en la SSP permaneció intacta, dice Mazatle.
Hoy, la ordeña de ductos en Puebla es una próspera industria de la cual depende toda una región; incluso ya tiene su propia cultura, sus canciones y hasta su santo.
La senadora perredista Dolores Padierna también pide que se abra una investigación para saber si los recursos procedentes del robo de combustible han servido para financiar la campaña de Moreno Valle, quien busca ser candidato del PAN a la Presidencia.
“¿Existe algún vínculo entre el robo de combustibles y el financiamiento ilegal a campañas políticas, como podría ser la del propio exgobernador Moreno Valle? Esta duda está presente en el análisis de lo ocurrido en la comunidad de Palmarito y debe ser investigado e informado por las autoridades del estado de Puebla y las federales”, expuso Padierna.
Dos de los aspirantes a la Presidencia –Margarita Zavala y Andrés Manuel López Obrador, del PAN y de Morena, respectivamente– se pronunciaron sobre el problema que atañe a Puebla: Moreno Peña ha guardado silencio, y prefirió aprovechar la reciente pelea del Canelo contra Julio César Chávez Jr. para promocionar su libro La fuerza del cambio.
Este reportaje se publicó en la edición 2115 de la revista Proceso del 14 de mayo de 2017.
http://www.proceso.com.mx/486604/huachicoleros-crecieron-crecieron-en-sexenio-moreno-valle
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