Puebla, Puebla.- ¿Alguna vez ha solicitado su expediente médico y se lo han negado porque el hospital argumenta que es propiedad del instituto, está prohibido o cualquier otro motivo? La negativa es constante al grado de asumir que nuestra historia clínica es propiedad de una institución, incluso ya ni solicitamos el documento.
Sin embargo los ciudadanos podemos obtener esta o casi cualquier información, desde nuestro historial médico hasta el uso de recursos que emplean los gobiernos municipales, estatales y federales. Así se establece en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
A través de esta herramienta salió a la luz pública el “Toallagate”-diario Milenio- cuando la familia del ex presidente Vicente Fox Quesada gastó 400 dólares en toallas, mil 500 dólares en juegos de sábanas y más de 900 mil dólares en la remodelación de la residencia oficial “Los Pinos”; así como los gastos en vestuario de la pareja presidencial -diario El Universal– que superaron los 875 mil pesos.
Puebla no ha sido la excepción, hace más de un mes, Lado B reveló que la administración morenovallista destina 2 millones 261 mil 686 pesos para financiar la seguridad privada del exgobernador, Mario Marín Torres.
Aunque pareciera que los poblanos tienen acceso a la información pública y que los gobiernos deben transparentar el ejercicio del erario, los sujetos obligados – entes que deben entregar información como los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como órganos autónomos y los 217 Ayuntamientos- suelen reservar información o catalogarla como confidencial, pareciera que la transparencia “duele” o “incomoda” a algunos funcionarios, lamentó la comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Ifai), María Elena Pérez-Jaén durante un foro en Brasil.
A decir de académicos, organizaciones sociales, diputados y hasta el gobernador, Rafael Moreno Valle Rosas –durante campaña- coincidieron en que debe haber una reforma, ya que es la séptima peor ley en comparación con las 33 normas en la materia -31 de los estados, una del Distrito Federal y la ley federal- según el Índice del Derecho y Acceso a la Información en México elaborado por las organizaciones Artículo 19 y FUNDAR.
Pese a ello las modificaciones no se han concretado. Hasta el momento sólo el PRI ha propuesto una iniciativa de ley.
¿Qué le falta a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública?
El Centro de Estudios Espinosa Yglesias CEEY evaluó la última reforma a la Ley de Transparencia del Estado de Puebla, avalada el 17 de julio de 2008, la cual se concretó porque así lo ordenó el artículo 6 constitucional y no por iniciativa de los gobiernos o el Congreso local.
En el estudio, los expertos reprobaron las modificaciones a la ley ya que la calificaron con 4.2, de una escala del 0 a 10.
En tanto, el secretario del Capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, A.C. (AMEDI), Roberto Alonso, sugirió una serie de parámetros que podrían tomarse en cuenta en el Congreso local para integrar un proyecto de ley.
Las deficiencias y lo que falta, según el CEEY y la AMEDI
La ley se actualizó por mandato constitucional pero no se aprovechó la oportunidad para impulsar una reforma de vanguardia.
La Comisión de Acceso a la Información Pública -CAIP- (órgano que se encarga de garantizar el acceso a la información pública) sólo regula al Ejecutivo pero no a los tres Poderes del Estado, a los organismos autónomos, o a los 217 municipios.
La CAIP no tiene acceso a la información clasificada. Esto permitiría a la Comisión determinar si está justificada la reserva de información, ya que los sujetos obligados utilizan este término para no dar a conocer los datos solicitados.
La Comisión no tiene facultades de sanción.
El Congreso local elige a los miembros de la Comisión.
La ley no cataloga a los partidos políticos, sindicatos, ni organismos autónomos que funcionan con recursos públicos como sujetos obligados.
No especifica qué datos se deben publicar en los portales de Internet de las autoridades.
No contempla la figura de Prueba de Daño (justificación de que información reservada causaría una lesión al interés público) para ni la Prueba de Interés Público (la Comisión determinaría si la información clasificada como reservada es pública).
No se emplea la Afirmativa o Negativa Ficta (si trascurre plazo de contestación y no hay una respuesta se interpretará la petición en sentido positivo o negativo, excepto la información reservada).
La Ley no cuenta con un capitulo específico de sanciones que especifique montos de penas, procedimientos para sancionar a servidores públicos que nieguen información, ni las sanciones administrativas.
Ampliar atribuciones de la CAIP, sanciones contra sujetos obligados y la inclusión de nuevas figuras jurídicas; dentro de la nueva Ley de Transparencia.
Si bien, la legislación en la materia era una de las prioridades para el Congreso y el Ejecutivo, la discusión del tema se pospuso para el Tercer Periodo Ordinario de sesiones que inicia en octubre.
La presidenta de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Congreso local, Josefina Buxadé Castelán, confió que el proyecto obtenga el aval de sus homólogos a fin de que Puebla tenga una de las 5 mejores leyes en el país, ya que en las mesas de trabajo se tomaron en cuenta las propuestas de la organizaciones Actívate por Puebla, el CEEY, la AMEDI y la propia CAIP.
Para diseñar el proyecto, se está tomando en cuenta la opinión de la administración morenovallista, así como propuestas del PRI, quien ya presentó su iniciativa de ley.
Entre los puntos que se incluirán en la ley es que se considera a la CAIP constitucionalmente autónoma, como se publicó el 8 de octubre del año pasado en el Periódico Oficial, además tendrá injerencia en los 217 municipios, los 3 Poderes del Estado y organismos autónomos.
En la parte presupuestal, la partida de la Comisión podría aumentar debido a que las atribuciones y la carga de trabajo serán mayores, de aprobarse, ya se contemplaría el incremento de recursos en la Ley de Egresos 2012.
Para su operación durante este año la CAIP recibió 12 millones 57 mil 493 pesos.
En las reformas, los partidos políticos también serán sujetos obligados.
Se implementará la figura de Prueba de Daño, Prueba de Interés Público y la Negativa Ficta (cuando una autoridad no responde dentro del plazo establecido, se determina que se ha negado a informar).
Buxadé Castelán indicó que la Afirmativa Ficta fue considerada en leyes de otros estados, incluso en la del D.F. –ley mejor calificada-; no obstante podría resultar contraproducente, por ello determinaron que no se incluiría en la ley poblana.
A pesar de que en los anteriores hay coincidencias, aún está en análisis el capítulo de sanciones, ya que algunas voces señalan que se deben incluir las modificaciones en la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, pero hay quienes dicen que la responsabilidad debe caer en la Comisión o la Contraloría estatal, por ello no se ha logrado el consenso.
En cuanto a la protección de datos personales, Buxadé consideró que se debe crear una ley adicional, aunque algunos otros opinan que converge con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
En el Congreso –dijo- la Transparencia sigue siendo uno de los temas prioritarios, por ello la conformación de la ley no se abordó en el primero, ni en el segundo periodo de sesiones.
