Puebla, Puebla.- A la mayoría de los mexicanos les interesa poco o nada los asuntos políticos, consideran que los procesos electorales son demasiado frecuentes, que los legisladores toman decisiones en razón de sus intereses, incluso los partidos políticos -al igual que la policía y los sindicatos- son quienes tienen menor grado de confianza entre los ciudadanos.
Lo anterior se ve reflejado en los resultados de la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (Encup) de 2008. Los indicadores señalan que al 60 por ciento de los ciudadanos no les interesan los temas políticos; 3 de cada 4 ciudadanos opinan que lo que los legisladores laboran para beneficio de sus partidos.
Si bien tales tópicos son de poca importancia para los ciudadanos, los poblanos han observado 6 procesos electorales, 2 federales y 4 estatales, en sólo una década.
Hoy por hoy en el seno del Congreso local y al interior de las instituciones políticas se discute, desde hace tres semanas, el paquete de reforma electoral del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, enviado al Legislativo el 8 de julio.
Argumentan que la importancia de abordar el tema radica en que los comicios gocen de mayor transparencia, sean baratos, que garanticen a los ciudadanos una mejor representación y sobre todo que la frecuencia de las elecciones sea menor.
El politólogo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Diego Velázquez Caballero considera que los principales beneficios de impulsar una reforma son que los ciudadanos estén mejor representados, que el gasto público sea menor, que las autoridades tengan herramientas para encabezar mejores gobiernos y que las instituciones electorales se fortalezcan.
A su consideración, las modificaciones a la Constitución local, al Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, así como a la Ley Orgánica Municipal que propuso el Ejecutivo, no cumplen con tales premisas.
En las modificaciones propuestas por el gobierno estatal no se combate el transfuguismo político o a los políticos chapulines (cuando un miembro de un partido se separa de aquel que lo llevó al Legislativo para unirse a un partido político diferente), se deja de lado la reelección de diputados y alcaldes, ni se permite la participación ciudadana como candidatos independientes.
Aunando a ello el debate se ha centrado en el periodo de 18 meses para el próximo gobernador, así como la homologación de elecciones locales con las federales, que se hará efectiva en la jornada de 2018, cuando “ninguno de estos temas son importantes, ni marcan la diferencia”, como los mencionados con anterioridad y que no se incluyeron en la propuesta.
Por ello, Velázquez Caballero opinó que la urgencia de aprobar la reforma obedece a intereses políticos, y a un reacomodo del escenario electoral para proyectos personales.
Ejemplo de ello es la homologación de elecciones para 2018, ya que para empatar los comicios en esa fecha se requiere de un gobernador de 18 meses cuando podría postergarse para 2021 con un mandatario de 4 años y medio.
“Más que la ley son los intereses que se están evidenciados, la guillotina no debe depender de tiempos de intereses personales”.
Aunque la propuesta del Ejecutivo señala que la homologación es en función a las reformas constitucionales de 2007, ninguna ley obliga a los estados a empatar las elecciones locales y federales por cuestión de años, pero sí de fecha.
El artículo 116 constitucional en su fracción IV inciso A, señala “Las elecciones de los gobernadores, de los miembros de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; y que la jornada comicial tenga lugar el primer domingo de julio del año que corresponda. Los Estados cuyas jornadas electorales se celebren en el año de los comicios federales y no coincidan en la misma fecha de la jornada federal, no estarán obligados por esta última disposición;”
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