El primero en caer fue Alfredo Arango, secretario de Salud y director del ISSSTEP en el sexenio marinista, tras de él se giraron ordenes de aprehensión contra Rodrigo Lazcano y Efraín Ruiz Meneses, ex subdirector del ISSSTEP y ex subsecretario de Obra Pública, ahora la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) busca detener a Javier García Ramírez, ex secretario de Desarrollo Urbano y Obra Pública (Sduop), todos por el mismo delito: enriquecimiento ilícito.
De acuerdo con el diario Cómo? fue el Juzgado Primero de lo Penal donde se giró la orden de aprehensión contra el funcionario marinista, uno de los más señalados durante el sexenio pasado por irregularidades y presuntos actos de corrupción, entre ellos obras que duplicaron su costo o triplicaron sus tiempos de construcción como sucedió con el estacionamiento de la Secretaría de Finanzas y Administración o el Centro Expositor.
El portal Status dio a conocer hace unos días que la Secretaría de la Contraloría inició un proceso administrativo —expediente 28/2011– contra dicho funcionario por el “pago indebido” de 11 millones 384 mil pesos en la construcción del hospital General de Izúcar de Matamoros.
En ese caso, García Ramírez autorizó el pago a la empresa constructora Mallinalli SA de CV mediante “órdenes a la directora administrativa de la entonces Seduop, suscritas por el subsecretario Efraín Ruiz Meneses con memoranda números DIROP-DEPAO-2009/0773, DIROP-DEPAO 2009/0849 y DIROP-DEPAO-2009/0497” y “celebró indebidamente el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número O.P./LPN/SEDUOP-20080991 por un monto de 76.7 millones de pesos con IVA incluido”.
En entrevista el diputado panista Mario Riestra Piña, presidente de la Comisión Inspectora, sostuvo ante los micrófonos del programa “Punto de partida”, que dicho hospital nunca funcionó pues se entregaban “prácticamente cascarones” en los que sólo se alquilaba mobiliario para la inauguración.
García Ramírez intentó ampararse a través de su abogado Alberto Delgado Maccise contra la orden de aprehensión en el Juzgado Cuarto de Distrito, pero no se lo han otorgado y le negaron las suspensiones provisional y definitiva que pidió.
Tras conocerse la noticia el secretario General de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, confirmó la existencia de dicha orden de aprehensión.
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