En la antesala del Congreso del estado de Puebla se encuentra la ley indígena, que para su consolidación se realizarán cuatro consultas públicas, pero lo más importante es que ayer avalaron la modificación al artículo 13 de la Constitución Política del estado de Puebla donde se reconoce a las comunidades indígenas como sujetos de derecho público.
Lo anterior se acordó al interior de las comisiones unidas de Asuntos Indígenas y Gobernación.
En este escenario, el diputado del Partido del Trabajo, José Manuel Benigno Pérez Vega, aplaudió la reforma con la cual desaparecerá la figura paternalista del gobierno hacia estas comunidades, ya que una vez que se apruebe la ley indígena serán figuras de derecho público. “Fue un gran logro, fue una lucha dura porque desde el principio se veía que querían imponer que las comunidades indígenas fueran de interés público en lugar de ser sujetos de derecho público”.
En la misma sintonía se pronunció el diputado del PRD, Melitón Lozano Pérez, quien reconoció la voluntad política de todos los grupos parlamentarios para apoyar a las comunidades indígenas a través de la referida reforma: “celebro que haya apertura y vamos a dar el siguiente paso”.
Además, destacó que Puebla se suma a los estados de Oaxaca y San Luis Potosí —los únicos en el país— que en sus leyes reconocen a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público. “Esta reforma rescata el antecedente de los acuerdos de San Andrés Larráinzar, donde ahí ya se apuntaba que los pueblos deberían de ser considerados y elevados a la categoría de sujetos de derecho público”.
De esta forma, los diputados locales siguen trabajando para consolidar la ley indígena que saldrá probablemente en la recta final de la LVII Legislatura, que encabeza el priista Humberto Aguilar Viveros.
Tome nota
Las consultas públicas se llevarán a cabo el 29 de octubre en el municipio de Zacatlán, el 8 de noviembre en Zacapoaxtla, el 17 en Ajalpan y el 19 de ese mes en la capital poblana. Abordarán los siguientes temas: derechos de los pueblos indígenas y sus comunidades; cultura y educación indígenas; niñas, niños, adolescentes y mujeres indígenas; y procuración y administración de justicia indígena.
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