De los casos de corrupción denunciados a la Secretaría de la Contraloría, sólo 10 se encuentran en manos de un juez para su resolución, indicó la titular de la dependencia, Patricia Leal Islas.
En entrevista, detalló que los casos corresponden a funcionarios del Registro Público de la Propiedad, agentes de vialidad, Protección Civil y supervisores de transporte, detectados gracias al programa Ciudadano Encubierto.
“Esos son los casos concretados, porque hemos tenido algunos donde se hace la denuncia, se detecta y se retira el servidor público”, explicó Leal Islas.
Cuestionada también sobre las supuestas órdenes de aprehensión libradas contra Alfredo Arango García y Eduardo Macip, ex titulares de los Servicios de Salud y Soapap respectivamente, recalcó que a la Contraloría sólo le corresponden los procesos de investigación.
“Mi trabajo no ha concluido, yo se los he comentado y, si en el transcurso de las revisiones voy encontrando hallazgos que se puedan encuadrar en una acción legal, la turno a la autoridad competente. Una situación administrativa que deba conocerse, ventilarse y resolverse en la propia Contraloría, así la trabajamos, pero las órdenes de aprehensión las libra un juez”, precisó la funcionaria.
De igual forma, reiteró que mientras continúan las revisiones, no pueden revelar datos sobre los sujetos bajo investigación y, aunque los procesos parezcan estancados, hay algunos que ya se encuentran en manos del Poder Judicial de la Federación.
Tal es el caso, dijo, de funcionarios que podrían ser inhabilitados laboralmente hasta por 12 años, por haber facilitado los permisos para la circulación de mototaxis.
En cuanto al programa Ciudadano Encubierto, cabe recordar que cualquiera puede presentar una queja de manera presencial, a través del correo electrónico quejasydenuncias@puebla.gob.mx o al teléfono 01 800 466 37 86.
Una vez hecha la queja, con el respaldo de la Contraloría, el usuario puede presentar una denuncia penal por cohecho ante el Ministerio Público para que, en el momento de entregar la cantidad requerida por el funcionario, sea detenido en flagrancia.
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