MÓNICA CAMACHO
A partir de 2002 se ha registrado un incremento constante en el consumo de sustancias ilegales, por lo que Puebla ya ocupa el lugar número 12 a nivel nacional en uso de drogas, de acuerdo con el presidente de la Comisión de Salud del Congreso del estado, Enrique Doger Guerrero.
Los indicadores empeoran en materia de consumo de tabaco y alcohol, pues la entidad ocupa el segundo y cuarto lugar, respectivamente, registrándose la mayor incidencia en la población juvenil.
En ese contexto, Doger presentó una iniciativa para crear la Ley de Prevención de Adicciones para el estado, que pretende evitar el aumento en las estadísticas y propone programas de rehabilitación que garantice a las personas superar una adicción.
Refirió que en 2002 el consumo de sustancias ilegales apenas involucraba a 1 por ciento de la población femenina y a 5 por ciento de la masculina, pero seis años después la proporción se elevó a 2 y 8 por ciento.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones 2008, que soporta la iniciativa de Enrique Doger, Puebla ocupa el doceavo lugar en consumo de drogas, debido a que 7 por ciento de sus habitantes incurre en esa práctica, lo que representa a cerca de 376 mil personas.
Sin embargo, la incidencia en el uso de sustancias ilegales es mayor en el caso de la población masculina, pues 58 por ciento ha reconocido el consumo de drogas, frente a 14 por ciento de las mujeres.
En el caso del tabaquismo, el 25 por ciento de los jóvenes entre 12 y 15 años de edad, cuatro de cada seis conviven con fumadores y 12 de cada 20 han probado alguna vez el cigarro, de los cuales sólo 4 por ciento se convirtió en fumador.
Enrique Doger afirmó que es necesaria la aprobación de una ley para la prevención de las adicciones y el consumo abusivo de bebidas alcohólicas y tabaco, la cual ya opera en Sonora, Chihuahua, Colima y Yucatán, mientras se encuentra pendiente la resolución de los congresos locales en Zacatecas y Jalisco.
“Debemos aprobar medidas encaminadas directamente a la prevención, tratamiento, rehabilitación y reintegración social de las personas con problemas de adicciones, que entre otras acciones, permitan preservar los derechos humanos de quienes se internen en los centros de apoyo y la atención integral a las familias que sufren codependencia”, manifestó.
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