Como aspirante a la presidencia del país, Rafael Moreno Valle Rosas propone retirar la pensión vitalicia a los ex jefes de Estado por parecerle injusta; sin embargo, como ex gobernador de Puebla goza de seguridad personal que cuesta a la hacienda pública del estado alrededor de 2 millones de pesos anuales.El militante del PAN se hizo acreedor a ese privilegio a partir del 1 de febrero pasado, al día siguiente que concluyó su administración gracias a una reforma que aprobó el Congreso local durante su mandato, a propuesta de uno de sus aliados políticos, el ex diputado de Nueva Alianza Héctor Alonso Granados.
En febrero pasado llegó al Poder Legislativo una iniciativa del PRI que propone desaparecer ese beneficio, pero la mayoría de parlamentarios –que son afines a Moreno Valle– se ha negado a discutir el proyecto durante medio año.
“No es justo porque todos somos iguales”, arguye Moreno Valle
Moreno Valle propuso desaparecer la pensión vitalicia de los ex presidentes de la República dentro de la tercera gira nacional que encabeza con miras en los comicios del año entrante bajo el nombre #RafaTeEscucha.
“No es justo porque todos somos iguales, porque todos ante la ley tenemos los mismos derechos y merecemos las mismas oportunidades”, expresó el 20 de agosto pasado en un acto masivo en Tepic, capital del estado de Nayarit.
En el mismo acto, Moreno Valle sugirió también una revisión a los topes de los salarios de los servidores públicos, porque “desgraciadamente vemos funcionarios del gobierno federal, de organismos descentralizados, desconcentrados y autónomos que ganan más que el presidente”.
Ocho escoltas vigilarán a Moreno Valle durante 12 años
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE) debieron asignar un total de ocho escoltas para garantizar la integridad de Moreno Valle, protección que se prolongará durante 12 años, de acuerdo con la reforma que aprobó el Congreso a la Ley de Seguridad Pública del estado en 2012.
El diputado del Partido Revolucionario Institucional Francisco Jiménez Huerta estimó que la hacienda pública erogará un total de 23 millones de pesos al término de ese plazo, es decir, un millón 920 mil pesos al año, con un sueldo al mes de 20 mil pesos por elemento.
“No es equitativo que una persona goce de privilegios por haber sido servidor público que los demás habitantes del estado no gozan. No se puede tener un servicio de escoltas dotados por el Estado cuando la prioridad (…) es salvaguardar la seguridad y la vida de los poblanos”, argumentó el Jiménez, quien es autor de la iniciativa que pretende derogar ese derecho.
El 8 de febrero pasado, el priista pidió el respaldo de la LIX Legislatura para aprobar la enmienda, con el objetivo de que esos recursos se destinen a combatir la delincuencia, pero el Congreso mantiene archivado el proyecto sin dictaminarlo.
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2017/09/11/morenovallistas-3/
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