A casi un año del cambio de Legislatura, el Congreso local presentará al pleno la nueva Ley de Transparencia del estado, la cual considera incorporar a los partidos dentro de los sujetos de revisión y deja abierta la posibilidad de clasificar la información como reservada hasta por 12 años.
El proyecto no incorporó la propuesta de Actívate por Puebla de permitir la participación de la sociedad civil en el proceso de selección de los integrantes de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), reconoció la presidente de la Comisión de Transparencia del Poder Legislativo, Josefina Buxadé Castelán.
De acuerdo con la legisladora, la iniciativa (que elaboró de manera conjunta el Congreso del estado y la administración del gobernador Rafael Moreno Valle) se presentará al pleno esta semana para iniciar su trámite legislativo.
El coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, José Luis Márquez Martínez, afirmó que hay condiciones para que la nueva Ley de Transparencia sea aprobada antes de que concluya el año; sin embargo, Josefina Buxadé dejó abierta la posibilidad de que el proyecto se apruebe en el primer periodo ordinario de sesiones del próximo año, el cual arrancará en enero próximo.
La nueva Ley de Transparencia forma parte de los compromisos de campaña que abanderó la coalición Compromiso por Puebla, cuyos diputados tiene la mayoría en el Poder Legislativo.
Desde el 6 de abril pasado, Actívate por Puebla entregó al Congreso del estado 12 propuestas para la nueva Ley de Transparencia, entre la que se encontró “garantizar la participación de la sociedad civil en el proceso de selección de comisionados”, con el fin de fortalecer la autonomía y la independencia de la CAIP.
Cuestionada sobre el tema, Buxadé confirmó que la sugerencia de Actívate por Puebla no se incluyó en el proyecto legislativo, por lo que los diputados locales seguirán siendo los únicos actores facultados para poder definir a los integrantes de ese organismo autónomo.
Josefina Buxadé justificó la decisión que se tomó de excluir la propuesta del movimiento ciudadano, al afirmar que sería difícil organizar a las instituciones, la iniciativa privada y demás integrantes de la sociedad civil para poder tomar partida en un proceso de selección.
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