El director general del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, Germán Molina Carrillo, advirtió que la aplicación de la Ley de Educación Superior en la entidad provocará que las universidades privadas incrementen el costo de sus colegiaturas hasta en 50 por ciento, debido a la obligatoriedad para presentar certificaciones y acreditaciones ante organismos nacionales e internacionales.
En rueda de prensa, Molina Carrillo pidió al gobierno estatal apoyar a las instituciones para sufragar los gastos de las acreditaciones, además de asignar recursos directos para la ampliación de infraestructura.
“Si se aprueba la ley y no hay apoyos para las instituciones de educación superior, seguramente las colegiaturas aumentarán 50 por ciento. Actualmente las mensualidades van entre mil 200 y 2 mil pesos, y si se aumentan muchos estudiantes ya no tendrían opciones, pues el costo subiría hasta unos 3 mil pesos cada mes”, señaló.
El director general del ICI indicó que las certificaciones administrativas en el método ISO cuestan alrededor de 150 mil pesos, mientras que la obtención de acreditaciones ante organismos como la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (Fimpes) y el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (Copaes), cada institución necesita alrededor de un millones de pesos.
Molina Carrillo abundó que la intención de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de cerrar de manera definitiva a las instituciones que carezcan de certificación en sus programas de estudio, afectaría a los jóvenes inscritos en las universidades, pues “no sabrían a dónde ir ni si los recursos que tienen pueden ser suficientes para continuar con sus estudios”.
El director general del ICI recordó que tanto la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) como la Universidad Iberoamericana (Ibero) Puebla “comenzaron sus clases en galerones”, por lo que pidió “prudencia” a las universidades particulares de mayor tamaño frente a las instituciones que son de reciente creación.
“Ya se olvidaron que salieron de las cocheras, de los galerones y ahora exigen que las universidades pequeñas salgan del mercado. Para estar donde están ahora pasaron por muchos procesos y es la misma oportunidad que queremos que nos brinde el (gobierno del) estado”, apuntó.
Finalmente, Molina Carrillo propuso que el gobierno del estado debe conceder un plazo “razonable de tres años” para que las instituciones consigan acreditarse y obtener el Registro de Validez Oficial de Estudios, pues de lo contrario “causarían un desequilibrio entre los universitarios”.
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