Reciente información de evaluación y análisis económico del Mutual Evaluation Report, que es un estudio elaborado por la Financial Action Task Force (FATF-GAFI) y su filial para los países de América Latina, así como la Financial Action Task Force on Money Laundering in Suoth America, (GAFISUD), en colaboración con el Fondo Monetario Internacional, han catalogado a diversos estados de la República mexicana como de los que mantienen mayores reportes de operaciones inusuales de dinero, entre los que se encuentra precisamente el estado de Puebla
Por Fernando Casco
El estudio se deriva de la nueva normatividad mexicana que obliga a diversas instituciones bancarias y financieras a notificar a las autoridades las operaciones que puedan situarse eventualmente en una hipótesis de lavado de dinero, por medio de casas de cambio, empresas de factoraje financiero, uniones de crédito, almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras, transmisores de dinero en centros cambiarios, así como instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Limitado (SOFOLES). Muchas de estas operaciones ingresan a la base de datos por medio del reporte que se emite a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el cual incorporan las operaciones en las que sean partícipes y que puedan involucrar recursos de procedencia ilícita. Derivado de lo anterior se creó un mapeo descriptivo de los diferentes estados de la República Mexicana que incorpora la cantidad de operaciones financieras y bancarias inusuales reportadas, estableciendo que en el Distrito Federal se reportaron casi 30 mil actividades con riesgo delictivo, en Jalisco más de 10 mil, más de 2 mil en Nuevo León y el Estado de México, resaltando que en Puebla se expone una cantidad de 1900 operaciones con riesgo de estar vinculadas al delito.
LOS ESTUDIOS Análisis establecen que de manera específica en Puebla, gran parte de la economía se encuentra sustentada en actividades que representan algún tipo de irregularidad, sin una economía basada en las industrias exportadoras o el comercio nacional, sorprende la construcción y expansión de grandes centros comerciales, fraccionamientos residenciales y universidades privadas, lo cual difiere en mucho del desarrollo financiero en otras entidades del país. Se reporta que dinero que no tiene un fondo legal ha tenido tránsito y asentamiento en la Angelópolis, pero también se encuentran catalogados una gran cantidad de recursos que tienen origen en supuestas operaciones financieras provenientes de Puebla. Compra de casas, terrenos, autos importados, aviones, helicópteros, yates, edificios, hoteles y moteles, son una constante reflejada en las estadísticas reportadas en el estado de Puebla, colegios privados con colegiaturas que rebasan los cinco mil pesos mensuales abundan por todo el estado. El origen de muchas operaciones irregulares en el sistema financiero de un estado, es tomado como de alto riesgo para las calificadoras internacionales. Definiéndose el fenómeno que acontece en Puebla como excepcional por dos razones simples. Por un lado puede existir lavado de dinero vinculado a la delincuencia organizada o el dispendio inescrupuloso de recursos públicos que se ingresan de manera directa a la economía estatal y se concentraron en muy pocas personas o empresas, reportando excesivos manejos de dinero, con lo cual se creó un superávit en sus finanzas que fue invertido en infraestructura privada (casas, terrenos, edificios, plazas comerciales, autos, aeronaves) o expulsado del estado a paraísos fiscales por medio de empresas financieras creadas ex profeso. Uno de los casos que se encuentran en plena investigación y consignación es el de Casa de Bolsa Vector, financiera con multimillonarias operaciones financieras para el gobierno de Mario Marín Torres, tal y como lo reportó Acento Veintiuno en octubre del 2012, empresa propiedad del exsecretario de finanzas poblano de nombre Gerardo María Pérez Salazar, quien fungía como autoridad y prestamista para el estado de Puebla. Este grupo financiero concentró un inusual crecimiento en el mercado, justamente a partir de la llegada del gobierno de Mario Plutarco Marín y el arribo accionario de Pérez Salazar, operando con un monto cercano a los 30 mil millones de pesos que han sido adjudicados a los exgobernadores Ulises Ruiz y Mario Marín Torres.
EL FATF-GAFI RECOMIENDA 49 MEDIDAS Las recomendaciones están agrupadas atendiendo a la clasificación en los seis grandes rubros: sistema legal y medidas institucionales; medidas preventivas en instituciones financieras; medidas preventivas en el ámbito no financiero y profesional; personas morales y organizaciones sin fines de lucro; y cooperación nacional e internacional, así como recomendaciones especiales. El nivel de cumplimiento que muestra el sistema legal mexicano, considera tres sub-clasificaciones específicas: a) Delitos en materia de lavado de dinero, b) responsabilidad de las sociedades mercantiles ligadas a tal actividad; y c) decomiso y medidas provisionales. Al respecto, el documento plantea los delitos en materia de lavado de dinero vigentes como la "ocultación o el encubrimiento de la verdadera naturaleza o el origen, ubicación, disposición, movimiento, propiedad de recursos vinculados al lavado de dinero".
LA SHCP Según la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, existen tres tipos de operaciones financieras que por su naturaleza eventualmente podrían llegar a tener vinculación con el lavado de dinero: a) las denominadas operaciones relevantes, b) las inusuales, y c) las operaciones preocupantes. (Puebla ha contenido en diferentes ocasiones reportes de operaciones catalogadas como preocupantes). En primer término, la SHCP ha clasificado dentro de las Operaciones relevantes a todas aquellas que amparen un monto mayor a los diez mil dólares, independientemente de que existan o no elementos que las vinculen con esquemas de lavado de dinero. Estas operaciones durante el año 2010 ascendieron a 6.5 millones de transacciones. En un segundo nivel, la Secretaría de Hacienda ha definido como Operaciones inusuales a todas aquellas que no concuerdan con las actividades conocidas de los clientes bancarios, así como las transacciones que no coincidan con un patrón habitual de comportamiento sin que exista una justificación razonable. Igualmente se consideran Operaciones inusuales a aquellas que pudieran llegar a tener algún vínculo con el financiamiento del terrorismo o con actividades ligadas al lavado de dinero. Por último, existen las denominadas Operaciones preocupantes, las cuales abarcarían las actividades, conductas o comportamientos de directivos, funcionarios, empleados y apoderados de las instituciones que pudieran contravenir las normas financieras. En ese contexto, la SHCP ha diseñado un catálogo sobre diversas empresas que mantienen indicios de operaciones sospechosas e inusuales inherentes a ciertas actividades o sectores, entre las cuales se encuentran más de 45 instaladas en Puebla, y que en una posterior entrega dará a conocer Acento Veintiuno, muchas de ellas vinculadas a exfuncionarios públicos.
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