La anunciada reforma al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado (ISSSTEP) comenzó a gestarse con el inicio de la administración de Rafael Moreno Valle, ante la precariedad financiera del instituto que se evidenciaba por la falta de medicamentos y la deficiente calidad de los servicios.
A principios de marzo de 2011, la sección 51 del SNTE comenzó a exigir una auditoría, ante la sospecha de que recursos del Fondo de Pensiones y Jubilaciones se habían desviado para la construcción de la Torre Hospitalaria 5 de Mayo, durante la gestión de Alfredo García Arango como director del Instituto.
Para el mes de junio, la empresa calificadora Fitch Ratings estimó que la viabilidad financiera del ISSSTEP sólo podría garantizarse hasta el año 2017, siempre que se aumentaran las reservas económicas, de lo contrario, no sólo peligraba el pago de pensiones y la prestación de servicios, también representaba un riesgo para las finanzas del Estado.
Al respecto, el secretario de Finanzas, Roberto Moya Clemente, dio a conocer que el déficit del ISSSTEP sumaba 41 mil millones de pesos y que parte del fondo de pensiones y vivienda se utilizó para solventar gastos de operación de servicios médicos.
A la par, el director general del Instituto, Roberto Rivero Trewartha, reveló que ya había denuncias penales ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) en contra de ex funcionarios, debido a las anomalías detectadas por la Secretaría de la Contraloría.
El fondo que llegó a contar con más de mil 300 millones de pesos, se vio reducido a sólo 765 millones a finales de 2010, además de darse a conocer que había alrededor de 170 pensiones fantasmas, cobradas por falsos derechohabientes y beneficiarios.
Ante tal panorama, el gobierno del Estado comenzó a fraguar la reforma con el Congreso local, a través de la bancada panista que coordina Mario Riestra Piña, para no llegar a los extremos de destinar el gasto corriente del Instituto al pago de las pensiones.
En septiembre, trascendió que la sección 51 del SNTE propondría a los diputados incluir en la reforma un incremento de 3 y 6 por ciento a las cuotas de aportación de los trabajadores y del Estado, respectivamente. Con ello, los derechohabientes del ISSSTEP pasarían a destinar 12.5 por ciento de su salario mensual al fondo de pensiones, en tanto que el gobierno erogaría un 26.5 por ciento.
Después de jaloneos y negociaciones entre la bancada panista y los principales sindicatos que reciben servicios del Instituto, la esperada reforma llegó al Congreso del Estado el primer día de diciembre.
La propuesta inicial del PAN, que pretendía aumentar las cuotas obrero-patronales en 4 y 6 por ciento, así como la transición a cuentas individuales tipo Afore, se modificó ante el rechazo de la sección 51 del SNTE, que no aceptó la desaparición del fondo común de pensiones.
Y tan sólo 7 días después, en la sesión pública del 8 de diciembre, la iniciativa de ley fue aprobada por unanimidad en el Congreso, si bien tuvo cambios de última hora para dejar el incremento a las cuotas de trabajadores y patrones en un 3.5 y 5.5 respectivamente, a propuesta del Panal.
Ante las protestas de unos 500 maestros disidentes, los diputados ordenaron el resguardo del Poder Legislativo por elementos de la Policía Estatal, aunque no pudieron evitar varios desencuentros al interior de la sede por la insistencia de una veintena de profesores a quienes se les impedía la entrada al Pleno.
Finalmente, tras dos horas de discusión en las que los diputados hicieron un recuento de las causas que llevaron a la quiebra del Instituto, se aprobó también establecer como edad mínima de jubilación los 65 años tanto para mujeres como hombres. Los únicos en aplaudir la votación fueron los propios legisladores y algunos trabajadores de confianza que llegaron a la sesión.
La reforma fue inmediatamente celebrada por el gobernador Rafael Moreno Valle, así como el secretario de Salud, Jorge Aguilar Chedraui, al señalar por separado que si bien se trataba de una medida difícil, era la única para garantizar la viabilidad financiera del Instituto por los próximos 20 años.
A su vez, Riestra y Rivero Trewartha presumieron que el buen manejo de las finanzas logró reducir en 300 millones de pesos el déficit de este año, que se estimaba en mil millones de pesos.
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